(Bruselas) – Frontex, la agencia de vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), está exponiendo a los migrantes a condiciones inhumanas y degradantes, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los migrantes capturados a lo largo de la frontera terrestre greco-turca son enviados a centros en Grecia con un número de detenidos muy por encima de su capacidad, dijo Human Rights Watch.
Está previsto que los ministros de Justicia e Interior de la UE aprueben cambios a las normas que rigen el funcionamiento de Frontex en una reunión de dos días que comenzará el 22 de septiembre de 2011, pero los cambios no tienen suficiente alcance para remediar la situación, afirmó Human Rights Watch.
El informe de 62 páginas, “The EU’s Dirty Hands: Frontex Involvement in Ill-Treatment of Migrant Detainees in Greece” (“Las manos sucias de la UE: La implicación de Frontex en el maltrato a migrantes detenidos en Grecia”), examina el papel y la responsabilidad de Frontex en la exposición de los migrantes a condiciones de detención inhumanas y degradantes durante cuatro meses a partir de finales de 2010, cuando los equipos de intervención rápida en las fronteras (RABIT) estaban capturando a migrantes y enviándolos a comisarías de policía y centros de detención de migrantes en la región griega de Evros. La movilización de los RABIT se ha sustituido por una presencia permanente de Frontex.
“Frontex se ha aliado en exponer a los migrantes a un trato que sabe está totalmente prohibido por el derecho en materia de derechos humanos”, señaló Bill Frelick, director del Programa de Refugiados de Human Rights Watch. “Para poner fin a su complicidad en el trato inhumano, la UE tiene que reforzar las normas de funcionamiento de Frontex y asegurarse de que esta agencia rinda cuentas si incumple las normas en Grecia o cualquier otro lugar”.
En noviembre de 2010, Frontex, la agencia de la UE para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores, empezó a dotar a Grecia de personal y apoyo material para patrullar su frontera con Turquía, a lo largo del río Evros. Frontex asignó 175 guardias fronterizos a su primera movilización del RABIT a partir de un grupo de guardias provenientes de los países europeos participantes. Frontex denomina “agentes invitados” a los guardias fronterizos.
El informe se basa en entrevistas con 65 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Grecia en noviembre y diciembre de 2010, y en febrero de 2011, así como con funcionarios de Frontex y la policía griega. En diciembre de 2010, durante el despliegue de los RABIT, Human Rights Watch visitó centros de detención en la región de Evros y constató que las autoridades griegas estaban reteniendo durante semanas o meses a los migrantes, entre ellos miembros de grupos vulnerables como niños no acompañados, en condiciones que constituían un trato inhumano o degradante.
Por ejemplo, la comisaría de policía de Feres albergaba a 97 detenidos cuando Human Rights Watch la visitó, a pesar de que la policía dijo que tenía capacidad para 30 personas. Una mujer georgiana de 50 años detenida en esta comisaría dijo: “No se pueden imaginar lo sucio y lo difícil que es para mí estar aquí... No es apropiado que esté con estos hombres. No duermo por la noche. Me quedo sentada sobre un colchón”.
En el centro de detención de migrantes de Fylakio, Human Rights Watch encontró a niños no acompañados mezclados y hacinados en celdas con adultos sin relación con ellos. Las aguas del drenaje corrían por los suelos y era difícil soportar el olor. Los guardias griegos llevaban mascarillas cuando entraban al pasillo entre las celdas con grandes barrotes.
“Aunque el principal objetivo de este informe es examinar la responsabilidad de Frontex de no ser cómplice en violaciones de los derechos humanos, esto no significa que las autoridades griegas estén exentas de responsabilidad”, señaló Frelick. “El Gobierno griego debe adoptar medidas inmediatas para mejorar las condiciones de detención y llevar a cabo las reformas prometidas al sistema de asilo”.
Durante el despliegue de los RABIT, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y un tribunal del Consejo de Europa, cuyas decisiones también son vinculantes para los Estados de la UE, dictaron una sentencia en el caso M.S.S. contra Bélgica y Grecia, que determinó que las condiciones en los centros griegos de detención de migrantes eran inhumanas y degradantes. El tribunal afirmó que Bélgica había violado sus obligaciones en materia de derechos humanos al exponer a un solicitante de asilo afgano a este tipo de trato cuando lo trasladó de regreso a Grecia.
“Es una contradicción inquietante que, al mismo tiempo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina categóricamente que el envío de migrantes a centros de detención en Grecia viola sus derechos fundamentales, Frontex, un organismo ejecutivo de la UE, y los guardias fronterizos de países de la UE los envíen deliberadamente a dichos centros”, dijo Frelick.
Las actividades de Frontex en Grecia incumplen las normas estipuladas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, obligatorias para Frontex, señaló Human Rights Watch. Dado que la obligación de no exponer a las personas a un trato inhumano y degradante es absoluta, la UE tiene la responsabilidad de colaborar con Grecia para rectificar las condiciones de detención antes de poder cooperar en actividades intrínsecamente ligadas a la detención de migrantes.
Frontex debe condicionar inmediatamente su participación en las operaciones de vigilancia de fronteras en Grecia a la reclusión de los migrantes detenidos en centros con condiciones decentes, dijo Human Rights Watch. Esto puedo lograrse transfiriendo a los migrantes a otras zonas de Grecia donde los criterios de detención cumplan los requisitos de derechos humanos o disponiendo plazas para los detenidos en otros lugares de la UE en los que las condiciones cumplan las normas internacionales y de la UE.
Las modificaciones del reglamento de Frontex, cuya adopción está prevista para esta semana, reconocen la necesidad de mejorar el examen de sus operaciones en términos de derechos humanos. Crean un puesto de un funcionario encargado de los derechos fundamentales dentro de Frontex y un órgano consultivo sobre derechos humanos con representantes de la sociedad civil.
Estas medidas son un primer paso, pero son insuficientes porque no disponen un mecanismo para exigir cuentas a Frontex cuando sus operaciones vulneren los derechos humanos y la legislación de la UE, señaló Human Rights Watch. Al funcionario encargado de los derechos fundamentales se le debe otorgar la facultad para remitir los casos de incumplimiento a la Comisión Europea para su investigación y la correspondiente aplicación de la ley.
“A medida que van surgiendo nuevas crisis migratorias en la cuenca mediterránea y se van expandiendo las responsabilidades de Frontex, existe una necesidad urgente de cambiar la prioridad de la política sobre asilo y refugio de la UE de la vigilancia a la protección”, dijo Frelick. “No se trata de un requisito legal, pero la UE, sus organismos y los Estados miembros pueden y deben respetar y cumplir las propias normas de la UE”.
