(Ciudad del Cabo) – A los trabajadores de Provincia Occidental del Cabo, que ayudan a producir los reconocidos vinos y frutas de Sudáfrica, se les niega una vivienda digna, el equipo de seguridad adecuado y los derechos laborales básicos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Gobierno de Sudáfrica, junto con las industrias que emplean a estos trabajadores, deben tomar medidas inmediatas para mejorar sus condiciones de trabajo y vivienda, dijo Human Rights Watch.

El informe de 96 páginas, "Ripe with Abuse: Human Rights Conditions in South Africa’s Fruit and Wine Industries” (Maduro con abusos: Condiciones de derechos humanos en las industrias de la fruta y el vino en Sudáfrica”, documenta condiciones de vivienda no adecuadas, la exposición a pesticidas sin el equipo de seguridad apropiado, la falta de acceso a baños o agua potable durante la jornada laboral, y los esfuerzos para impedir a los trabajadores formar sindicatos. Mientras que las industrias de la fruta y el vino de la Provincia Occidental contribuyen miles de millones de rands a la economía del país, brindan apoyo al turismo y los consumidores de todo el mundo gozan de estos productos, sus trabajadores agrícolas ganan los salarios más bajos de Sudáfrica. El informe también describe inseguridades en los derechos de tenencia y las amenazas de desalojo contra los residentes más antiguos en las granjas.

"La riqueza y el bienestar que estos trabajadores producen no deben fundamentarse en la miseria humana", dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. "El Gobierno y las industrias, así como los propios agricultores, tienen que hacer mucho más para proteger a las personas que viven y trabajan en las granjas".

El informe se basa en más de 260 entrevistas con trabajadores agrícolas, dueños de granjas, miembros de la sociedad civil, representantes de la industria, funcionarios gubernamentales, abogados, dirigentes sindicales y expertos académicos.

Sudáfrica tiene leyes que garantizan salarios, beneficios, condiciones de trabajo y de vivienda seguras para los trabajadores y habitantes del campo. Sin embargo, los trabajadores no se benefician de las protecciones laborales y de vivienda que la ley establece, en gran parte porque el Gobierno no ha logrado supervisar las condiciones y hacer cumplir las leyes, dijo Human Rights Watch.

Human Rights Watch encontró que la vivienda de algunos trabajadores es inhabitable. Un trabajador agrícola mostró a Human Rights Watch su hogar, donde se solían guardar cerdos, el cual no contaba con electricidad, agua o protección adecuada contra el medio ambiente. Él, su esposa e hijos han vivido en este lugar durante 10 años. "Me hace muy infeliz", dijo su esposa, "porque no puedo garantizar [la] seguridad de [mis] hijos y no puedo mantenerlos".

Muchos trabajadores agrícolas viven en granjas como parte de su acuerdo de empleo; también viven con ellos sus familiares y ex trabajadores, incluyendo algunos que ya no pueden trabajar por su avanzada edad o porque están lesionados. Los derechos a la tenencia de la tierra de estos habitantes están protegidos por la Ley para la Extensión de la Seguridad de la Tenencia de la Tierra, promulgada en 1997. Sin embargo, según estimaciones de la sociedad civil, más de 930,000 personas fueron desalojadas de las granjas de Sudáfrica entre 1994 y 2004. El Gobierno no mantiene estadísticas sobre el número de desalojos, pero las personas entrevistadas describieron un ritmo constante de desalojos, especialmente cuando los trabajadores ya no están en condiciones de trabajar. A los trabajadores desalojados que hablaron con Human Rights Watch no se les había ofrecido un alojamiento alternativo adecuado o una indemnización suficiente para encontrar una nueva vivienda.

Los agricultores a veces recurren a tácticas ilegales para lograr que los habitantes de las granjas se marchen, como cortes en los servicios de electricidad o agua. En un caso, los administradores de una granja cortaron la electricidad por más de un año a una familia con dos hijos. Los guardias de seguridad en la granja hostigaron a las familias con perros a altas horas de la noche.

A pesar de que es un crimen que los propietarios desalojen a los ocupantes de la tierra sin seguir los procedimientos requeridos, las autoridades rara vez inician procesos penales. Y aun cuando los agricultores siguen los procedimientos legales, los habitantes del campo desalojados a menudo no tienen donde ir. Los gobiernos municipales por lo general no están preparados para ayudarles, y algunos terminan viviendo en las calles.

