(Washington DC) - El fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2 de agosto de 2010 dictaminando que las audiencias de deportación de Estados Unidos violan los derechos de los residentes legales a la unidad familiar envía una clara señal sobre la necesidad de introducir reformas a la ley de inmigración estadounidense, Human Rights Watch señaló hoy. Human Rights Watch había presentado un amicus curiae (amigo del tribunal) en el caso Wayne Smith y Hugo Armendáriz contra Estados Unidos .
"Las personas que han vivido en Estados Unidos de manera legal desde hace años deberían tener audiencias justas antes de que sus familias se vean destrozadas por la deportación", dijo Alison Parker, directora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. "La decisión de la Comisión Interamericana es golpe para las leyes disfuncionales, ineficaces y demasiado amplias de Estados Unidos".
El fallo de la comisión – llamado "informe" - se basó en los casos de Wayne Smith y Hugo Armendáriz, residentes legales permanentes de Estados Unidos por 25 y 35 años respectivamente, quienes fueron deportados de Estados Unidos por hechos delictivos no violentos que ocurrieron muchos años atrás. Un informe de 2008 de Human Rights Watch, “Forced Apart (by the numbers)” [“Separación forzosa (por los números)”], estima que más de un millón de personas han sido separadas de sus seres queridos por las deportaciones.
En el caso Armendáriz, un juez estadounidense había determinado que era sujeto a la deportación obligatoria y ordenó su deportación a México a pesar de que estaba casado con una ciudadana estadounidense, tenía un hijo y muchos otros familiares que eran ciudadanos de estadounidenses, había vivido más del 90 por ciento de su vida en Estados Unidos - desde los dos años de edad - y no sabía leer o escribir en su lengua de origen.
“Si la ley no permite al juez ni siquiera tomar en cuenta a la familia de un residente legal, las necesidades de sus hijos estadounidenses, o sus raíces en Estados Unidos, una audiencia justa sobre las cuestiones es imposible”, dijo Parker. “La protección de los derechos humanos en las audiencias de inmigración es simple: poner todas las inquietudes sobre la mesa y dejar que los jueces de inmigración hagan su trabajo”.
La comisión encontró que cuando una persona como Armendáriz se enfrenta a la deportación, un gobierno debe sopesar su derecho de deportar a una persona contra el derecho de la persona a permanecer en el país. Algunos de los factores que los jueces deberían poder considerar, pero que se les impide en virtud de la ley actual de Estados Unidos, son los siguientes:
• La edad en que la persona llegó a Estados Unidos y su tiempo en el país;
• Lazos familiares, sociales y de otro tipo en Estados Unidos;
• La gravedad del delito cometido que llevó al caso de deportación, el tiempo transcurrido desde la ofensa y la rehabilitación de la persona, en su caso, y
• Las posibles dificultades para los hijos, cónyuges u otros familiares ciudadanos estadounidenses si la persona es deportada.
Human Rights Watch instó al presidente Barack Obama y al Congreso de Estados Unidos a revisar las leyes de inmigración para reducir el enfoque en deportar a los inmigrantes que están legalmente en el país. Como mínimo, la ley de inmigración debería modificarse para permitir que los inmigrantes legales que enfrentan un proceso de deportación puedan pedir a un juez que se les permita permanecer en Estados Unidos cuando sus delitos sean relativamente menores y sus conexiones con Estados Unidos - especialmente sus vínculos familiares - sean fuertes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal del sistema interamericano encargado de la protección de los derechos humanos. La comisión investiga peticiones de presuntas violaciones a los derechos humanos por países miembros de la Organización de Estados Americanos.
