Madera incautada por haber sido cortada ilegalmente, en el puerto del distrito de Ketapangpor, Kalimantan occcidental, a la espera de ser subastada por la policía local.

© 2008 Yayasan Titian

(Yakarta) - La corrupción en la lucrativa industria forestal de Indonesia cuesta al Gobierno 2 mil millones dólares anuales, lo que menoscaba los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La supervisión inadecuada y los conflictos de intereses también crean dudas sobre la posibilidad de que Indonesia pueda ser un socio comercial de carbono confiable. Es muy probable que los esquemas para la comercialización de carbono sean un tema importante en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que comenzará el 7 de diciembre 2009, en Copenhague.

El informe de 75 páginas, "Wild Money: The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector," (Dinero salvaje: Las consecuencias en los derechos humanos de la tala ilegal y la corrupción en el sector forestal de Indonesia), encontró que más de la mitad de toda la madera de Indonesia desde 2003 hasta 2006 fue talada ilegalmente, sin pagar impuestos. Las pérdidas se ven exacerbadas por subsidios no declarados a la industria forestal, incluyendo el uso gubernamental de precios artificialmente bajos en el mercado de madera, los tipos de cambio de divisas y la evasión fiscal de los exportadores mediante un fraude conocido como "precios de transferencia". Utilizando métodos de la industria, incluyendo comparaciones detalladas entre el consumo de madera de Indonesia y el suministro de madera legal, el informe concluye que en 2006 la pérdida total nacional para Indonesia fue de 2 mil millones de dólares.

Los recientes desafíos de la Comisión Contra la Corrupción del país (Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK), que incluyen una presunta conspiración por parte de la policía y los fiscales para desacreditar a la Comisión ya que se empezó a estudiar la posible corrupción policiaca, son ejemplos de los efectos nocivos de la corrupción en la gobernabilidad del país, dijo Human Rights Watch.

"La corrupción generalizada en la industria forestal es el sucio secreto del que nadie quiere hablar", dijo Joe Saunders, director adjunto de programas para Human Rights Watch. "Pero hasta que la falta de supervisión y los conflictos de intereses sean tomados en serio, derramar más dinero del comercio del carbono en este sistema roto es probable que empeore el problema, no lo mejore”.

Se ha reportado cierta reducción en la pérdida de ingresos desde 2006, atribuida a un incremento en la producción de madera de plantación, que se duplicó en un solo año. Pero el área de plantaciones establecidas necesarias para producir los grandes volúmenes de madera reportados, hacen que estas afirmaciones se pongan en cuestionamiento, dice el informe.

El impacto doméstico de la corrupción y la pérdida de ingresos son significativos, especialmente en las zonas rurales más pobres de la nación, dijo Human Rights Watch. Indonesia es un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el tratado internacional clave bajo el cual Indonesia ha accedido utilizar al máximo los recursos disponibles para garantizar que sus ciudadanos disfruten sus derechos a servicios tales como salud, educación y vivienda. Sin embargo, la magnitud de la pérdida de ingresos por corrupción demuestra que Indonesia está violando estas obligaciones.

Los cerca de US $ 2 mil millones de pérdidas en ingresos anuales equivalen al gasto total del país en materia de salud a nivel nacional, provincial y de distrito combinados. La pérdida anual también equivale a la cantidad que el Banco Mundial estima sería suficiente para proporcionar un conjunto de prestaciones de asistencia sanitaria básica a 100 millones de los ciudadanos más pobres de la nación por casi dos años. Indonesia tiene un gasto per cápita de salud que se encuentra entre los más bajos de la región, incluso en comparación con los países de mucho menor PIB per cápita.

"Es una ironía especialmente cruel, que en muchas de las zonas rurales que generan los ingresos forestales del país, los servicios básicos de atención de salud se encuentran entre los peores de la nación", dijo Saunders. "La gente que vive en seguida de los bosques que están siendo devastados para beneficio de los bolsillos de funcionarios debe viajar grandes distancias para llegar al médico más cercano".

