Iranian protesters march in northern Tehran on June 28, 2009.

© 2009 Reuters

(Nueva York, 8 de julio de 2009) - Las autoridades iraníes están recurriendo a la dureza en interrogatorios prolongados, con palizas, privación de sueño y amenazas de tortura, para extraer confesiones falsas a personas detenidas desde las cuestionadas elecciones presidenciales del 12 de junio, señaló hoy Human Rights Watch. Las confesiones parecen diseñadas para sustentar las acusaciones infundadas de los altos funcionarios de Irán de que las protestas posteriores a las elecciones, en las que han muerto al menos 20 personas, recibieron el apoyo de potencias extranjeras y tenían el objetivo de derrocar al Gobierno.

"El Gobierno de Irán está desesperado por justificar sus ataques salvajes contra manifestantes pacíficos", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. "¿Qué mejor excusa puede tener que confesiones sobre conspiraciones extranjeras, extraídas a golpes a los detenidos?"

Human Rights Watch ha recopilado declaraciones de los detenidos después de su puesta en libertad que demuestran cómo las autoridades están maltratando y amenazando a presos con la intención deliberada de obtener confesiones falsas.

Un muchacho de 17 años, detenido el 27 de junio y puesto en libertad el 1 de julio, contó a Human Rights Watch cómo su interrogador durante la detención obligó a él y a otros a firmar una confesión en blanco:

"El primer día, el interrogador me llevó a un estacionamiento con los ojos vendados. Nos tuvieron a todos de pie durante 48 horas sin permitirnos dormir. La primera noche, nos ataron las manos y nos golpearon repetidamente con un bastón a nosotros y a otros presos. No dejaron de insultar a los presos. El ambiente era aterrador. Todos se habían mojado los pantalones a causa del miedo y el estrés. Había niños de tan sólo 15 años y hombres de hasta 70 años; lloraban suplicando piedad, pero los guardias no se inmutaron.

"Después de dos días de interrogatorio con los ojos vendados, nos preguntaron de todo: dónde habíamos estudiado, que hacían nuestros padres, por quién votábamos, quién tenía estudios en la familia, si alguien de nuestra familia formaba parte de las fuerzas armadas. Nos obligaron a darles los nombres de todos. Era una situación muy aterradora porque nos amenazaban y nos trataban con mucha dureza. Lo único que podíamos oír eran los llantos y los gritos de otras personas.

"Una vez nos dieron un gran trozo de pan, pero nada de agua. El último día, nos quitaron la venda de los ojos para obligarnos a firmar un papel en blanco en la parte de arriba y que abajo tenía escrito: ‘Estoy de acuerdo con todo lo declarado anteriormente'".

Altos funcionarios iraníes han dicho que los detenidos han confesado su participación en una conspiración apoyada desde el extranjero para derrocar al Gobierno con una revolución "de terciopelo". El 2 de julio, Mojtaba Zolnour, representante del líder supremo ayatola Ali Jamenei en la Guardia Revolucionaria, señaló que todos los detenidos destacados, menos uno, ya habían confesado. Durante su sermón religioso del viernes 3 de julio, el ayatola Ahmad Jannati, alto miembro del Consejo de Guardianes, señaló que el Gobierno iba a hacer públicas algunas de las confesiones de los detenidos.

Los medios de comunicación estatales ya han emitido las confesiones de algunos detenidos. El 27 de junio, Amir Hossein Mahdavi, director del diario reformista Andishe No, confesó en la televisión iraní que los grupos reformistas habían diseñado planes para generar inestabilidad después de las elecciones del 12 de junio. Los amigos de Mahdavia que vieron su confesión dijeron a Human Rights Watch que su actitud demostraba claramente que había confesado bajo presión.

Uno de los detenidos a los que obligaron a aparecer recientemente en la televisión iraní es el corresponsal de Newsweek en Irán, Maziar Bahari. Fue detenido el 21 de junio y se cree que está recluido en la prisión de Evin en Teherán, en la que Human Rights Watch ha documentado casos de tortura y maltrato a presos en años anteriores. No le han permitido ver a un abogado o a su anciana madre, con la que vive. No se han formulado cargos contra Bahari, quien tiene doble ciudadanía iraní y canadiense.

