(Nueva York) – Funcionarios de seguridad nacional de Sudán sometieron a un gran número de jóvenes manifestantes a graves abusos físicos y sexuales tras las protestas en enero y febrero de 2011, Human Rights Watch señaló hoy. De acuerdo a testimonios e informaciones recolectada por Human Rights Watch, los jóvenes y los estudiantes, algunos de tan sólo 18 años, fueron sometidos a duras palizas, descargas eléctricas y otros abusos que constituyen tortura. Los funcionarios de seguridad también están implicados en la violación de una joven activista en febrero.
Sudán debe condenar públicamente el uso de la tortura, incluida la violencia sexual y otros abusos cometidos por funcionarios de Seguridad Nacional después de las protestas, dijo Human Rights Watch. Estos crímenes deben ser investigados con prontitud y los responsables deben rendir cuentas. El Gobierno también debe inmediatamente poner en libertad o llevar a juicio a los que siguen detenidos y garantizar que se respetan plenamente sus derechos.
"Estas acusaciones atroces muestran claramente que el abusivo aparato de seguridad nacional de Sudán utiliza la tortura y el acoso para silenciar el disenso", dijo Daniel Bekele, director de África para Human Rights Watch. "Las autoridades sudanesas deben tomar medidas inmediatas para poner fin a la tortura, el maltrato y el acoso por parte de los funcionarios de seguridad nacional".
Malos tratos y tortura
Tras la manifestaciones mayoritariamente pacíficas de febrero, inspiradas en los levantamientos populares en Egipto y Túnez, la policía antidisturbios y las fuerzas de seguridad nacional utilizaron una fuerza excesiva para reprimir las protestas públicas y la disidencia , Human Rights Watch concluyó. Las autoridades arrestaron a más de 100 personas el 29, 30 y 31 de enero únicamente en Jartum y Omdurmán.
Aunque las autoridades policiales y de seguridad liberaron a muchos detenidos en cuestión de horas, los funcionarios de seguridad detuvieron durante semanas a varias docenas de personas en el complejo de oficinas de Bahri, en el norte de Jartum, algunos en celdas improvisadas y otros en un cuarto grande, y los sometieron a palizas, privación del sueño, descargas eléctricas, y otras formas de abuso físico y mental, incluyendo amenazas de muerte y de violación, afirmaron algunos de los detenidos a Human Rights Watch.
A Yousif Elmahdi, hijo de 27 años de edad de un dirigente del partido opositor de Umma, le vendaron los ojos, lo obligaron a agacharse frente a una pared y lo golpearon con barras de metal, palos y látigos. Escuchó la "agonía y los gritos" de otros detenidos en el mismo recinto y vio sus heridas después, dijo a Human Rights Watch.
"Estos jóvenes, algunos de tan sólo 18 años, estaban claramente molidos a golpes. Tenían sangre en sus camisas y apenas se movían cojeando y arrastrándose", recordó.
Otro estudiante, que pidió no ser identificado, fue detenido en una plaza pública en Jartum en la mañana del 3 de febrero, y permaneció encerrado en Bahri durante dos semanas.
"Muchas personas fueron severamente golpeadas y torturadas, lloraron toda la noche", afirmó. "A veces recibieron descargas eléctricas, o fueron golpeadas con palos y barras. Vi a dos que estaban tan golpeadas que tuvieron que ser atendidas en el hospital".
Durante las semanas siguientes, los funcionarios de seguridad detuvieron a otros estudiantes activistas sospechosos de haber participado en la organización de las protestas o en dar a conocer los abusos de los detenidos por funcionarios de seguridad nacional.
Ali Mohamed Osman, un estudiante miembro del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés que llevaba consigo volantes pidiendo la liberación de los manifestantes, fue detenido por un grupo de agentes de seguridad en Omdurmán, en la noche del 14 de febrero e interrogado durante más de 24 horas.
Osman dijo a Human Rights Watch que le vendaron los ojos, lo obligaron a subir a un camión y lo trasladaron a un centro de detención, donde fue amenazado, interrogado y golpeado en la espalda y hombros con palos y un tubo de plástico, y se le obligó a permanecer de pie toda la noche. Los golpes le causaron lesiones graves, que lo obligaron a buscar atención médica después de su liberación.
