Los miembros de una milicia patrullan una ciudad en la región de Moyen Cavally, al oeste de Costa de Marfil. Los intentos fallidos por desarmar a las milicias y los rebeldes han dejado el oeste del país inundado de armas, que los grupos delictivos, incluidos algunos ex combatientes de la milicia, han utilizado para aterrorizar y cometer abusos contra los pobladores locales.

© 2005 Reuters

(Dakar) - Bandas de criminales armadas someten a los residentes del oeste de Costa de Marfil a una incesante ola de abusos, incluyendo asaltos, robos y violencia sexual, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las autoridades marfileñas, que hasta ahora no han logrado evitar o responder adecuadamente a estos ataques, deberían enviar patrullas a las zonas más afectadas, investigar y procesar los ataques, así como castigar a los miembros de las fuerzas de seguridad que no han cumplido con su deber de proteger a la población.

El informe de 72 páginas, "Afraid and Forgotten: Lawlessness, Rape, and Impunity in Western Côte d'Ivoire," ("Temor y Olvido: Anarquía, violación e impunidad en el oeste de Costa de Marfil"), documenta la brutal violencia física y sexual que azota a las regiones administrativas del oeste de Moyen Cavally y Dix-Huit Montagnes. La criminalidad generalizada está alimentada por la desintegración de las instituciones legales, un proceso de desarme malogrado que ha dejado a la región inundada de armas y la negativa de las autoridades estatales a responder a los ataques.

Tras postergar repetidamente la celebración de elecciones presidenciales en los últimos cinco años, los marfileños finalmente tienen programado acudir a las urnas el 31 de octubre de 2010. Los candidatos presidenciales deberían abordar cómo responderán a estas violaciones a los derechos humanos y cómo restablecerán instituciones legales eficientes en todo el país, destaca Human Rights Watch.

"Mientras que los políticos y los diplomáticos extranjeros discuten sobre los preparativos para los comicios, los residentes en el oeste de Costa de Marfil son víctimas del terror, ante la amenaza de sufrir robos violentos o a ser sacados de un autobús para ser violados", señala Corinne Dufka, investigadora principal para el Oeste de África de Human Rights Watch. "Mejorar esta vergonzosa situación debería ser un asunto urgente y prioritario para quienquiera que gane las elecciones".

El informe se basa en entrevistas con más de 80 víctimas y testigos de violencia y extorsiones, además de funcionarios gubernamentales, agentes de las fuerzas de seguridad y militares, soldados rebeldes, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones no gubernamentales, y diplomáticos.

Un conflicto armado en 2002 y 2003 enfrentó a las fuerzas gubernamentales y las milicias respaldadas por el Gobierno (25, 000 sólo en Moyen Cavally) contra las Forces Nouvelles, o las Fuerzas Nuevas, una alianza de facciones rebeldes del norte y el oeste. Debido a la proliferación tanto de armas como de combatientes irregulares en la región, la parte occidental del país se ha convertido en el área que sufre el conflicto con mayor intensidad.

Un alto en el fuego en mayo de 2003 marcó el fin formal de las hostilidades y abrió el paso a varios acuerdos de paz encabezados por Francia, el cuerpo regional de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEEAO), la Unión Africana y la ONU. Sin embargo, Costa de Marfil sigue dividido y el Gobierno es incapaz en gran parte de restablecer el control en diversas regiones de todo el país y de reconstruir sus instituciones. La Operación de Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI, por sus siglas en inglés) sigue en el país con una plantilla de 8,400 trabajadores, mientras que un embargo de armas impuesto por la ONU, una fuerza francesa de mantenimiento de la paz y otras medidas siguen en vigor para ayudar a evitar nuevos brotes de violencia.

Vida cotidiana marcada por el miedo
Las bandas criminales en el oeste de Costa de Marfil atacan con regularidad a los residentes en sus casas, mientras trabajan en el campo, cuando se dirigen al mercado o cuando se trasladan entre sus pueblos y las principales ciudades regionales. Los ataques son más frecuentes durante los días de mercado semanales, cuando las mujeres de los pueblos se juntan para vender y comprar bienes, y durante la cosecha de cacao, que va de noviembre a marzo.

