Agentes de la policía en Nigeria extorsionan rutinariamente a los conductores y pasajeros en puestos de control en las carreteras, que en algunos casos resultan en enfrentamientos que se tornan violentos y llevan a otros abusos graves. Los oficiales que cometan estas prácticas son a menudo obligados a pagar a sus superiores una parte del dinero que ganan con los sobornos y la extorsión.

© 2010 Basati para Human Rights Watch

(Lagos) - La corrupción generalizada en la Fuerza de Policía de Nigeria está fomentando abusos contra ciudadanos ordinarios y menoscabando gravemente el Estado de derecho en Nigeria, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Human Rights Watch instó a las autoridades nigerianas a que adopten medidas inmediatas para mejorar la transparencia presupuestaria de la Fuerza de Policía e investiguen y lleven ante la justicia a los funcionarios policiales de todos los niveles implicados en prácticas corruptas.

El informe de 102 páginas, "‘Everyone's in on the Game': Corruption and Human Rights Abuses by the Nigeria Police Force" ("'Todos mundo está en el juego': Corrupción y abusos contra los derechos humanos por parte de la Fuerza de Policía de Nigeria") documenta toda una serie de formas de corrupción policial en Nigeria. También demuestra que la combinación de la extorsión institucionalizada, la profunda falta de voluntad política para reformar la Fuerza y la impunidad hacen de la corrupción policial un problema profundamente enraizado.

"Una buena labor policial es la base en la que se asientan el Estado de derecho y la seguridad pública", señaló Corinne Dufka, investigadora principal sobre África Occidental de Human Rights Watch. "El hecho de que las autoridades nigerianas lleven tanto tiempo sin resolver el soborno, la extorsión y el desfalco total en la policía amenaza los derechos fundamentales de todos los nigerianos", agregó.

El informe está basado en entrevistas con más de 145 víctimas y testigos de la corrupción policial en Nigeria. Entre ellos hay comerciantes, conductores comerciales, trabajadores que ejercen el trabajo sexual, presuntos delincuentes y víctimas de delitos comunes; agentes de bajo rango y altos funcionarios de la policía; funcionarios del Gobierno federal; jueces, fiscales y abogados; líderes religiosos y de la sociedad civil; periodistas; diplomáticos y miembros de un grupo armado de vigilancia ciudadana.

La investigación de Human Rights Watch reveló que muchos agentes de policía nigerianos tienen una conducta ejemplar, aunque trabajan en condiciones difíciles y, con frecuencia, peligrosas. Sin embargo, también demostró que la corrupción y la conducta abusiva son endémicas dentro de la Fuerza de Policía de Nigeria. Un sargento de la policía se lamentó con Human Rights Watch de que "la corrupción es como una enfermedad que todos llevamos dentro".

Extorsión y soborno
En el informe se documenta cómo agentes armados de la policía abordan a diario a incontables nigerianos, para exigirles sobornos, cuando viajan por las carreteras del país, compran o venden en los mercados, realizan sus labores cotidianas o trabajan en sus oficinas. Para extorsionar, estos agentes amenazan con frecuencia a sus víctimas y cometen violaciones de los derechos humanos.

En algunas áreas, la extorsión en los retenes policiales, establecidos ostensiblemente para combatir la delincuencia desenfrenada que aflige a muchas comunidades nigerianas, se ha vuelto un tipo estandarizado de "peaje". Los agentes en estos retenes se preocupan muy poco por ocultar su recaudación de dinero, lo que demuestra la falta casi total de voluntad de los altos funcionarios policiales y las autoridades gubernamentales de exigir cuentas a estos agentes.

La investigación de Human Rights Watch reveló que las personas que se niegan a pagar sobornos sufren habitualmente el arresto arbitrario, la detención ilegal y las amenazas hasta que ellos o sus familias negocian un pago para su puesta en libertad. Los enfrentamientos relacionados con la extorsión entre la policía y los automovilistas suelen intensificarse hasta convertirse en abusos más graves. Las pruebas sugieren que, en numerosas ocasiones, los agentes de policía han golpeado gravemente, atacado sexualmente o matado a tiros a ciudadanos ordinarios que no quisieron pagar los sobornos que les exigían.

La frecuencia de dichos actos de extorsión también ha hecho que la displicencia de muchos nigerianos con la corrupción policial sea tan grande como su desconfianza de la policía. Como explicó un comerciante a Human Rights Watch: "Cuando tienes un problema, deberías esperar que la policía te ayude, y proteja la vida y la propiedad; sin embargo, hacen lo contrario... La policía no nos protege, están intentando llenarse los bolsillos de dinero".

Sistema de "devoluciones"
Human Rights Watch descubrió que algunos altos funcionarios de la policía nigeriana aplican un perverso sistema de "devoluciones", por el que se obliga a los agentes de bajo rango a pagar a la cadena de mando una parte del dinero que extorsionan a los ciudadanos, lo que institucionaliza y promueve los abusos relacionados con la extorsión.

