(Washington, DC) - La decisión del gobierno de Obama de suspender los procedimientos de deportación de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales y de aquellos que no representen una amenaza pública ni a la seguridad nacional es un paso importante hacia un enfoque más justo en la aplicación de la política migratoria de Estados Unidos, Human Rights Watch señaló hoy.
"Al excluir los casos de baja prioridad, el presidente Obama agrega cierta racionalidad a una política migratoria de aplicación defectuosa", dijo Antonio Ginatta, director de Incidencia Política para Estados Unidos de Human Rights Watch. "Considerar los vínculos de una persona y sus contribuciones a Estados Unidos antes de tomar una decisión final en un caso de deportación es actuar con sentido común".
En una teleconferencia el 18 de agosto de 2011, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció un plan para analizar de manera individual los cerca de 300 mil procesos de deportación pendientes, con el objetivo de “purgar” los casos de baja prioridad. Los casos que serán analizados bajo esta anunciada revisión serán cerrados administrativamente, y se suspenderá la deportación. El inmigrante tendrá entonces la oportunidad de solicitar una autorización de trabajo temporal.
Los casos de poca prioridad incluirán a inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Las revisiones individuales también considerarán los lazos del inmigrante en su comunidad, sus relaciones familiares y su historial militar. Asimismo, funcionarios gubernamentales afirmaron que se considerarán como vínculos familiares las relaciones entre personas de mismo sexo.
Aquellos que se beneficien de este cambio de política no legalizarán su estado migratorio, debido a que cualquier ajuste en su situación requiere una acción por parte del Congreso.
Human Rights Watch llamó a poner fin a un enfoque en el que, desde hace varios años, todos los casos de deportación “se cortan con la misma tijera”. Antes de este cambio de política, cualquier menor que haya sido traído a Estados Unidos siendo apenas un infante no tenía prácticamente forma alguna de presentar una defensa en un proceso de deportación.
Esta nueva política estadounidense es más similar a la países que consideran los vínculos positivos de una persona con su país de residencia en la resolución de los casos de deportación. La investigación de Human Rights Watch ha comprobado que las leyes y prácticas de 61 países de todo el mundo ofrecen a los no ciudadanos la oportunidad de presentar, en un caso de deportación, sus preocupaciones sobre unidad familiar, proporcionalidad, lazos con un determinado país y otras consideraciones de derechos humanos con el objetivo de revertir la orden de expulsión.
Uno de los defectos de los cambios anunciados es la falta de claridad acerca de si cualquier condena penal impediría a un inmigrante la cancelación de su deportación, dijo Human Rights Watch. En la actualidad, muchos inmigrantes en proceso de deportación han sido condenados por delitos de tráfico menores o violaciones migratorias como "entrada ilegal" al país. Para determinar qué constituye un caso de baja prioridad, el DHS debe diferenciar entre delitos menores, no violentos y los delitos más graves. Asimismo, el DHS debe incluir en los casos de baja prioridad los relativos a residentes permanentes legales que hayan cometido un crimen en el pasado distante.
"El gobierno de Obama ha tomado un paso importante al poner de nuevo la reforma migratoria en la agenda nacional ", dijo Ginatta. "El Congreso debe aprovechar esta etapa y participar con responsabilidad en este asunto cuando regrese de su receso de labores".
