El Gobierno de Papua Nueva Guinea debería abolir la pena de muerte en lugar de ponerla de nuevo en vigor, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional en una carta conjunta dirigida al Dr. Allan Marat, ministro de Justicia y fiscal general. En la carta, fechada el 10 de julio, las dos organizaciones de derechos humanos criticaron las declaraciones de funcionarios del Gobierno de Papua Nueva Guinea en que piden la instauración de medidas que les permitan llevar a cabo ejecuciones.

Delitos violentos recientes, entre ellos el presunto asesinato de cuatro niños por su madre conllevó declaraciones por parte de los funcionarios sobre la consideración del restablecimiento de las ejecuciones. Marat recientemente dijo a los periodistas que su oficina estaba elaborando los reglamentos necesarios para llevar a cabo las ejecuciones. Papua Nueva Guinea no ha llevado a cabo una ejecución desde 1954, a pesar de la reintroducción del Parlamento de la pena de muerte por homicidio voluntario en 1991.

"Reiniciar las ejecuciones sería un enorme paso atrás para Papua Nueva Guinea que alejaría al país de la tendencia prevalente de la práctica y la opinión mundial ", dijo Zama Coursen -Neff, director adjunto de la división de los Derechos del Niño en Human Rights Watch. "Papua Nueva Guinea debería reforzar su sistema de justicia penal, pero no hay pruebas de que la pena de muerte disuada efectivamente los delitos más que otros castigos".

Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen a la pena de muerte en todos los casos como una violación de los derechos fundamentales - el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Las organizaciones exhortaron a Papua Nueva Guinea a abolir la pena de muerte y a ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las organizaciones también instaron al Gobierno a fortalecer su sistema judicial a fin de que los condenados por delitos sólo se enfrentan a penas que cumplan con las normas internacionales.

"La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y Papua Nueva Guinea dañaría su credibilidad al reintroducirla," dijo Apolosi Bose, investigador del Pacífico para Amnistía Internacional. "En lugar de ello, Papua Nueva Guinea debería respetar las garantías del derecho a la vida y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes establecidas en su propia constitución y en sus compromisos jurídicos internacionales".

La pena de muerte ha sido abolida legalmente por 94 países, y solo una pequeña minoría de países - 25 en 2008 - sigue llevando a cabo ejecuciones.