(Washington DC) - A seis meses de que Porfirio Lobo asumió la presidencia, han habido avances muy limitados en Honduras para abordar las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de estado de 2009, señaló hoy Human Rights Watch. Las amenazas y agresiones contra periodistas y opositores políticos han propiciado un clima de intimidación, mientras que la impunidad por estos abusos continúa siendo la regla.
"Los ataques violentos contra periodistas y opositores políticos han inhibido fuertemente el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Cuando los periodistas dejan de transmitir noticias, los ciudadanos abandonan las actividades políticas y los jueces temen ser destituidos por sus sentencias, están en grave peligro los pilares de la democracia".
Human Rights Watch instó al gobierno hondureño a brindar protección a periodistas y miembros de la oposición política, a juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y a restablecer la independencia del poder judicial.
Un clima de intimidación
Al menos ocho periodistas y diez miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) -una organización política que se opuso al golpe de estado de 2009 y exigió la restitución del depuesto Presidente Manuel Zelaya- han sido asesinados desde que asumió el Presidente Lobo el 27 de enero de 2010.
Según fiscales entrevistados por Human Rights Watch, también aumentaron significativamente las amenazas contra periodistas y miembros de la oposición durante este período.
Por ejemplo, José Oswaldo Martínez, un periodista de Radio Uno en San Pedro Sula, informó a Human Rights Watch que había recibido varias amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y de correo electrónico, entre ellas una recibida en julio que anunciaba: "Como no dejes de hablar de ese perro Zelaya, te vamos a callar la boca de un balazo".
El 15 de junio, Luis Arturo Mondragón, director de noticias de Canal 19 en El Paraíso, fue asesinado a balazos al salir del canal. Aparentemente, había recibido amenazas de muerte por teléfono.
Oslin Obando Cáceres, un conductor de taxi de 22 años de la ciudad de Tela que participaba activamente en el FNRP, permanece desaparecido desde el 13 de junio y se teme que haya sido asesinado. En las semanas previas a su desaparición, Obando y su familia habían recibido varias amenazas de muerte vinculadas con sus actividades políticas.
En respuesta a estos y otros ataques y amenazas, durante la vigencia del actual gobierno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 26 medidas cautelares en favor de periodistas, miembros de la oposición política y sus familiares, y ha ordenado al gobierno hondureño que les garantice protección. Sin embargo, según señaló la Comisión en un informe de junio, los esfuerzos realizados por Honduras para implementar esas medidas han sido "escasos, tardíos, deficientes y, en algunos casos, nulos".
Como prueba del cumplimiento deficiente del gobierno, la Comisión citó el caso de Nahún Palacios, director de un canal de televisión en Tocoa, a quien se habían concedido medidas cautelares luego de recibir varias amenazas de muerte. Palacios fue asesinado por agresores no identificados el 14 de marzo mientras conducía hacia su vivienda, y la Comisión criticó duramente al gobierno hondureño por no haberle brindado protección. Varios periodistas y miembros del FNRP que cuentan con medidas cautelares manifestaron a Human Rights Watch que el gobierno no había tomado ninguna medida tendiente a protegerlos.
Las razones de los ataques contra determinados periodistas no siempre son evidentes; en algunos casos -pero no en todos- los ataques parecen estar vinculados con sus críticas al golpe de estado de 2009. No obstante, estas amenazas y ataques, sumados a la violencia contra la oposición política, han generado un clima de intimidación que inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Honduras, expresó Human Rights Watch.
Un periodista de radio relató a Human Rights Watch que en julio un colega renunció a su trabajo en la estación después de recibir varias amenazas de muerte por expresar su opinión política. De manera similar, una opositora política entrevistada por Human Rights Watch afirmó que se sintió obligada a abandonar sus actividades políticas luego de que en marzo ella y sus hijas fueron abordadas por hombres armados. Un miembro del FNRP que recibió un disparo en la pierna durante un intento de asesinato comentó a Human Rights Watch que también había abandonado su participación en actividades políticas a causa del ataque. En cada uno de estos casos, al igual que en muchos otros documentados por Human Rights Watch, los entrevistados pidieron que no se divulgaran sus nombres por temor a sufrir represalias.
Impunidad
La impunidad por los abusos cometidos luego del golpe de estado de 2009 no ha hecho más que agravar el clima de intimidación reinante en Honduras. Hasta el momento, no se ha condenado a ninguno de los responsables de los abusos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
El 27 de enero, el gobierno aprobó un decreto de amnistía para los delitos políticos cometidos durante el golpe de 2009. Si bien el decreto prohíbe expresamente la amnistía para las violaciones de derechos humanos, el lenguaje ambiguo de la norma -en particular en relación con la amnistía por los delitos de abuso de autoridad- deja abierta la posibilidad de una aplicación excesivamente amplia. Honduras es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos que imponen la obligación de investigar y juzgar adecuadamente a los perpetradores y que garantizan a las víctimas un recurso legal efectivo, como el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada.
Si bien la creación este año de una Fiscalía Especial de Derechos Humanos constituyó una medida positiva, los fiscales señalaron a Human Rights Watch que la fiscalía no cuenta con los recursos ni el personal necesarios para investigar la enorme cantidad de denuncias recibidas. Asimismo, las víctimas y los testigos de los ataques a menudo prefieren mantener silencio para resguardar su seguridad y la de sus familias, y esto contribuye a obstaculizar las investigaciones.
Destitución de jueces
La destitución en mayo de cuatro jueces de tribunales inferiores que cuestionaron la legalidad del golpe de estado de 2009 ha debilitado gravemente la credibilidad del poder judicial hondureño.
La Corte Suprema destituyó al Juez Ramón Barrios luego de que se opusiera públicamente una sentencia dictada en junio por dicho tribunal en la cual validaba el golpe. El juez Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia, y el juez Luis Chévez de la Rocha fueron apartados de sus cargos por participar en manifestaciones públicas que exigían la restitución de Zelaya en el poder. La Jueza Thirza Flores Lanza fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya.
El 28 de junio, estos jueces presentaron escritos de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial, un órgano revisor designado por la Corte Suprema, y han presentado apelaciones ante el Sistema Interamericano para que revea su caso.
El Juez López expresó a Human Rights Watch que, desde su destitución, varios jueces le han comentado confidencialmente que el temor a ser destituidos por el gobierno influye en sus decisiones judiciales. Un fiscal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos comentó que otros fiscales también habían expresado esta preocupación.
"Los avances para restablecer el estado de derecho en Honduras desde el golpe de estado han sido muy limitados" afirmó Vivanco. "El gobierno debería proteger a los periodistas y miembros de la oposición política que reciben amenazas, impulsar la investigación y el juzgamiento activos de los abusos y reafirmar la independencia de los jueces".