Grupos de bandidos, conocidos como coupeurs de route, establecen controles improvisados en los caminos y rodean a sus víctimas que caminan hacia el mercado o viajan en camionetas de transporte. Los delincuentes casi siempre van enmascarados y armados con rifles Kalashnikov, rifles de caza, cuchillos y machetes. Los atacantes operan de forma meticulosa, a menudo desvistiendo completamente a sus víctimas para asegurarse de que les arrebataron hasta la última moneda. También infligen abusos físicos e, incluso, llegan a matar a quienes se niegan a entregar el dinero o tratan de identificar a los agresores.

Human Rights Watch entrevistó a 10 conductores de vehículos de transporte público en el oeste que habían sufrido, en conjunto, 17 ataques en las carreteras entre noviembre de 2009 y julio de 2010. Además, relataron otros ejemplos de docenas de ataques similares a otros conductores.

En el curso de estos  asaltos, cientos de mujeres y niñas han sido atacadas sexualmente y violadas (incluso por grupos). En entrevistas con víctimas y testigos, Human Rights Watch documentó 109 casos de violación en Moyen Cavally y Dix-Huit Montagnes desde enero de 2009, y es muy probable que el número total de víctimas sea mucho mayor.

Los asaltantes sacan de forma rutinaria a mujeres y niñas de las camionetas, una por una. A continuación, las conducen a cualquier matorral y las violan mientras los demás bandidos permanecen vigilando. Human Rights Watch registró varios ataques en los que hombres armados violaron a más de una docena de mujeres y niñas a las que habían obligado por la fuerza a que se bajaran de un vehículo de transporte público. En un caso concreto en enero, al menos 20 mujeres y niñas fueron violadas. Durante los ataques en casas particulares, los agresores suelen amarrar a los esposos y obligarlos a observar cómo sus esposas, hijas y otras mujeres de su familia son violadas. Los delincuentes no hacen miramientos de edad y han llegado a atacar a niñas muy pequeñas, incluyendo bebés, y a mujeres de más de 70 años.

Una mujer de 32 años describió uno de estos ataques que sufrió cuando ella y otras cuatro mujeres volvían del mercado en enero:

"Estábamos lejos de mi casa en el bosque; yo iba con mi bebé cuando (el bandido) nos paró a mitad del camino. Me agarraron y me dijeron: ‘Suelta al bebé', y tomaron a mi bebé y lo dejaron caer al suelo. Me pegaron una y otra vez con el extremo del Kalash (el rifle Kalashnikov). Mi bebé estaba en los arbustos y me violaron... Cuando terminaron, me levanté para ir a buscar a mi bebé. Me volvieron a golpear y una vez más mi bebé se cayó al suelo".

Los residentes viven en un mundo de terror debido a la frecuencia de estos ataques. Para muchos, este miedo está haciendo estragos en sus vidas y han llevado a sustanciales cambios en sus comportamientos. Otros simplemente viven con el constante temor de que ellos o un ser querido puedan ser víctimas de un ataque la próxima vez que emprendan el camino hacia el mercado o se dirijan a las ciudades para vender cacao. Viajar de noche es imposible en la mayoría de las áreas, pero hacerlo de día no es mucho mejor.

Atemorizados por las posibles repercusiones por hablar de los ataques, las víctimas y los testigos entrevistados para este informe a menudo se negaron a dar sus nombres, mientras que otros miraban constantemente a su alrededor con miedo durante las entrevistas, convencidos de que "ningún lugar es seguro".

"La cosecha de cacao, la actividad económica más importante para muchas familias marfileñas, empieza pronto", explica Dufka. "Las autoridades de Costa de Marfil, junto con la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, debería tomar medidas urgentes para incrementar su vigilancia y evitar una pesadilla de cinco meses para la gente del oeste del país".

Falta de acción y comportamiento abusivo por parte de las autoridades marfileñas
El Gobierno de Costa de Marfil ha fracasado a la hora de proteger a la gente en el oeste, pese a las súplicas de ayuda por parte de los residentes. Los ruegos de las víctimas de protección contra amenazas inmediatas y las denuncias de delitos ante la policía o gendarmes son recibidos con pasividad o, en muchos casos, con intentos de extorsión.