El 30 de junio, la agencia semioficial de noticias Fars informó que Bahari había dado una conferencia de prensa en la que confesó que los medios de comunicación occidentales habían intentado organizar un levantamiento en Irán similar a la "Revolución de Terciopelo" de 1989 en Checoslovaquia, y confesó su participación en el encubrimiento de dichas "manifestaciones ilegales". Newsweek ha defendido enérgicamente la inocencia de Bahari y reclamado su puesta en libertad inmediata.

Vajiheh Marsousi, esposa del intelectual disidente Saeed Hajjarian, a quien las autoridades arrestaron el 15 de junio, cree que está siendo sometido a una intensa presión para firmar una confesión falsa. Después de visitarle en la prisión de Evin, cree que su vida corre peligro a causa de su mala salud y la falta de atención médica en la cárcel.

Sigue filtrándose información sobre el maltrato a detenidos iraníes. Un testigo que visitó el Tribunal Revolucionario el 1 de julio dijo a Human Rights Watch:

"Había cientos de familiares de presos a la entrada del tribunal. En una pared del tribunal había una hoja de papel con los nombres de 1,349 presos. Era la lista de las personas que iban a ser puestas en libertad pronto por el tribunal. Había otra hoja con 223 nombres. En ella se decía que las autoridades todavía estaban investigando a esas personas y que sus familias debían regresar en un par de semanas. En las pocas horas que pasé a la entrada del tribunal, pude presenciar la puesta en libertad de varias personas. Casi todas ellas tenían moratones en la cara y las manos. Algunos familiares se pusieron a llorar cuando vieron a sus hijos e hijas en tales condiciones, otros afirmaron que sus hijos o hijas habían desaparecido y sus nombres no estaban en las listas".

Las autoridades han detenido a miles de personas en una campaña de represión nacional con el objetivo de poner fin a las masivas protestas callejeras que comenzaron en Teherán y otras ciudades el 13 de junio, después de que los resultados oficiales de las elecciones del 12 de junio anunciaran la reelección con una ventaja abrumadora del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Aunque las autoridades pusieron en libertad posteriormente a muchos de los detenidos, han seguido realizando nuevos arrestos. Human Rights Watch ha recopilado los nombres de 450 personas arrestadas por las fuerzas de seguridad desde el 13 de junio, entre ellas más de un centenar de personalidades políticas, periodistas, defensores de los derechos humanos, académicos y abogados.

La mayoría de los presos más conocidos llevan incomunicados hasta tres semanas sin acceso a abogados o familiares, lo que despierta graves preocupaciones por el posible maltrato y presiones para extraer confesiones falsas.

En el pasado, el Gobierno iraní ha sometido con frecuencia a presos políticos a varias formas de presión, que incluyen palizas, privación de sueño, aislamiento, tortura y amenazas de tortura con la intención de obligarles a realizar confesiones que luego han hecho públicas, con el fin de criminalizar y desacreditar a los críticos con el Gobierno.

Teniendo en cuenta este historial de abusos, los familiares, amigos y colegas profesionales de varios detenidos destacados con los que se puso en contacto Human Rights Watch manifestaron su preocupación por el maltrato probable durante su detención y la posibilidad de que les obligaran a realizar confesiones falsas.

El derecho internacional de derechos humanos protege claramente a los detenidos del maltrato, lo que incluye las "confesiones" forzadas. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Irán, declara que toda persona acusada de un delito tiene derecho "a ser asistida por un defensor de su elección" y "a no ser obligada a declarar contra sí misma ni confesarse culpable". El principio 21 del Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión dispone que "ninguna persona detenida será sometida, durante su interrogatorio, a violencia, amenazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o su juicio". Una regla fundamental del derecho internacional de derechos humanos es la exclusión obligatoria de todas las pruebas, incluidas las confesiones, obtenidas mediante tortura u otra forma de maltrato.