En 2007, el gobierno estadounidense amplió su colaboración con México en la lucha contra la delincuencia organizada al anunciar la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia en seguridad destinadas a México de varios años de duración. Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha entregado fondos a México correspondientes a la Iniciativa Mérida por aproximadamente US$ 1.500 millones. Desde el comienzo, el Congreso de Estados Unidos reconoció la importancia de asegurar que las iniciativas de seguridad pública del gobierno mexicano respetaran los derechos humanos y exigió que el 15 por ciento de los fondos específicos de la iniciativa Mérida fueran retenidos hasta que el Departamento de Estado informara al Congreso estadounidense que México demostró haber cumplido con cuatro requisitos en materia de derechos humanos.
El 2 de septiembre de 2010, el Departamento de Estado emitió su segundo informe al Congreso, en el cual concluyó que México cumplía con los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida y expresó su intención de liberar cerca de US$ 36 millones de asistencia en seguridad que habían sido retenidos del presupuesto adicional de 2009 y el presupuesto general de 2010.
No obstante, la investigación llevada a cabo por nuestras respectivas organizaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México e incluso los informes del propio Departamento de Estado muestran claramente que México no ha cumplido ninguno de los cuatro requisitos sobre derechos humanos establecidos en la ley. Por consiguiente, el Congreso no debería entregar estos fondos específicos de la Iniciativa Mérida. La entrega de los fondos transmitiría el mensaje de que Estados Unidos aprueba las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, que incluyen torturas, violaciones sexuales, asesinatos y desapariciones forzadas.
Reconocemos que México se enfrenta a una profunda crisis de seguridad pública y que Estados Unidos puede tener un rol constructivo que fortalezca la capacidad de México de hacer frente a la delincuencia organizada de manera efectiva. No obstante, las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas no sólo son deplorables en sí mismas, sino que además debilitan de manera significativa la efectividad de las medidas de seguridad pública de México. Restablecer la confianza entre el gobierno y la población de México es una condición crucial para conseguir información que permita desarticular a la delincuencia organizada. Cuando las fuerzas de seguridad cometen graves violaciones de derechos humanos y no rinden cuentas por sus actos, esa confianza se desintegra, se pierde el apoyo de aliados clave y la población civil queda indefensa y presa del terror. Por lo tanto, ambos países se beneficiarían al ayudar a México a poner fin a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, garantizar que las violaciones se investiguen de manera eficiente y evaluar con franqueza los avances de México para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia.
La evidencia muestra que México no cumple de manera efectiva ninguno de los requisitos establecidos por el Congreso, especialmente los relacionados con el juzgamiento de abusos por parte de militares y hechos de tortura:
Requisito: Garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades judiciales civiles investiguen y juzguen a los policías federales y los militares contra quienes existan denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos.
Desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha recibido más de 4.000 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, incluidas ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas. Como lo reconoció el Departamento de Estado en un informe al Congreso del 29 de julio de 2010, el sistema de justicia militar de México continúa "reclamando sistemáticamente" la jurisdicción para investigar estos casos. El mismo informe señaló que si bien "es difícil obtener información sobre juicios militares", la "poca información disponible sobre juicios militares y denuncias presentadas sugiere que estos procedimientos son poco habituales."
En efecto, según el informe más reciente emitido por el Ejército mexicano, los tribunales militares han condenado a un sólo soldado en relación con violaciones de derechos humanos desde 2007. Ningún soldado ha sido juzgado por los tribunales civiles desde que se puso en marcha la Iniciativa Mérida en julio de 2008. En este sentido, la afirmación del Departamento de Estado expresada en su informe de septiembre de 2010 de que los agentes del ministerio público civil están investigando y juzgando a militares acusados de violaciones de derechos humanos es errónea. Hasta hoy, no se ha presentado ningún proyecto de ley ante el Congreso mexicano para reformar esta práctica.
Requisito: Hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante tortura.
El informe del Departamento de Estado de septiembre de 2010 enumera diversas medidas adoptadas por el gobierno mexicano para poner fin a la tortura, algunas de las cuales están vigentes desde hace varios años. Sin embargo, estas medidas no han logrado erradicar la práctica sistemática de la tortura para obtener confesiones. Según el Informe de país del Departamento de Estado sobre Prácticas de Derechos Humanos en México de 2009, los jueces mexicanos "continuaron permitiendo que se emplearan confesiones obtenidas mediante tortura como prueba contra los acusados, y esta es una práctica que se presta especialmente a abusos, ya que las confesiones suelen ser la prueba fundamental para la imposición de una condena penal."