Indonesia tiene una de las áreas más grandes de bosques en el mundo, pero también una de las tasas más altas de deforestación. Según informes, las exportaciones de su lucrativa industria maderera tuvieron un valor de $ 6.6 mil millones en 2007, superadas sólo por Brasil y por encima de todas las naciones de África y de América Central combinadas.

Las personas que se benefician más de la tala ilegal y la corrupción asociada rara vez son sometidas a la rendición de cuentas, encontró el informe, en parte debido a la corrupción en los sistemas de aplicación de la ley y judicial. Se soborna a la policía para manipular evidencias o incluso para vender la madera ilícita incautada de nuevo a los madereros ilegales; a los fiscales para manipular acusaciones (a veces deliberadamente con un cargo por el que las pruebas son débiles); y a los jueces para lograr resoluciones favorables.

Los funcionarios del ministerio forestal han tomado medidas para mejorar los sistemas de informe y seguimiento de la madera, según el informe, pero tienen que enfrentarse no solo con los negocios turbios en el sector privado, sino también con los intereses creados dentro de su propio ministerio. La presentación de informes de la producción de madera y la recaudación de ingresos se ve comprometida por los conflictos de intereses dentro de los organismos forestales y de las jurisdicciones poco claras entre las autoridades forestales locales y centrales. Sobornos a los funcionarios a cambio de permitir la tala sin permisos adecuados, o en violación de los mismos, crean un poderoso incentivo para no mantener datos precisos o para no presentar informes periódicos al ministerio central.

Si bien el gobierno del presidente Susilo Bambang Yudhoyono ha tomado medidas para combatir la corrupción, hay una fuerte resistencia por parte de algunos funcionarios de alto nivel. El aumento de las tensiones entre la Comisión contra la Corrupción (KPK) y la policía y los fiscales, llevaron a la detención y expulsión de dos de los comisionados, después de que la policía los acusara de extorsión y abuso de autoridad.

En noviembre, un equipo de investigación de la presidencia encontró que no existían pruebas suficientes para mantener los cargos contra los comisionados y recomendó que se retiraran, aunque no está claro si los comisionados regresarán a sus puestos. El equipo también recomendó una investigación completa sobre la corrupción en el poder judicial para erradicar a los "intermediarios de caso" dentro de la judicatura y a los policías que actúan como intermediarios para ofrecer sobornos. Asimismo recomendó una investigación completa sobre el abuso de autoridad por parte de la policía, con sanciones para los funcionarios responsables de irregularidades en la detención de los comisionados anti-corrupción.

"Este es un momento crítico", dijo Saunders. "Si Indonesia puede frenar la corrupción, puede convertirse en un líder mundial de la silvicultura. Así como están las cosas, muchos árboles y mucho dinero desaparecen y los pobres del país se llevan la peor parte de las pérdidas".
Human Rights Watch pidió a los fiscales utilizar las sanciones fuertes disponibles en las leyes contra la corrupción y contra el lavado de dinero para reducir la corrupción forestal. El ministerio forestal debe crear un sistema obligatorio de seguimiento de los ingresos y auditoría de toda la madera de Indonesia para garantizar su legalidad, desde su recolección hasta su exportación, y permitir la supervisión independiente.

Los socios comerciales de Indonesia también deben asegurarse de que no son cómplices en la corrupción de la tala. Los países consumidores deben promulgar leyes para prohibir el tráfico de estos productos ilícitos, como Estados Unidos hizo recientemente al modificar la Ley Lacey. La Unión Europea debe aprobar inmediatamente la legislación pendiente que requerirá que los productos de madera cuenten con una certificación de legalidad para entrar en los mercados europeos, dijo Human Rights Watch.

"Se necesitarán medidas enérgicas en los niveles más altos del Gobierno de Indonesia y de los socios comerciales internacionales para detener la corrupción en la industria de la madera", dijo Saunders. "Está en juego la capacidad del país para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos y su posición en el mundo".