(Nueva York) - Diez años después que el presidente de Eritrea, Isaías Afewerki, ordenó la detención de 21 altos funcionarios gubernamentales y periodistas que lo criticaron, el nuevo gobierno debe liberar a los detenidos o revelar su paradero, Human Rights Watch señaló en un documento informativo publicado el día de hoy. Eritrea también debe permitir a los observadores internacionales acceso a sus cárceles, dijo Human Rights Watch.
Isaías se encuentra de visita en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas en un intento por rehabilitar la imagen de su país, incluso a pesar de que su gobierno se encuentra bajo sanciones de la ONU por su papel en brindar apoyo al grupo insurgente somalí al-Shabaab.
En los últimos 10 años, Isaías ha cerrado todos los medios de comunicación independientes y convirtió a Eritrea en un país donde la detención arbitraria, la tortura, la desaparición y la muerte son moneda corriente y donde es casi imposible escapar. El documento titulado “Eritrea: 10 Long Years, A Briefing on Eritrea’s Missing Political Prisoners” (“Eritrea: 10 largos años, un informe sobre los presos políticos desaparecidos de Eritrea”), describe lo que se sabe sobre los presos políticos, ninguno de los cuales ha sido visto desde su detención en septiembre de 2001.
"Eritrea es en realidad una prisión gigante, y la presión internacional debe continuar hasta que el presidente de Isaías libere a los presos políticos y restablezca el imperio de la ley", dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. "Para empezar, el presidente Isaías debe terminar con la crueldad de esta prolongada y secreta detención, y permitir que los familiares y observadores internacionales puedan ver a los prisioneros".
A mediados de septiembre de 2001, Isaías ordenó la detención de 11 altos funcionarios del gobierno que habían escrito cartas abiertas criticando su gobierno. También arrestó a 10 periodistas que habían publicado las cartas y otra información que criticaba al mandatario y sus políticas; también cerró todos los periódicos independientes.
Nadie, fuera del sistema penal, ha vuelto a ver a los 20 hombres y una mujer, ni siquiera sus familiares, abogados o grupos observadores de prisiones. Nunca se les ha concedido una audiencia, y los 21 fueron encarcelados en centros secretos de detención en confinamiento solitario. De acuerdo a ex guardias cuyas declaraciones Human Rights Watch no ha podido confirmar, 10 de los 21 ya fallecieron en la cárcel y los 11 restantes están física o mentalmente incapacitados o muy débiles.
Los 21 detenidos son las víctimas más prominentes de Isaías y su rechazo al respeto de los derechos fundamentales, pero durante la última década cientos de miles de personas más en este país de 5 millones de habitantes han sido victimizadas. El documento informativo relata que miles de eritreos están encarcelados bajo sospechas de no apoyar completamente al régimen, o por tratar de desertar el servicio nacional de Eritrea, mismo que es obligatorio y de duración indefinida. Asimismo, los detenidos no cuentan con acceso a un tribunal ni los medios para apelar a algún organismo imparcial. Otros miles de eritreos están encarcelados por ser miembros de grupos religiosos que el Gobierno de Eritrea se niega a reconocer como legítimos: los Testigos de Jehová, las iglesias cristianas evangélicas y las alas reformistas de la Iglesia ortodoxa de Eritrea.
Desde 2002, los hombres y las mujeres de Eritrea, que cuentan entre 18 y 60 años de edad, han sido incorporados al servicio nacional que se extiende de manera indefinida. Muchos reclutas son utilizados en trabajos forzados para empresas comerciales partidarias del gobierno o en negocios propiedad de altos mandos militares. Las mujeres reclutas denuncian abusos sexuales frecuentes a manos de los comandantes militares. La remuneración es mínima e insuficiente para mantener a una familia.
Un informe de Human Rights Watch publicado en 2009, ““Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea” (“Servicio de por vida: La represión estatal y el servicio militar obligatorio por tiempo indefinido en Eritrea”), describe cómo los prisioneros políticos y religiosos, así como miembros del servicio militar, son torturados por oponerse a las condiciones del servicio militar o por tratar de huir de este prolongado servicio. Aparte de palizas, los métodos de tortura incluyen simulacros de ahogamiento, encadenamiento en posturas dolorosas, ataduras a neumáticos que se ponen a rodar y colgamiento en árboles. Las condiciones de confinamiento equivalen a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchos de los prisioneros son detenidos bajo tierra durante meses o años. A otros se les mantiene en contenedores de transporte donde las temperaturas son extremadamente altas durante el día y considerablemente bajas durante la noche. La asistencia médica para los presos es nula o inexistente. Las muertes en cautiverio ocurren de manera frecuente.
Según la agencia de refugiados de la ONU, unos 3,000 eritreos huyen del país cada mes. Las autoridades consideran como traición a la patria abandonar el servicio nacional o huir del país sin autorización.
Isaías se encuentra en Nueva York para oponerse a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre él y su gobierno, debido a la presunta violación de Eritrea de un embargo de armas a Somalia y la invasión por Eritrea del territorio de Djibouti en 2008. Isaías se queja de que el Consejo no ha dado a Eritrea la oportunidad de refutar las pruebas presentadas contra él y de recibir un juicio justo. Las personas de Eritrea no han gozado de estos derechos en los últimos 10 años.
"En lugar tratar de persuadir a la ONU, el presidente Isaías debería permitir a la gente hablar libremente, practicar las creencias religiosas de su preferencia, y salir de Eritrea si así lo desean", dijo Bekele. "Los eritreos seguirán enfrentándose a un servicio nacional prolongado e indefinido y a la represión y la tortura a menos que el presidente Isaías cambia sus políticas abusivas".
Human Rights Watch dijo que otras naciones no deben enviar a los eritreos que han escapado de vuelta a Eritrea, ya que estarían en riesgo por el simple hecho de haber abandonado el país.
