President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20500
De mi mayor consideración
Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de transmitirle algunas observaciones sobre los derechos humanos en Colombia antes de su encuentro el 29 de julio con el Presidente de Colombia Álvaro Uribe.
Nuestra organización ha seguido de cerca la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia durante décadas. Tenemos graves preocupaciones por el record y el compromiso del gobierno de Uribe con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Lamentablemente, durante años, el gobierno de Bush en Estados Unidos prestó un apoyo prácticamente incondicional al gobierno colombiano e ignoró muchas políticas y acciones dañinas del gobierno de Uribe.
Es probable que el Presidente Uribe aspire a que continúen las políticas de Bush, mediante una rápida ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia y el continuo flujo de altos montos de asistencia militar desde Estados Unidos. Le solicitamos que se mantenga firme en la postura que S.E. adoptó durante la campaña presidencial y que deje en claro que -independientemente del vínculo estrecho que mantengan Estados Unidos y Colombia- el apoyo de su gobierno al TLC dependerá de si los trabajadores de Colombia pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados. También lo instamos a que deje claro que Estados Unidos exigirá el cumplimiento de las condiciones existentes de derechos humanos a las cuales está supeditada la ayuda militar, y que el futuro de dicha asistencia depende del respeto que muestren el gobierno colombiano y, en especial, los militares por los derechos de la población civil.
Esperamos que también aproveche esta oportunidad para expresar al Presidente Uribe la importancia de actuar de conformidad con principios básicos democráticos y de derechos humanos, incluido el respeto por la separación de poderes y el papel de la sociedad civil. A continuación, incluimos algunos antecedentes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y describimos algunos de los problemas más graves de derechos humanos que esperamos que discuta con el Presidente Uribe.
Situación general de los derechos humanos en Colombia
Durante décadas, Colombia ha estado inmersa en un cruento conflicto armado interno que involucra a las guerrillas de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), escuadrones de la muerte paramilitares (denominados anteriormente Autodefensas Unidas de Colombia o AUC) y las fuerzas armadas colombianas. Las guerrillas y los paramilitares integran la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras elaborada por Estados Unidos. Los paramilitares han participado activamente durante años en el narcotráfico, y se cree que también las guerrillas se benefician cada vez más con esta actividad. Todos los grupos armados cometen abusos contra los civiles. Como resultado, más de 3 millones de colombianos (sobre una población de alrededor de 40 millones) han sido obligados a abandonar sus hogares. A nivel mundial, Colombia se ubica inmediatamente después de Sudán en cuanto al número de desplazados internos. Miles de personas han sido víctimas de asesinatos, "desapariciones" forzadas, secuestros, violaciones sexuales y torturas.
Habitualmente, el gobierno de Bush justificaba su apoyo prácticamente incondicional a su par colombiano apelando a la reducción de algunos indicadores fundamentales de violencia registrada en los últimos años. El índice de secuestros, homicidios y masacres es, de hecho, significativamente menor respecto de los niveles altísimos alcanzados alrededor de 2002, lo cual representa un hecho positivo.
En cierta medida, el cambio es una consecuencia de que las fuerzas armadas colombianas expulsaron a las FARC de las principales ciudades y carreteras en las cuales secuestraban a civiles y cometían otros abusos visibles.
Pero las cifras también han cambiado como resultado de que, luego de una sangrienta campaña de expansión signada por frecuentes masacres de civiles, las mafias paramilitares (que han colaborado históricamente con altos funcionarios y unidades de las fuerzas militares colombianas) consolidaron su control sobre extensos sectores del país. Una vez que tomaron el control, los paramilitares lo mantuvieron principalmente mediante amenazas y asesinatos selectivos. También se infiltraron con fuerza en el sistema político, manipulando las elecciones y comprando o amenazando a los candidatos para conseguir un alto grado de incidencia en los gobiernos locales y regionales y en el gobierno nacional. Actualmente, más de 70 miembros del Congreso colombiano están siendo investigados penalmente o han sido condenados por su supuesta colaboración con los paramilitares. Casi todos estos congresistas pertenecen a la coalición del Presidente Uribe en el Congreso, y el gobierno de Uribe ha tomado medidas en reiteradas oportunidades que podrían frustrar las investigaciones y desacreditar a los magistrados de la Corte Suprema que las han impulsado.
