(Daca) – El Gobierno bangladeshí no está cumpliendo su compromiso de poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros abusos cometidos por el Batallón de Acción Rápida (RAB, por sus siglas en inglés) y exigir cuentas a los responsables, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy.
El informe de 53 páginas, “Crossfire: Continued Human Rights Abuses by Bangladesh’s Rapid Action Battalion” (“Fuego cruzado: Abusos continuados contra los derechos humanos por parte del Batallón de Acción Rápida de Bangladesh”), documenta los abusos cometidos por el RAB en el interior y los alrededores de Daca, la capital del país actualmente bajo el gobierno de la Liga Awami. Desde el 6 de enero de 2009, cuando el nuevo gobierno asumió el poder, cerca de 200 personas han sido asesinadas en operaciones del RAB. Cuando estaba en la oposición, la Liga Awami prometió poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, pero desde que asumió el poder los altos funcionarios del Gobierno han negado que el RAB cometa abusos y algunos hasta los han justificado.
“Después de dos años en el poder, el Gobierno ha tenido tiempo de sobra para tomar medidas encaminadas a detener las prácticas asesinas del RAB”, señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Un escuadrón de la muerte está recorriendo las calles de Bangladesh y el Gobierno no parece estar haciendo nada para detenerlo. El primer ministro Sheikh Hasina tiene que actuar”, agregó.
El informe se basa otro de Human Rights Watch publicado en 2006, “Judge, Jury, and Executioner: Torture and Extrajudicial Killings by Bangladesh’s Elite Security Force” (“Juez, jurado y verdugo: Tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad de elite de Bangladesh”). Está basado en más de 80 entrevistas con víctimas, testigos, defensores de los derechos humanos, periodistas, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, abogados y jueces.
Aunque el Gobierno se ha comprometido muchas veces a poner fin a las matanzas y castigar a los responsables, no se ha enjuiciado a ningún agente u oficial del RAB por muertes durante el “fuego cruzado” u otras violaciones de los derechos humanos. El “fuego cruzado” es la justificación general que se utiliza para la mayoría de las muertes provocadas por la unidad.
El Gobierno debe adoptar importantes medidas para exigir cuentas al RAB y reformarlo en los próximos seis meses o disolver este batallón, señaló Human Rights Watch. Los donantes, tales como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, deben retirar inmediatamente toda su asistencia y cooperación hasta que se hayan producido mejoras drásticas.
El RAB se formó en marzo de 2004 como una fuerza combinada compuesta por miembros de las fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de Bangladesh. Los miembros son asignados a la unidad por la organización a la que pertenecen, y regresan a esta después de un período de servicio. El RAB depende del Ministerio de Asuntos Interiores y está bajo el mando de un oficial con un cargo superior o igual al de subinspector general de la policía o su equivalente dentro del rango militar. La unidad se considera una fuerza antiterrorista de élite y, de hecho, su objetivo, además de presuntos delincuentes, han sido personas sospechosas de pertenecer a grupos de militantes islamistas o de izquierda.
En sus comunicados de prensa, con frecuencia estandarizados, la unidad afirma que los criminales fueron abatidos por disparos durante un “fuego cruzado” después que ellos o su cómplices abrieran fuego contra el RAB. Sin embargo, las investigaciones de Human Rights Watch y organizaciones de derechos humanos bangladeshíes han constatado que muchas víctimas fueron ejecutadas cuando estaban bajo la custodia de la unidad. Los cuerpos de los asesinados mostraban con frecuencia señales de tortura. Muchas de las personas que sobrevivieron períodos bajo la custodia de la unidad han afirmado que fueron torturados.
En un caso reciente, el 3 de marzo, agentes del RAB con vestimenta civil se llevaron a Rasal Ahmed Bhutto cuando estaba atendiendo el comercio de un amigo en Daca. El cuñado de Bhutto, Gulam Mustafa, dijo a Human Rights Watch que uno de sus familiares en el Ejército pudo ponerse en contacto con compañeros del RAB y hacerles prometer que Bhutto no moriría en un “fuego cruzado”. Sin embargo, según Gulam Mustafa, el 10 de marzo, trasladaron a Bhutto en un vehículo de la unidad a la zona donde vivía, donde lo mataron a tiros. El RAB convocó a la prensa para mostrar el cuerpo de un presunto criminal muerto en un fuego cruzado.
“Lo trajeron y lo asesinaron a sangre fría”, dijo Mustafa a Human Rights Watch.
Algunos miembros de la Liga Awami fueron víctimas del RAB cuando se encontraban en la oposición, y los altos funcionarios del partido alegaban que cometía asesinatos por motivos políticos. No obstante, bajo el gobierno de la Liga Awami, la unidad sigue gozando de la misma impunidad que tenía cuando se creó.
Haciéndose eco de las declaraciones de sus predecesores en el gobierno del Partido Nacionalista de Bangladesh, el ministro del Interior y otros representantes del Gobierno niegan cualquier mala conducta de la unidad y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Por el contrario, se aferran a la ficción de que las autoridades actuaron en defensa propia al disparar y asesinar a estas personas.
