Dr. Plascencia Villanueva
Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
México, D.F., México
Estimado Dr. Plascencia:
Me dirijo a Ud. en nombre de Human Rights Watch para felicitarlo por su reciente designación como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y para instarlo respetuosamente a que promueva las reformas necesarias para garantizar que los abusos militares contra civiles sean investigados, juzgados y sancionados por las autoridades civiles mexicanas. Estamos convencidos de que, con el liderazgo adecuado, la Comisión puede usar su amplio mandato y sus significativos recursos para asumir un rol importante en la promoción de la rendición de cuentas en México.
En primer lugar, quisiéramos también felicitarlo por la propuesta que hizo ayer ante el Congreso de la Unión al realizar su comparecencia anual, cuando "demandó fortalecer el trabajo de la CNDH mediante reformas legales para que los funcionarios que no acepten las Recomendaciones o que no las cumplan cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y/o de Senadores para fundar y motivar sus acciones u omisiones y, en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y/o penales[1]."
De hecho, en nuestro informe de 2008 que evaluó la gestión de la CNDH, recomendamos que cuando la comisión considere que los actores gubernamentales no están implementando sus recomendaciones, debe trabajar activamente para lograr que cumplan con sus obligaciones de reparar los abusos. Específicamente, recomendamos que la CNDH debería "exigir al gobierno que aplique sanciones administrativas a los funcionarios que no actúen ante las violaciones de los derechos humanos que documenta" y "documentar y denunciar públicamente a aquellos funcionarios públicos que no resarcen los abusos de conformidad con sus recomendaciones[2]." Este tipo de acciones son precisamente las que debería llevar a cabo el presidente de la CNDH.
La Comisión ha brindado información detallada y autorizada sobre determinadas violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército. Desde septiembre de 2007 hasta el presente, la CNDH ha emitido decenas de recomendaciones al Ejército luego de documentar abusos cometidos por sus miembros contra civiles. Los casos documentados incluyen violaciones sexuales, ejecuciones, torturas y detenciones arbitrarias. Si bien como resultado de algunos de estas recomendaciones la Secretaría de la Defensa Nacional ha llegado a indemnizar a algunas víctimas y familiares, no ha investigado penalmente y sancionado a los responsables de los abusos.
Una de las falencias más graves de estas recomendaciones es que la Comisión ha indicado sistemáticamente que los militares deben investigarse a sí mismos, pese a que los tribunales militares mexicanos carecen de independencia e imparcialidad. El Secretario de la Defensa dirige las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia militar, los jueces militares no gozan de estabilidad en el cargo y las autoridades civiles prácticamente no efectúan ningún control de las decisiones militares que afectan los derechos de víctimas civiles. Asimismo, el sistema de justicia militar en su totalidad es opaco y poco transparente.
Como resultado del ejercicio de la jurisdicción militar en estos casos, la impunidad de los agresores ha sido casi absoluta. Según datos suministrados a Human Rights Watch por la Secretaría de Gobernación, durante los tres años del gobierno del Presidente Calderón los tribunales militares sólo han condenado a un oficial militar por un caso de violación de derechos humanos: un soldado que recibió una pena de 9 meses de prisión por haber disparado en un retén militar contra un civil, quien perdió la vida[3].
Hemos tomado conocimiento recientemente de que la CNDH está preparando un informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército mexicano. Nos entusiasma saber que la Comisión busca "establecer algunas estrategias y líneas de acción que eviten la violación de los derechos humanos por parte de los elementos del Ejército", como señaló la prensa[4].
Creemos que su próximo informe sobre abusos militares constituye una oportunidad única para impulsar un cambio sistémico que permita abordar la falta de rendición de cuentas en estos casos. Esto es especialmente relevante a la luz de la sentencia vinculante emitida recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de cumplir con sus obligaciones internacionales. En el caso Radilla Pacheco v. México, la Corte concluyó en forma inequívoca que "frente situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar"[5].
En función de lo expuesto anteriormente, le recomendamos respetuosamente que en su próximo informe proponga las siguientes reformas[6]:
- Modificar el artículo 57 (II) del Código de Justicia Militar para que establezca expresamente que al menos los casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas contra la población civil, incluidas desapariciones forzadas, torturas y otros tratos degradantes, ejecuciones, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, no pueden ser juzgados por el sistema de justicia militar y deben ser remitidos inmediatamente a los agentes del ministerio público locales o federales.
- Indicar a las autoridades militares que cooperen plenamente con los agentes del ministerio público local o federal en la investigación y el juzgamiento de los abusos militares contra civiles.
- Garantizar que los jueces y los magistrados militares gocen de estabilidad en sus cargos, al establecer un período específico durante el cual permanecerán en el cargo, así como causales y mecanismos claros para su remoción.
- Garantizar que las decisiones adoptadas por los tribunales militares sean objeto de una revisión exhaustiva por parte de autoridades civiles, por ejemplo, al designar a jueces civiles independientes en el Supremo Tribunal Militar o al permitir una revisión de fondo de las decisiones de la justicia militar por los tribunales federales.
Asimismo, a fin de fortalecer la efectividad de la comisión para generar los cambios necesarios en México, lo instamos respetuosamente a que realice un seguimiento minucioso de estas recomendaciones y exija activamente su adopción a las autoridades gubernamentales.
Esperamos atentamente el informe de la comisión y poder colaborar con usted durante el transcurso de su período como presidente de la CNDH.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo
División de las Américas
Human Rights Watch
[1] CNDH, Comunicado de Prensa CGCP/024/10, 27 de enero de 2010.
[2] Para mayor información sobre estas recomendaciones, vea "La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México: Un análisis crítico", febrero de 2008, https://www.hrw.org/es/reports/2008/02/12/la-comisi-n-nacional-de-los-der....
[3] Carta del Secretario de Gobernación de México Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta a Human Rights Watch (Oficio 100-243), 20 de octubre de 2009, https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Oficio%20100.243... Carta de Human Rights Watch al Secretario de Gobernación de México Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, 20 de noviembre de 2009, https://www.hrw.org/en/news/2009/11/20/letter-response-interior-minister-....
[4] Ruth Rodríguez y Nurit Martínez, "CNDH alista informe sobre abuso militar", El Universal, 22 de enero de 2010.
[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. México, sentencia del 23 de noviembre de 2009.
[6] Para consultar el informe de Human Rights Watch "Impunidad Uniformada", por favor visite: https://www.hrw.org/es/reports/2009/04/28/impunidad-uniformada.
