Kedar Chaulagain, padre Subhadra, muestra la cama desde donde su hija de 17 años fue arrastrada por soldados antes de matarla en febrero de 2004.

© Emma Burgess

(Katmandú)-El Gobierno de Nepal no ha hecho nada respecto a las miles de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas que fueron cometidas durante la década de conflicto armado con los maoístas que finalizó hace cuatro años, señalaron Human Rights Watch y Advocacy Forum en un informe conjunto publicado hoy. Esta falta de rendición de cuentas está contribuyendo a un colapso de la ley y el orden en muchas partes del país, dijeron Human Rights Watch y Advocacy Forum.

El informe de 41 páginas, "Indifference to Duty: Impunity for Crimes Committed in Nepal" ("Indiferencia frente al deber: Impunidad por los crímenes cometidos en Nepal"), renueva las demandas para que el Gobierno investigue y enjuicie a aquellos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto, y documenta tres casos emblemáticos que se produjeron desde el fin del conflicto y que muestran cómo la misma ausencia de justicia prima en estos nuevos abusos. Una falta de voluntad y consenso político, la inestabilidad política prevaleciente y la falta de progreso en el proceso de paz han resultado en el fracaso del Gobierno para cumplir sus promesas de enjuiciar estos crímenes, tal como se estableció en el acuerdo de paz de 2006, afirmaron Human Rights Watch y Advocacy Forum.

"La pasividad del Gobierno de Nepal permite que los responsables de las ejecuciones, torturas y desapariciones evadan la justicia, a veces desafiando órdenes judiciales", dijo Elaine Pearson, subdirectora de Asia para Human Rights Watch. "Si los culpables de abusos del pasado no son llevados ante la justicia, representará una clara señal para los responsables de crímenes actuales de que ellos también serán inmunes al enjuiciamiento".

Este informe da seguimiento a los que fueron publicados en 2008 y 2009, titulados respectivamente: "Waiting for Justice, Unpunished Crimes from Nepal's Armed Conflict" ("Esperando justicia: Crímenes sin castigo del conflicto armado en Nepal") y "Still Waiting for Justice: No End to Impunity in Nepal" ("Aún esperando justicia: No hay fin para la impunidad en Nepal"). El reporte proporciona actualizaciones sobre los 62 casos de asesinatos, desapariciones y torturas ocurridos entre 2002 y 2006 y que fueron documentados por Human Rights Watch y Advocacy Forum. La mayoría de abusos fueron cometidos por las fuerzas de seguridad, pero unos cuantos implican a rebeldes maoístas. Las familias de los asesinados y desaparecidos han presentado denuncias detalladas ante la policía reclamando investigaciones penales, pero hasta ahora el sistema de justicia de Nepal ha fracasado rotundamente en responder a estas quejas, afirmaron Human Rights Watch y Advocacy Forum.

Un año después de la última actualización sobre estos casos, ni un solo responsable ha sido llevado ante la justicia frente a un tribunal civil por graves violaciones a los derechos humanos, dijeron Human Rights Watch y Advocacy Forum. En 13 de los 62 casos, la policía sigue negándose a registrar las denuncias penales, a veces ignorando órdenes judiciales que lo exigen. En los casos en que las denuncias fueron registradas, existen pocos indicios de que se haya hecho algún intento serio de abrir una investigación. Los partidos políticos presionan a la policía para que no investiguen, la policía y los fiscales obstruyen y demoran la justicia, mientras que las instituciones que siempre se opusieron a la rendición de cuentas -en especial el Ejército de Nepal- se niegan rotundamente a cooperar con las investigaciones policiales en curso.

El escaso progreso que se ha hecho en esos casos ha sido desigual y es el resultado de la continua presión por parte de grupos locales e internacionales. En la mayoría de los casos, la policía ni siquiera ha interrogado a sospechosos, optando en su lugar por "investigaciones" mediante el envío de cartas solicitando información al Ejército de Nepal o la policía. En varios casos, la Corte Suprema ha exhortado a autoridades relevantes que investiguen las denuncias, pero estas órdenes han sido, en gran medida, ignoradas.