Por ejemplo, en marzo de 2009, el ministro de Justicia Shafique Ahmed dijo a Human Rights Watch que el Gobierno no tenía intención de investigar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado por las fuerzas de seguridad, a pesar de que los responsables seguían en las filas de la unidad y probablemente continuarían con sus métodos ilegales. Ahmed dijo que, aunque no condonaba las muertes por “fuego cruzado”, se debía recordar que el RAB sólo habían matado a “criminales”. En mayo de 2010, a pesar de numerosos informes de grupos de derechos humanos, el ministro dijo: “No se están produciendo más incidentes de fuego cruzado en el país”.
La ministra del Interior Sahara Khatun, cuyo ministerio supervisa a la unidad, dijo, en enero de 2011, en respuesta a las alegaciones del aumento de las ejecuciones extrajudiciales: “Mucha gente está hablando y seguirá hablando de esto. Pero como ministra del Interior, digo que la tarea de los encargados de hacer cumplir la ley es llevar a los criminales ante la justicia”. Cuando Human Rights Watch le preguntó acerca de la continuación de las ejecuciones extrajudiciales, dijo: “¿Qué quiere que hagan los encargados de hacer cumplir la ley cuando los criminales abren fuego contra ellos? ¿salvarse o dejarse matar?”
El ministro de Puertos y Transporte de Mercancías, Shajahan Khan, ha dicho que las muertes por fuego cruzado no son violaciones de los derechos humanos, y que dichas muertes han ayudado a controlar la extorsión y otros crímenes. Es decepcionante que el Gobierno no haya rechazado ninguno de estos comentarios, señaló Human Rights Watch. Los funcionarios de la Liga Awami han argumentado constantemente que no necesitan erradicar a los abusadores porque pueden ejercer un control político efectivo sobre el batallón, una afirmación desmentida por las evidencias de sus más de dos años en el Gobierno.
Un acontecimiento inquietante es que el RAB ha empezado recientemente a llevar a cabo desapariciones forzadas. Los grupos de derechos humanos bangladeshíes dicen que ha empezado a asesinar a personas sin reconocer ninguna participación en sus muertes.
Human Rights Watch señaló que, después de siete años de abusos generalizados y más de 700 muertes, si el historial de derechos humanos de la unidad no mejora drásticamente en un plazo de seis meses y no se enjuicia a los abusadores, el Gobierno bangladeshí debe disolver esta fuerza. En su lugar, el Gobierno debería crear una nueva unidad dentro de la policía o una nueva institución que asuma los derechos humanos como principio fundamental de la lucha contra la delincuencia grave y organizada y el terrorismo. Ni el RAB ni ninguna nueva fuerza debe incorporar a elementos de las fuerzas armadas, que tienen una cultura operativa distinta de la de una fuerza policial civil, señaló Human Rights Watch.
Estados Unidos, Reino Unido y Australia deben insistir en que el Gobierno de Bangladesh cumpla sus compromisos y garantice investigaciones inmediatas, imparciales e independientes sobre la tortura y las muertes bajo la custodia de la unidad, dijo Human Rights Watch.
“En lugar de ser una unidad policial de élite destinada a controlar la delincuencia y el terrorismo, el RAB se ha convertido en un infractor mortal de la ley”, señaló Adams. “Ahora es justo preguntar si el Gobierno tiene alguna intención de erradicar esta lacra”, agregó.
Testimonios seleccionados del informe
“Les pregunté cuánto dinero les dieron por matar a mi hijo y les dije que me mataran a mí también en un fuego cruzado. Un agente del RAB me agarró entonces por el cuello y me dijo: ‘Vete de aquí, puta. Si no te callas, esta gente te va a matar’. Le pregunté qué estaba haciendo allí y si su trabajo no era protegerme. Entonces se calmó, me pidió que me fuera y me dijo que podía recoger el cuerpo de Pappu en el hospital de Mitford”.
- La madre de Azad Hussein Pappu, muerto a manos del RAB el 28 de febrero de 2010
“Los medios de comunicación ya estaban allí y el RAB no paraba de decir que Bhutto había caído en una operación especial. Empecé a gritarles y a decir que quizá Bhutto había hecho algo malo pero dónde está el Estado de derecho, cómo se atreve el RAB a matar a Bhutto. Los agentes del RAB se limitaron a mirarme sin decir nada, lo que me dio miedo. Y entonces, aunque algunas personas me apoyaban, llegó un líder de la Liga Awami y empezó a gritar consignas diciendo que de todos modos Bhutto era un criminal... Después el RAB se llevó el cuerpo para la autopsia. Cuando fui a recoger el cuerpo, vi que sólo tenía un impacto de bala dentro del oído. La policía me hizo firmar una hoja en blanco. No quería hacerlo pero al final cedí”.
- Gulam Mustafa, recordando la escena de la muerte de un familiar cercano
“Tenía los ojos vendados y las manos atadas. Me obligaron a sentarme. Cuatro hombres con ropa de civil me azotaron las piernas con varas de caña de azúcar, mientras que un hombre con uniforme del RAB estaba sentado mirando. Mis piernas se inflamaron como almohadas”.
- Baby Akhtar recuerda cómo la torturó el RAB