Funcionarios de seguridad nacional obligaron a los detenidos a firmar declaraciones comprometiéndose a no participar en más protestas o hablar acerca de las condiciones de detención antes de liberarlos, los entrevistados dijeron a Human Rights Watch. Varios de los detenidos pasaron a refugiarse en la clandestinidad después de su liberación, por temor a represalias. Los agentes de seguridad intentaron arrestar de nuevo a Osman en dos ocasiones después de que habló públicamente de su maltrato. Otro activista juvenil, actualmente en prisión, fue detenido de nuevo después de que publicó en Facebook información sobre el maltrato que vio durante su detención, de acuerdo a detenidos puestos en libertad.
Al menos 13 manifestantes, entre ellos cuatro periodistas, siguen detenidos en Bahri y corren el riesgo de sufrir maltratos similares, señaló Human Rights Watch. Los detenidos liberados dijeron a Human Rights Watch que muchos de los que siguen detenidos ya habían sido sometidos a torturas y malos tratos, incluyendo descargas eléctricas, privación del sueño, y fueron obligados a desvestirse hasta quedarse en su ropa interior.
Violencia sexual
Los funcionarios de seguridad también están implicados en la violencia sexual y el acoso de mujeres activistas, incluyendo la violación brutal de Safia Ishaq, una joven activista y artista. Ishaq informó públicamente en los medios sociales que en la mañana del 13 de febrero dos agentes de seguridad la obligaron a subir a un vehículo y la llevaron a un edificio en Jartum, donde la interrogaron acerca de su afiliación política, la golpearon hasta que cayó inconsciente, y luego la violaron.
Su terrible experiencia, que ha atraído considerable atención nacional e internacional, llevó a grupos de la sociedad civil de Sudán a denunciar otros casos de acoso verbal y físico sexual de mujeres activistas por los funcionarios de seguridad nacional. Marwa al-Tijani, detenida el 3 de febrero, informó que los agentes de seguridad la golpearon a ella y a un grupo de mujeres activistas en prisión, las llamaron "putas" y las insultaron de otras maneras.
Las mujeres miembros del Partido Popular del Congreso dijeron a periodistas que los agentes de seguridad nacional las habían acosado físicamente cuando se reunieron pacíficamente el 16 de febrero para protestar por la detención de los compañeros de partido. En enero, funcionarios de seguridad detuvieron al opositor Hassan al-Turabi y 20 otros miembros del grupo después de que Al-Turabi advirtió públicamente al Gobierno sudanés de que habría un levantamiento si seguía negándose a las reformas.
"Las autoridades sudanesas no deben tolerar las violaciones, los asaltos, o cualquier otra forma de acoso", dijo Bekele. "Las autoridades deben tomar en serio estos informes, investigarlos con prontitud, y hacer rendir cuentas a los funcionarios responsables".
El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Sudán (NISS), con sus amplios poderes de arresto y detención, tiene la reputación de enfocarse a activistas políticos y someterlos a malos tratos y torturas durante su detención. Funcionarios de seguridad nacional también llevan a cabo desapariciones forzadas, detención de personas en centros secretos de detención y no permiten visitas de familiares, abogados, o revisiones medicas.
Aunque el Acuerdo General de Paz de 2005, que puso fin a la larga guerra civil de Sudán, requiere que el Gobierno sudanés implemente reformas del servicio de inteligencia y seguridad nacional, la Ley de Seguridad Nacional de 2010 conserva los amplios poderes del servicio de seguridad para detener y encarcelar por hasta cuatro meses y medio sin revisión judicial, en violación de las normas internacionales.
Human Rights Watch instó al Gobierno a reformar el servicio de seguridad de acuerdo con las normas internacionales. El Gobierno debe garantizar que toda detención esté debidamente registrada y que toda persona detenida sea tratada de conformidad con la ley, lo que incluye brindarles acceso a asistencia letrada y atención médica.
"Sudán sólo puede alcanzar y mantener la estabilidad mediante el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho", dijo Bekele. "Debe controlar a sus abusivas fuerzas de seguridad y dejar que la gente exprese libremente su opinión".