Las condiciones de salud y seguridad en muchas granjas ponen en peligro a los trabajadores, Human Rights Watch concluyó. La mayoría de los trabajadores y ex trabajadores del campo entrevistados acerca de estas condiciones dijo haber estado expuesto a pesticidas sin el equipo de seguridad adecuado. Además, muchos empleadores ponen en peligro la salud de los trabajadores al no proporcionar acceso a agua potable, instalaciones para lavarse las manos o baños, a pesar de que las normas laborales así lo exigen. Cuando los trabajadores agrícolas se enferman o se lesionan, como es bastante común en esta línea de trabajo peligroso, casi siempre se les niega la licencia por enfermedad como lo requiere la ley, a menos que presenten un certificado médico.

"Dado lo que sabemos sobre los efectos del uso de plaguicidas, es inconcebible que algunos de estos trabajadores no cuenten con el equipos de seguridad adecuado, incluso después de que lo solicitan", dijo Bekele.

Los trabajadores agrícolas son algunos de los trabajadores más mal organizados en el país. Según estimados, la afiliación sindical en la Provincia Occidental del Cabo agrícolas es de apenas el 3 por ciento, en comparación con el 30 por ciento para el sector formal del país en su conjunto. Human Rights Watch descubrió que algunos agricultores tratan de evitar que los trabajadores formen sindicatos, a pesar de que el derecho a organizarse está protegido por la Constitución de Sudáfrica y el derecho internacional.

Los problemas que los trabajadores y habitantes del campo enfrentan no son desconocidos para el Gobierno de Sudáfrica y los agricultores o los comerciantes que compran sus productos. De hecho, en 2003, y de nuevo en 2008, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica documentó abusos similares. Sin embargo, el Gobierno y la industria no han tomado las medidas necesarias para asegurar que las condiciones en general en las granjas cumplan con los estándares básicos requeridos por la ley sudafricana.

En marzo de 2011, cuando Human Rights Watch llevó a cabo su investigación, la Provincia Occidental del Cabo contaba con 107 inspectores de trabajo, responsables de inspeccionar más de 6,000 granjas y otros lugares de trabajo. Por otra parte, un acuerdo entre el Departamento de Trabajo, Agri Sudáfrica- la principal asociación de agricultores - y otras agencias que requieren ofrecer a los agricultores notificación previa a las inspecciones, menoscaban la capacidad de los inspectores para identificar violaciones, dijo Human Rights Watch.

Las condiciones en las granjas varían, y no todos los trabajadores agrícolas con los que Human Rights Watch habló han encontrado violaciones a los derechos. En un pequeño número de casos, los trabajadores agrícolas y los propietarios de fincas describieron un pleno cumplimiento con la ley, así como una variedad de prácticas positivas por parte de los empleadores que iban más allá de los requisitos legalmente necesarios. Algunos agricultores dan a los trabajadores terrenos para su propia cosecha, pagan el costo total de las visitas médicas, ofrecen comida gratuita a los trabajadores en el invierno, o han establecido fideicomisos que benefician a los trabajadores agrícolas. Los agricultores que proporcionan estos beneficios a los trabajadores agrícolas enfatizaron que estos esfuerzos pueden ser rentables.

Las frutas y el vino de Sudáfrica se venden internamente y se exportan al extranjero. El Reino Unido y los Países Bajos son los principales destinos para la fruta de la Provincia Occidental del Cabo, y el Reino Unido y Alemania son los mayores importadores de vino de Sudáfrica. Canadá, Estados Unidos y otras naciones europeas también son mercados importantes para el vino de Sudáfrica. En aproximadamente la mitad de las fincas, cuyas condiciones Human Rights Watch estudió, ya sea los agricultores o los trabajadores dijeron que los productos fueron producidos para el mercado de exportación. El informe no siguió la cadena de suministro de los productos y no identifica a las granjas para reducir el riesgo de represalias contra los trabajadores.

Organismos de la industria, las asociaciones de agricultores, y las iniciativas éticas de comercio deben asegurarse de que se respeten los derechos de los trabajadores, señaló Human Rights Watch. Deben trabajar con el Gobierno de Sudáfrica para garantizar que los trabajadores que ayudan a producir frutas y vino reciban vivienda, prestaciones y protecciones de salud adecuadas.

"La respuesta no es boicotear los productos sudafricanos, ya que esto podría ser desastroso para los trabajadores agrícolas", dijo Bekele. "Pero estamos pidiendo a los minoristas presionar a sus proveedores para asegurarse de que existan condiciones dignas en las granjas donde se producen los productos que compran y venden a sus clientes".