(Washington, DC) - El gobierno cubano debe poner fin inmediatamente a la persecución contra el defensor de derechos humanos Juan Carlos González Leiva, un líder del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, y su familia, señaló hoy Human Rights Watch.
En las últimas semanas, las autoridades cubanas han amenazado reiteradamente con obligar a González Leiva, un abogado de derechos humanos no vidente, y a Tania Maceda Guerra, su esposa y también defensora de derechos humanos, a abandonar La Habana y trasladarse a otra región de la isla. Para ello han apelado a una ley draconiana que restringe la libertad de circulación de los ciudadanos cubanos.
"La persecución de González Leiva es otra prueba más de que el gobierno de Raúl Castro está dispuesto hacer todo lo posible para impedir la observación de los derechos humanos, incluso desplazando por la fuerza a los propios defensores", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
González Leiva y Maceda Guerra residen en La Habana desde mayo de 2007, cuando recibieron autorización para vivir con un amigo no vidente y cuidar de este. Según una ley conocida como Decreto 217, todos los ciudadanos cubanos que no sean de La Habana deben obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital.
En noviembre de 2009, el gobierno denegó la solicitud presentada por la pareja para renovar su residencia temporaria en La Habana, donde aún viven junto a su amigo no vidente. González Leiva dijo que las autoridades de vivienda le informaron que la negativa había sido ordenada por agentes de seguridad del estado.
Desde entonces, han sido visitados en su vivienda por agentes de seguridad, quienes los llaman "contrarrevolucionarios" y "traidores", y les advierten que serán enviados por la fuerza a su provincia de origen, Ciego de Ávila, si no abandonan La Habana voluntariamente. A causa de esto, no han salido de su departamento en una semana.
González Leiva y Maceda Guerra también han sido objeto de amenazas de muerte y actos públicos de repudio. En los últimos meses, la cuenta de correo electrónico de su organización ha sido interceptada y cerrada, sus movimientos han sido vigilados y sus familiares han sido amenazados, según relató González Leiva a Human Rights Watch.
"La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro al gobierno cubano de que estos ataques contra defensores de derechos humanos son absolutamente inaceptables", manifestó Vivanco.
Un informe publicado recientemente por Human Rights Watch, "Un nuevo Castro, la misma Cuba: Presos políticos en la era post Fidel", concluyó que Raúl Castro ha mantenido plenamente activa la maquinaria represiva de Cuba y ha suprimido prácticamente todas las formas de disenso político. El informe documenta la aplicación continua del Decreto 217 por el gobierno para restringir la libertad de circulación de periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil que critican al gobierno.
