(Nueva York) - Los planes para reformar la administración y supervisión de la detención inmigratoria, anunciados hoy por el Gobierno estadounidense, deben traducirse rápidamente en un cambio real de política y en rendición de cuentas, dijo hoy Human Rights Watch. Los planes ponen énfasis en centralizar el control de los centros utilizados para retener a personas inmigrantes detenidas.
"Las personas inmigrantes son detenidas en cárceles independientes con poca supervisión y a menudo sus derechos se descuidan", dijo Alison Parker, directora adjunta del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. "Si el paso hacia la centralización tiene que ver con cerrar esas brechas y proteger sus derechos, en vez de sólo recortar costos, entonces debería ser una mejora".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos también anunció que se prescindirá de la red actual de espacio contratado en cárceles y prisiones privadas y habrá centros de detención civil dirigidos por el Gobierno. Las investigaciones, sin embargo, han mostrado que las personas inmigrantes pueden enfrentar abusos en centros de detención tanto públicos como privados.
La seguridad de hombres, mujeres, niñas y niños bajo custodia depende de estándares de detención legalmente aplicables, dijo Human Rights Watch. Hasta la fecha, el Gobierno se ha rehusado a emitir tales normas.
La detención inmigratoria, la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, ha sido objeto de muchas críticas debido a las condiciones en que se mantiene a las personas detenidas mientras esperan el resultado de sus casos inmigratorios civiles. Más de 100 personas detenidas han fallecido desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue creado en 2003. Los informes han documentado graves fallas en la atención médica proporcionada a las personas detenidas y planteado numerosas preocupaciones respecto a sus derechos al debido proceso.
Un informe de Human Rights Watch publicado en marzo de 2009 documentó docenas de casos de mujeres detenidas que tuvieron que luchar a fin de obtener pruebas de Papanicolaou, mamografías, atención prenatal, asesoramiento para sobrevivientes de violencia e incluso suministros básicos tales como toallas sanitarias o extractores de leche para madres lactantes. En el anuncio de hoy, el DHS dijo que trasladaría a las mujeres detenidas en varios centros de Texas hacia el centro de detención de Hutto en Taylor, Texas, con el propósito de "supervisar mejor las necesidades de esta población y desarrollar programas específicos para ella".
"El reconocimiento de las necesidades de salud específicas de las mujeres detenidas es importante y debió suceder hace mucho tiempo", dijo Parker. "Estamos a la espera de ver la programación específica planificada para Hutto, como también si en todo el sistema se proporcionarán atención médica y condiciones de detención apropiadas para las mujeres".
Un informe de Human Rights Watch publicado en diciembre de 2007 halló que el DHS no recaba información básica que permita llevar un control de las personas inmigrantes con VIH/sida que están bajo detención, tiene políticas y procedimientos cuyos estándares son inferiores a los requeridos para asegurar atención y servicios apropiados y supervisa inadecuadamente la atención médica que se proporciona.
No está claro si las reformas propuestas abordarán otro aspecto costoso y caótico de la detención inmigratoria: los constantes traslados de personas detenidas entre centros, a menudo localizados en partes remotas del país. En un informe que pronto será publicado, Human Rights Watch encontró que con mayor frecuencia el ICE, en respuesta al hacinamiento, está transfiriendo a personas detenidas hacia centros de detención remotos. Inicialmente se detiene a muchas personas inmigrantes cerca de sus abogados y testigos, en lugares tales como Nueva York o Los Ángeles, pero luego son transferidas a centros de detención en áreas rurales de Texas o Luisiana.
Según datos del ICE analizados por Human Rights Watch, entre 1999 y 2008 se transfirió a 1.4 millones de personas detenidas. Las transferencias interfieren con el derecho de estas personas a asesoría legal, a defenderse contra la deportación, a presentar testigos y otras pruebas, y a no ser sometidas a una detención arbitraria y prolongada.
