Groups of miners in the diamond fields in Marange in 2006. When the scramble peaked in October 2008, more than 35,000 people, including children and women, were either mining or buying diamonds in Marange.

© 2006 Associated Press

(Washington, DC) - La decisión del 23 de junio de 2011 de permitir las exportaciones de los campos de diamantes de Marange en Zimbabue va en contra de la esencia y el propósito del Proceso Kimberley (PK), señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos y las empresas deberían repudiar la decisión y rechazar los diamantes de Zimbabue hasta que los participantes en el Proceso Kimberley puedan tomar una decisión clara sobre la exportación de estos diamantes.

Mathieu Yamba, presidente de la junta del Proceso Kimberley, tomó la decisión de manera unilateral. Ésta permite la exportación de diamantes sin ningún tipo de seguimiento ni supervisión respecto a abusos contra los derechos humanos o la existencia de pruebas de que Zimbabue está cumpliendo con las normas del PK.

"Los mineros, minoristas y consumidores se han basado en el Proceso Kimberley para impedir la venta de los diamantes de sangre, pero con la decisión del presidente Yamba, el PK ha traicionado su confianza", dijo Arvind Ganesan, director de Negocios y Derechos Humanos de Human Rights Watch. "Los gobiernos y las empresas deberían ignorar su decisión a menos que quieran que los diamantes de sangre estén a la disponibilidad de los consumidores y, por consiguiente, arruinar también la credibilidad del Proceso Kimberley".

Las exportaciones de diamantes de Marange fueron suspendidas en junio de 2009 debido a los abusos que cometían la policía y los militares en los campos de minas. Entre los abusos que incumplían las normas del Proceso Kimberley se encontraban asesinatos, palizas, trabajos forzosos y el desenfrenado contrabando de diamantes. En noviembre de 2009, el Gobierno de Zimbabue y el PK acordaron un plan de trabajo conjunto, según el que Zimbabue prometió retirar gradualmente las fuerzas armadas de los yacimientos de diamantes y permitir que un supervisor examinara todos los envíos de diamantes de Marange y certificara el cumplimiento con las normas del PK.

Sin embargo, Zimbabue no intervino para limitar los abusos y no cumplió con las disposiciones del PK. El Proceso Kimberley llevaba estancado durante casi un año porque algunos gobiernos miembros querían permitirle a Zimbabue exportar diamantes de Marange de todos modos. Yamba pasó unilateralmente por alto los requisitos previos de que Zimbabue debía ser supervisado por cuestiones de derechos humanos y autorizó las exportaciones de diamantes de Marange sin ningún tipo de mecanismo de vigilancia para prevenir abusos.

Grupos de la sociedad civil abandonaron indignados la reunión del Proceso Kimberley, que concluyó el 23 de junio en Kinshasa, y condenaron la decisión. Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y Canadá también criticaron la decisión porque no había seguido los procedimientos de aprobación por consenso del PK. Estados Unidos instó a continuar con la suspensión de los diamantes de Marange hasta que se resuelva el problema. Asociaciones de la industria tales como el Consejo Mundial del Diamante también instaron a sus miembros a que evitaran los diamantes de Marange hasta que el PK pudiera llegar a una decisión de consenso.

La disputa puso de relieve el fracaso del proceso de toma de decisiones basado en el consenso para abordar el incumplimiento del gobierno, dijo Human Rights Watch. Los miembros no han sido capaces de llegar a un consenso para revisar las reglas del PK para prohibir explícitamente la venta de diamantes por gobiernos que cometieron abusos para obtenerlos.

Bajo las reglas, un diamante de conflicto se define estrictamente como aquel que es vendido por un grupo rebelde para financiar su guerra contra el gobierno establecido. Esta definición deja un vacío importante, ya que no impide que un gobierno como el de Zimbabue cometa abusos al extraer diamantes de las minas y venderlos. El PK implementó un proceso de supervisión para Zimbabue, pero el presidente se apartó de ese proceso en su fallo más reciente.

Human Rights Watch instó a los gobiernos miembros del PK a que suspendan las ventas de diamantes de Marange hasta que se resuelva la disputa, pidió a los minoristas que rechacen explícitamente los diamantes de Marange y alentó a los consumidores a que pregunten a los minoristas si venden diamantes de Marange en sus tiendas.

"El Proceso Kimberley necesitaba desesperadamente una reforma para prohibir la venta de todos los diamantes de sangre, no sólo de algunos", dijo Ganesan. "Pero el presidente decidió que las ganancias eran más importantes que los derechos y, de esta manera, podría haber arruinado el propio PK. A los consumidores no les va a importar si se trata de sangre derramada por los gobiernos o los rebeldes, ya que de cualquier manera, los diamantes ya estarán manchados", añadió.