Docenas de víctimas, incluyendo conductores, pasajeros, mujeres y niñas que habían sido violadas en vehículos de transporte público describieron cómo acudieron a los puestos de control de la policía y los gendarmes -aparentemente establecidos por el Gobierno para proveer seguridad en áreas de mucha delincuencia- inmediatamente después de haber sufrido un ataque y pedirles que persiguieran a los agresores. En todos los casos, las víctimas lamentan que las autoridades siempre las recibieron con escaso interés o desdén y, en casi todos los casos, se negaron a abandonar sus puestos o a llamar por radio solicitando refuerzos.

En un episodio, un grupo de cinco mujeres que había logrado escapar a pie de un asalto de hombres armados y llegó a un puesto de control denunció a los agentes que otras cuatro mujeres seguían capturadas. Las mujeres les suplicaron a las autoridades que rescataran a sus amigas, pero la policía les dijo: "No es nuestro trabajo; nuestro trabajo es solo vigilar el puesto de control".

En otro caso, un conductor le contó a Human Rights Watch que imploró a las fuerzas de seguridad que persiguieran a unos bandidos que acaban de atacar su vehículo que llevaba a unos 20 pasajeros y que se encontraba a unos kilómetros de distancia. Los guardias no se inmutaron y, delante de una niña que acababa de ser violada, le contestaron con menosprecio: "Tiene suerte de que no haya muertos".

Agravando la falta de acceso a la justicia, en docenas de casos documentados por Human Rights Watch, las víctimas de violencia en Moyen Cavally y Dix-Huit Montagnes aseguraron que la policía y los gendarmes exigieron dinero cuando las víctimas presentaron una denuncia. Aquellos que abiertamente ejercen la extorsión casi nunca enfrentan ninguna clase de represalia y, en algunos casos, sus superiores incluso están directamente implicados en este delito.

En el caso insólito de que uno de estos episodios sea investigado, suele acabar siendo juzgado en un sistema plagado de deficiencias, entre las que se encuentran tribunales remotos, funcionarios judiciales ausentes y corruptos, así como la inexistencia de programas de protección de testigos. Mientras, las lamentables condiciones del sistema de prisiones, aquejado por corrupción y la falta de instalaciones y guardias, suelen traducirse en la puesta en libertad prematura o ilegal de presuntos delincuentes que se encuentran en prisión preventiva o son criminales convictos. Una vez fuera de la cárcel, son libres para vengarse de las víctimas que los denunciaron.

Además, las fuerzas de seguridad marfileñas y los rebeldes de las Fuerzas Nuevas en el norte están implicados en una amplia operación de extorsión, extorsión a pequeña y gran escala y otros abusos a los derechos humanos. En la región controlada por el Gobierno de Moyen Cavally, la policía y los gendarmes utilizan sus puestos de control para exigir sobornos para poder pasar, menoscabando significativamente el sustento de conductores, comerciantes y mujeres que trabajan en el mercado. Aquellos con apariencia de inmigrantes se convierten en especial blanco de extorsiones y a menudo son insultados, robados y físicamente atacados si se niegan a pagar.

En Dix-Huit Montagnes, una región en gran parte bajo el control de facto de las Fuerzas Nuevas, los soldados rebeldes recorren puestos de control, comercios y puestos de mercado exigiendo dinero, sirviéndose de la intimidación y la violencia para obligar a acatar sus órdenes. Human Rights Watch descubrió que solo en Dix-Huit Montagnes, las Fuerzas Nuevas extorsionan el equivalente a decenas de miles de dólares estadounidenses cada año, en gran parte robados a todos aquellos que trabajan en las industrias del cacao y la madera.

"La policía y las fuerzas de seguridad han fallado estrepitosamente a la hora de proteger a la población de la parte occidental de Costa de Marfil del salvaje bandolerismo de estas bandas criminales", denuncia Dufka. "El Gobierno debe mejorar inmediatamente su respuesta a este caos, que está causando estragos en las vidas de la población local".