En algunos casos en los que ha habido presión política o una protesta  pública considerable, las autoridades establecieron comités de investigación para calmar la situación. Los resultados de estas investigaciones son siempre inconsistentes y las autoridades no hacen nada respecto a ninguna recomendación significativa.

"En su búsqueda de justicia, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos en todo el camino", dijo Mandira Sharma, directora ejecutiva de Advocacy Forum. "El fracaso del Gobierno de Nepal para reaccionar significa que los prometidos beneficios de la paz siguen evadiendo a quienes han sufrido más".

Si bien ha habido ciertas muestras de presión internacional exigiendo justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto de Nepal, estas han sido muy limitadas. Australia y Estados Unidos denegaron un visado a un líder maoísta implicado en los abusos. En un célebre caso -el asesinato de Maina Sunuwar, un niña de 15 años que murió bajo custodia del ejército-, el mayor Niranjan Basnet, que fue implicado en su muerte, fue expulsado de una misión de mantenimiento de la paz en Chad y enviado de regreso a Nepal por una orden de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pese a que la policía acusó formalmente al mayor Basnet de asesinato, no lo arrestaron a su llegada a Nepal. En cambio, quedó en libertad después de un ligero procedimiento militar en el que se ignoraron las pruebas que lo incriminaban pendientes en un tribunal civil. Otras personas contra las que se tienen pruebas convincentes de su participación en serios crímenes siguen sirviendo en el ejército, y algunas incluso han sido ascendidas.

Advocacy Forum ha ayudado a docenas de familias a presentar nuevas denuncias desde que el informe "Esperando justicia" fuera publicado en octubre de 2008. De otras 30 denuncias penales que involucran a 51 víctimas -muchas de las cuales provienen del período del conflicto aunque algunas son más recientes-, sólo 10 han sido registradas con éxito. El 10 de diciembre de 2009, el Día de los Derechos Humanos, familias de las víctimas y abogados intentaron presentar 28 denuncias ante las autoridades policiales en 12 distritos. La policía se negó a registrar todos los casos, argumentando que primero tenían que consultar con "autoridades superiores".

"Algunos países incluso han denegado visados a aquellos acusados de violaciones de los derechos humanos, y la ONU expulsó a un mayor implicado en un asesinato, pero aún así, el Gobierno no hace nada para asegurarse de que rindan cuentas", dijo Sharma. "El Gobierno necesita restaurar la fe en instituciones como la policía, que ni siquiera registra las denuncias penales y, mucho menos, las investiga".

Dada la continua pasividad de Nepal a la hora de lidiar con los abusos del pasado y el presente, el Gobierno debería desarrollar un amplio plan de acción, recomendaron Human Rights Watch y Advocacy Forum. Este plan debería incluir el establecimiento inmediato de efectivos mecanismos de justicia de transición para lidiar con los crímenes del pasado y una reforma exhaustiva de las leyes nacionales e instituciones para mejorar la respuesta del Gobierno a los abusos, tanto del pasado como del futuro.

En enero de 2011, Nepal enfrentará su primera revisión dentro del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra. Estas discusiones, además de las que se llevarán a cabo en el Consejo de Seguridad de la ONU a mediados de enero sobre la cancelación de la Misión de Naciones Unidas en Nepal (Unmin), deberían sentar las bases para resolver el problema de la impunidad en Nepal, dijeron Human Rights Watch y Advocacy Forum.

Mientras tanto, los grandes donantes y países vecinos de Nepal deberían denegarles visados a las personas contra las que se tengan evidencias creíbles de haber cometido serios crímenes, señalaron Human Rights Watch y Advocacy Forum. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU también debería desarrollar mejores métodos de investigación de antecedentes para garantizar que las personas acusadas de graves violaciones contra los derechos humanos no acaben involucradas en misiones de mantenimiento de la paz.

"Nepal debería aprovechar la oportunidad del Examen Periódico Universal para limpiar su historial de impunidad mediante la ejecución de un claro plan de acción", dijo Pearson. "Ahora que la misión de la ONU en Nepal está a punto de concluir, la seguridad estará en riesgo si el Estado continúa denegándoles justicia a las víctimas de abuso".