(Ginebra) —La Convención de Municiones de Racimo es la única solución viable para acabar con la calamidad de las municiones de racimo, Human Rights Watch señaló en un nuevo libro publicado hoy. Mientras los diplomáticos en Ginebra abrían el debate sobre una débil alternativa, Human Rights Watch advirtió que la erradicación de los daños causados por estas armas inhumanas exige su prohibición absoluta y completa, contenida en la Convención.
El libro de 224 páginas, “Meeting the Challenge: Protecting Civilians through the Convention on Cluster Munitions” (“Cumpliendo con el desafío: Proteger a los civiles a través de la Convención de Municiones de Racimo”), es la culminación de una década de investigación por parte de Human Rights Watch. El libro detalla el costo humano de las municiones de racimo, analiza el proceso internacional que desembocó en el tratado que las prohíbe, y presenta los pasos que los países que han firmado la Convención deben adoptar para cumplir su promesa.
“Los hechos sobre el terreno no dejan lugar a dudas de que las municiones en racimo matan y mutilan a muchos civiles”, dijo Bonnie Docherty, investigadora principal de la división de Armas de Human Rights Watch. “Los países con intenciones serias de acabar con este sufrimiento deberían unirse la convención que las prohíbe y no darse por satisfechos con medidas intermedias de escasa efectividad”.
"Meeting the Challenge" parte de las investigaciones in situ de Human Rights Watch para documentar los daños que las municiones de racimo infligen sobre los civiles y de sus experiencias de primera mano como un participante activo en el desarrollo de la Convención de Municiones de Racimo de 2008.
Las municiones de racimo llevan causando muchas víctimas civiles desde que empezaron a utilizarse ampliamente durante la guerra de Vietnam, hace aproximadamente 50 años, y han dejado grandes extensiones de terreno contaminadas por décadas de artillería sin detonar, al estilo de las minas terrestres. Su amplia proliferación y su uso repetido las han convertido en un problema a escala global, señaló Human Rights Watch.
Las municiones de racimo son grandes armas que dispersan docenas o incluso cientos de pequeñas submuniciones. Estas submuniciones causan muertes civiles durante los ataques, especialmente cuando se utilizan en áreas urbanas, dado que tienen un amplio radio de propagación, impactando no sólo a soldados. Además, muchas de las submuniciones no explotan y quedan como las minas terrestres, y con frecuencia matan o hieren a civiles, sobre todo niños y agricultores, muchos años después.
La Convención sobre Municiones de Racimo hace frente a todos estos problemas, dice Human Rights Watch. De forma categórica, prohíbe el uso, la producción, el traslado y el almacenamiento de estas armas. También exige la destrucción de las reservas que aún se conservan, el despeje de las subminiciones que no han sido detonadas y asistencia a las víctimas. Actualmente, la Convención ha sido firmada por 108 países, 46 de los cuales la han ratificado, lo que los convierte en Estados Parte, completamente vinculados por todas sus disposiciones.
Saliéndose de las vías tradicionales del protocolo diplomático de Naciones Unidas en 2007, los gobiernos y la sociedad civil colaboraron en la creación del tratado más exigente posible en apenas 15 meses. La primera Reunión de los Estados Parte de la Convención concluyó el 12 de noviembre de 2010, en Vientián, Laos, donde los delegados se pusieron de acuerdo sobre la adopción de un ambicioso plan de 66 puntos para cumplir con prontitud con todas las obligaciones de la convención.
Aun así, algunos poderes militares siguen concentrándose en desarrollar un instrumento alternativo que regularía, en vez de prohibir, estas armas inaceptables. Este protocolo a la Convención sobre Armas Convencionales, que será discutido del 22 al 26 de noviembre, crearía excepciones para amplias categorías de municiones de racimo y establecería prolongados períodos de transición.
“Un protocolo rebajado podría socavar el poder de la convención de prohibición”, advierte Docherty. “Los países deberían rechazar este enfoque de una vez por todas”.
