(Nueva York) – Las normas propuestas por el Departamento de Justicia para reducir la incidencias de violación en las prisiones son demasiado débiles y deberían mejorarse sustancialmente para proteger a las víctimas y garantizar que los responsables rindan cuentas, afirmó hoy Human Rights Watch en sus comentarios enviados al Departamento. El Departamento de Justicia anunció sus normas propuestas según la Ley para la eliminación de las violaciones sexuales en prisión (PREA) el 3 de febrero de 2011, estableciendo un periodo de sesenta días para recibir comentarios, finalizando el 4 de abril.
“El Congreso sabía que eliminar las violaciones en las prisiones podría requerir cambios en la administración de las prisiones y cárceles, e incluso quizá incurrir en más gastos”, indicó Jamie Fellner, asesora principal para el programa de EE UU de Human Rights Watch, y antigua comisionada de la Comisión Nacional para la Eliminación de las Violaciones Carcelarias. “Sin embargo, las normas propuestas por el Departamento de Justicia muestran una mayor preocupación por apaciguar a las agencias penitenciarias que por proteger a jóvenes y adultos de abusos sexuales”.
El Congreso ratificó la PREA de forma unánime en 2003. La ley estableció la Comisión Nacional para la Eliminación de las Violaciones en Prisión para llevar a cabo un estudio exhaustivo de las causas y las consecuencias de las violaciones en prisión, y para proponer normas a nivel nacional para su prevención, detección y castigo. La Comisión anunció sus normas el 23 de junio de 2009.
Aunque el Departamento de Justicia adoptó muchas de las normas propuestas por la Comisión, incluso reforzando algunas de éstas, varias normas entre las propuestas suponen un paso atrás injustificado, afirmó Human Rights Watch. A lo largo de 63 páginas de comentarios enviados al Departamento de Justicia el 4 de abril, Human Rights Watch plantea numerosas inquietudes sobre normas debilitadas, y sobre el análisis de coste-beneficio de dichas normas realizado por el Departamento. Entre las inquietudes planteadas por Human Rights Watch se encuentran:
Omisión de los centros para inmigrantes. El Departamento de Justicia ha afirmado que las normas propuestas no se aplicarían a los centros del ICE, a pesar del requisito de la PREA de que las instalaciones sujetas a la ley incluyen: "cualquier centro de confinamiento de un gobierno federal, estatal, o local, ya sea administrado por tal gobierno o por una organización privada en nombre de dicho gobierno". Aunque la información disponible es limitada, los abusos sexuales son frecuentes en los centros para inmigrantes, y los autores de la ley tenían la clara intención de incluir los centros para inmigrantes. Human Rights Watch escribió por separado al presidente Obama para expresar su inquietud sobre la exclusión de los centros para inmigrantes.
No se prohíben los registros corporales a reclusos por personas del sexo opuesto. Los tocamientos sexuales pueden ocurrir bajo pretexto de registros corporales a cargo de personas del sexo opuesto. Dichos tocamientos, sin dejar de ser abusivos en sí, pueden ser precursores de violaciones. La mayoría de las agencias penitenciarias prohíben al personal masculino registrar a las reclusas, pero las reglas propuestas lo permitirían. Dichos registros deben ser prohibidos, afirmó Human Rights Watch. Human Rights Watch reconoce que, para muchas agencias, prohibir al personal femenino registrar a los reclusos sería extremadamente caro, dado que las agencias a menudo contratan a muchas mujeres en centros para hombres. La solución no es permitir todos los registros a cargo de personas del sexo opuesto, según sugiere el Departamento de Justicia, sino permitir a las agencias prohibir gradualmente los registros de mujeres a hombres, hasta logra una prohibición total tras un par de años.
No se garantiza el personal necesario. Una norma propuesta requiere que las agencias formulen, y revisen anualmente, los planes de personal para proteger a los reclusos de abusos sexuales. Sin embargo, la norma no obliga a las prisiones a poner en práctica dichos planes.
No se minimizan los obstáculos para que los reclusos víctimas de abusos sexuales reciban auxilio judicial. Para poner en marcha el proceso administrativo que conduce a un recurso legal, el Departamento de Justicia propone un periodo de tiempo absurdo – 20 días – para que un recluso adulto, que bien podría sentirse traumatizado por una agresión sexual, informe de un abuso sexual. De lo contrario, el recluso pierde la oportunidad de recibir reparación. El Departamento señala que la Oficina de Prisiones ya utiliza ese periodo de tiempo, pero tal política sacrifica los intereses legítimos de las víctimas de abusos sexuales de presentar sus quejas ante un tribunal. Las víctimas juveniles sufren la imposición de periodos de tiempo similarmente breves, a pesar de que sus diferencias de desarrollo, y vulnerabilidades específicas, probablemente requieren un periodo de tiempo de denuncia más largo que el de los adultos.
No se exigen revisiones periódicas independientes. El Departamento no ha adoptado la obligación de realizar revisiones regulares de cumplimiento de las normas de la PREA, a cargo revisores capacitados y completamente independientes de la agencia a la que se revisa. Tales revisiones son cruciales para el éxito de la ley, aunque incomoden a agencias desacostumbradas a exámenes rigurosos de sus procedimientos.
No se ha realizado un análisis coste-beneficio razonable. Debido al gran impacto administrativo que supone la puesta en vigencia de la PREA, la ley federal exige al Departamento de Justicia llevar a cabo un análisis coste-beneficio de la norma propuesta. Sin embargo, en su cálculo del coste de las violaciones carcelarias el Departamento se basó en supuestos sin fundamentados y poco razonables, que redujeron dicho coste. Por ejemplo: el Departamento de Justicia calculó un coste de entre 200,000 USD y 300,000 USD por víctima de una violación forzada en un centro para adultos, pero el coste de una violación por coerción o presión, sin el empleo de fuerza física, quedó en una quinta parte, es decir, entre 40,000 USD y 60,000 USD.
No existe ningún estudio académico, litigio o experiencia clínica que apoye la opinión de que, en su promedio, las violaciones en prisiones con coerción sean solo la quinta parte de “costosas” que las violaciones por medio de la fuerza física. Exista o no el uso, o amenaza, de fuerza física, las relaciones sexuales no consensuales entre reclusos, o entre personal y reclusos, pueden causar traumas psicológicos y conducir a la depresión, al abuso de drogas, y al trastorno de estrés postraumático, entre otros problemas psicológicos, y pueden además causar VIH/SIDA, otras enfermedades de transmisión sexual o infecciosas, y embarazos.
No se evalúa la trascendencia de los tocamientos sexuales entre rejas. El Departamento establece un coste de 375 USD para las víctimas de tocamientos sexuales indeseados, basándose en cálculos aproximados realizados fuera de entornos penitenciarios. Pero comportamientos que puedan ser relativamente inocuos, aunque ofensivos, fuera de las prisiones, pueden ser profundamente amenazadores y traumatizantes entre rejas, donde la víctima no puede escapar de su acosador. No se da base alguna para fijar el “coste” en una cantidad mínima.