Los agentes de policía en activo y retirados entrevistados por Human Rights Watch dijeron que los oficiales tienen que pagar dinero para que les asignen un "puesto lucrativo". Una vez en dicho puesto, les piden cumplan los objetivos diarios o semanales de ingresos para sus superiores, o se expongan al "castigo" de que los trasladen a un puesto con menos posibilidades de extorsión. Un cabo de la policía explicó a Human Rights Watch que hace todo lo que puede para asegurarse de cumplir con el nivel de recaudación exigido por su superior: "Si no tenemos dinero al final de la semana, lo buscamos. Elegimos a alguien y lo arrestamos".

Varios agentes entrevistados por Human Rights Watch indicaron que estos "ingresos" se transmiten a los cargos superiores de la fuerza, lo que crea un fuerte desincentivo para exigir cuentas a los subordinados por la extorsión y otros abusos.

Desfalco
Al mismo tiempo, también se ha alegado que los altos funcionarios policiales están malversando enormes sumas de dinero de los fondos públicos destinados a sufragar las operaciones básicas de la policía. El presupuesto total de la Fuerza de Policía de Nigeria para 2009 fue de US$1,400 millones. Sin embargo, la realidad cotidiana es que el desfalco y la mala gestión han limitado la capacidad de investigación de la policía y han paralizado prácticamente el funcionamiento de los laboratorios forenses oficiales. Al parecer, la falta de recursos necesarios ha hecho que muchos agentes de policía recurran a la tortura como principal instrumento para obtener información de los presuntos delincuentes.

Los agentes de policía se quejan de la falta de combustible para sus vehículos o de fondos para adquirir los artículos más esenciales necesarios para las investigaciones. Un sargento de la policía señaló: "No recibimos nada de lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo... bolígrafos; tenemos que comprar los formularios de denuncia,  los formularios de fianza, el combustible". Un abogado explicó a Human Rights Watch que vio cómo un agente quitaba una bombilla de una lámpara en una comisaría y le decía a otro agente: "Si quieres luz, te la compras".

A pesar de una histórica condena por corrupción de un antiguo inspector general de la policía, la impunidad sigue siendo la norma. Una víctima del abuso policial dijo a Human Rights Watch que esta cultura ha hecho que los policías "piensen que nunca van a ir a la cárcel por las maldades que hacen".

Justicia y seguridad pública a la venta
Las víctimas de crímenes se ven habitualmente forzadas a pagar a la policía por cada fase de la investigación, desde que entran en la comisaría a denunciar el delito hasta que el caso se transfiere para su enjuiciamiento. Los que carecen de medios para pagar se quedan sin justicia, mientras que los presuntos criminales con dinero pueden simplemente sobornar a la policía para que abandone un caso, influir en el resultado de una investigación penal o llegar incluso a acusar a la víctima. Como concluyó un activista de la sociedad civil: "La justicia está a la venta para el mejor postor".

Un antiguo funcionario de la policía describió a Human Rights Watch cómo ciertos agentes de todos los niveles han convertido sencillamente a la fuerza en una "máquina de hacer dinero". Los altos funcionarios de la policía mantienen, habitualmente e ilegalmente, contratos de protección policial con la élite adinerada de Nigeria para su propio enriquecimiento personal, lo que priva a los ciudadanos ordinarios de una seguridad adecuada. Esto ha provocado que muchas comunidades recurran a grupos armados de vigilancia ciudadana que operan al margen de la ley y son notorios por sus abusos y su aplicación arbitraria de la justicia.

Fallos de supervisión
En el informe también se muestra que los ministros y funcionarios del Gobierno encargados de la supervisión, la disciplina y la reforma de la policía no han extirpado la corrupción sistémica. Los mecanismos públicos de queja, los controles internos de la policía y la supervisión ciudadana siguen siendo débiles y ampliamente ineficaces, y no cuentan con suficientes recursos. Las víctimas del abuso y la extorsión de la policía también mencionaron que una razón clave para no denunciar estos abusos era el temor a seguir sufriéndolos.

Sucesivos gobiernos nigerianos han reconocido muchos de los problemas descritos en el informe de Human Rights Watch, y han establecido paneles y comités para examinar la situación y hacer recomendaciones para la reforma policial. Desafortunadamente, se han ignorado ampliamente las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y los diversos informes de las comisiones oficiales.

Ya es hora de que el Gobierno nigeriano se tome en serio a todos los niveles el problema devastador de la corrupción policial, señaló Dufka. "Deben empezar por investigar y expulsar a los altos funcionarios que toleran y fomentan la extorsión, y que privan a los policías que trabajan arduamente de los recursos que necesitan para realizar su labor de manera eficaz", agregó.