Varias de nuestras organizaciones han documentado casos que muestran el uso sistemático de la tortura por militares y policías en Baja California, Guerrero y Chihuahua, entre otros estados. Entre las tácticas documentadas se encuentran el uso de descargas eléctricas, golpizas y asfixia con bolsas plásticas. A su vez, la práctica de arraigo -que permite a los agentes del ministerio público detener a sospechosos durante un máximo de 80 dias sin acusarlos de la comisión de un delito- genera un entorno que, como demuestran los casos documentados, propicia la práctica de tortura.
Las reformas constitucionales de junio de 2008, que en teoría deberían contribuir a reducir el uso de la tortura para obtener confesiones, aún no han entrado en vigor en la mayoría de los estados de México. La jurisprudencia vinculante que se aplica actualmente no exige que las confesiones se produzcan en presencia de un juez y, por ende, permite que continúe el uso sistemático de tortura y otros abusos para obtener las confesiones que luego se emplean en el juicio.
Requisito: Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales y trabajar con las autoridades de los estados y municipales para reforzar estos valores en las fuerzas policiales de los estados y municipales.
Si bien México ha emprendido algunas reformas importantes en materia de seguridad pública, el Gobierno no ha creado mecanismos efectivos de rendición de cuentas para la policía ni ha involucrado adecuadamente a los ciudadanos en la evaluación de su desempeño. Por ejemplo, la ley de junio de 2009 que crea la nueva Policía Federal se basa exclusivamente en mecanismos disciplinarios internos para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y no ofrece pautas claras acerca de cuándo estas denuncias deberían ser remitidas a los agentes del ministerio público de la justicia ordinaria para que lleven a cabo una investigación penal o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. La ley tampoco incluye mecanismos para asegurar la transparencia en la investigación, el juzgamiento y la sanción de asuntos disciplinarios, ni indica cuándo ni cómo se darán a conocer los resultados de una denuncia.
Requisito: Consultar periódicamente a organizaciones de derechos humanos de México y a otras organizaciones de la sociedad civil para que formulen recomendaciones sobre la implementación de la Iniciativa Mérida.
Las autoridades mexicanas no han implementado un proceso de consulta que involucre a organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil en un diálogo genuino sobre la Iniciativa Mérida. Según las organizaciones mexicanas que participaron en la elaboración de este memorándum: las reuniones se celebran exclusivamente en el Distrito Federal, lo cual limita gravemente la posibilidad de participación de organizaciones de distintas regiones del país; el gobierno de México notifica a algunas organizaciones específicas con pocos días de anticipación, o bien no las notifica, y muchas veces las reuniones no están abiertas a la participación del público; no se invita a las organizaciones para que contribuyan a la definición de los temas tratados durante las reuniones los cuales son establecidos exclusivamente por el gobierno mexicano, o para que determinen su formato; no existen pautas claras para ofrecer aportes valiosos sobre la implementación de la Iniciativa Mérida; y no se ha llevado a cabo un seguimiento de las recomendaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil. Como resultado, muchas organizaciones de la sociedad civil han dejado de participar en las reuniones.
Los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida constituyen una herramienta fundamental para mejorar los derechos humanos y la seguridad pública en México. Mientras México no cumpla los requisitos sobre derechos humanos establecidos en la ley -como sucede en la actualidad, según lo demuestran claramente las evidencias-, el Congreso debería retener los fondos específicos. De esta manera, fortalecerá el estado de derecho y reforzará la seguridad ciudadana en ambos países.
En su informe de septiembre de 2010, el Departamento de Estado señaló que "la política del Departamento con respecto a México será no entregar en este momento los fondos adicionales INCLE correspondientes al ejercicio fiscal 2010 que han sido retenidos" (aproximadamente, US$ 26 millones) hasta que se incorporen reformas sobre derechos en la Constitución de México y se presente una propuesta de reforma del Código de Justicia Militar que limite los delitos que pueden ser juzgados por los tribunales militares.
Si bien los esfuerzos del Departamento de Estado por impulsar una reforma sobre jurisdicción militar y derechos humanos complementan los objetivos de la Iniciativa Mérida y constituyen medidas que permiten avanzar en el sentido correcto, es importante señalar que ninguno de estos pasos podrá por sí solo garantizar el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos. Por lo tanto, creemos que los fondos del presupuesto adicional de 2010 también deberían estar supeditados al cumplimiento de los cuatro requisitos sobre derechos humanos, que no sólo tienen en cuenta los cambios legislativos sino también los resultados en la práctica.