Mientras tanto, ciertos otros indicadores de abusos se han mantenido constantes o han mostrado una tendencia ascendente. La cantidad de presuntas ejecuciones de civiles por parte del Ejército creció vertiginosamente en los últimos años. Las FARC han continuado utilizando niños soldados y cometiendo asesinatos en zonas más remotas, y también han intensificado el uso de minas antipersonales. Luego de disminuir durante algunos años, el número de asesinatos de sindicalistas se ha incrementado el año pasado. Las cifras de desplazamiento interno actualmente se aproximan a los niveles máximos de 2002, con 380.000 nuevos desplazados durante 2008, según estadísticas confiables elaboradas por CODHES (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), la principal ONG de Colombia que monitorea los desplazamientos.
Vigilancia ilegítima y agresiones contra críticos y la Corte Suprema
En febrero de 2009, Semana, una de las principales revistas de noticias colombianas, informó que el servicio de inteligencia nacional (el Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como DAS), que depende directamente del Presidente Uribe, durante años ha estado llevando a cabo un gran número de interceptaciones ilegales de teléfonos y mensajes de correo electrónico, y la vigilancia de los opositores al gobierno de Uribe. El Presidente Uribe niega haber ordenado este tipo de vigilancia ilícita y ha insinuado que estas prácticas estuvieron dirigidas a integrantes de su gobierno y de la oposición por igual. No obstante, los resultados iniciales de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación indican que las interceptaciones se enfocaron casi en su totalidad en figuras políticas de la oposición, como el ex Presidente César Gaviria y el candidato presidencial Rafael Pardo, magistrados de la Corte Suprema que investigaban la infiltración de las mafias paramilitares en el Congreso colombiano, periodistas independientes, sindicatos y ONG de derechos humanos.
Estos actos ilícitos forman parte de un patrón mucho más amplio de agresiones verbales y actos de intimidación contra quienes lo critican por parte del Presidente Uribe y de algunos altos funcionarios del gobierno. El Presidente Uribe ha formulado acusaciones infundadas contra sus opositores en varias oportunidades, y a menudo ha vinculado el trabajo legítimo llevado a cabo en el ámbito de los derechos humanos, el periodismo o los sindicatos con las FARC, desacreditando y poniendo en peligro a quienes ataca.
Por ejemplo, en febrero de 2009, Uribe se refirió a la existencia de un "bloque intelectual de las FARC" que habla de derechos humanos "para atemorizar a [los] soldados y policías [de Colombia]" y que viaja a Europa y Estados Unidos para expresar su oposición al TLC. Uribe realizó este comentario público justo una semana antes de que varios colombianos distinguidos, entre ellos un ex juez, viajaran a Estados Unidos para declarar ante el Congreso de dicho país acerca de la violencia contra sindicalistas, un tema clave para el debate sobre el TLC en Estados Unidos.
Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional emitieron informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en octubre de 2008. Luego de la publicación de los informes, el Presidente Uribe acusó a Amnistía Internacional de "ceguera", "fanatismo" y "dogmatismo". También acusó públicamente a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, de ser "defensor" y "cómplice" de la guerrilla de las FARC.
En los últimos años, Uribe se ha referido a los sindicalistas como "delincuentes disfrazados de sindicalistas". También ha arremetido contra la Corte Suprema de su país, que ha dirigido las paradigmáticas investigaciones sobre la infiltración paramilitar en el gobierno colombiano (las investigaciones de la "parapolítica"), acusando a algunos de sus miembros de representar al "terrorismo". Ha calificado a los políticos de la oposición como "terroristas vestidos de civil". Y ha acusado al magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, a cargo de la coordinación de las investigaciones de la "parapolítica", de intentar incriminarlo por asesinato ofreciendo beneficios ilícitos o indebidos a un paramilitar encarcelado a cambio de que testifique en contra de Uribe (una investigación de la Fiscalía General de la Nación comprobó posteriormente que, en realidad, era Velásquez quien había sido víctima de un montaje por el paramilitar y otros involucrados). Luego de que Velásquez fuera desligado de estas acusaciones el año pasado, la revista Semana reveló que varios de los principales asesores de Uribe se reunieron en el Palacio Presidencial con otro líder paramilitar para analizar presuntas pruebas contra Velásquez (las cuales también resultaron ser falsas).
En un país como Colombia, donde los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, los periodistas y los jueces a menudo han sido asesinados por su trabajo, este tipo de acusaciones por parte del presidente pueden poner en riesgo a las personas contra quienes están dirigidas. En un sentido más amplio, estas declaraciones generan un clima de intimidación que puede inhibir el debate público y la crítica a las políticas del gobierno. Además, plantean serios interrogantes acerca del respeto del gobierno de Uribe por el pluralismo democrático.
Lo instamos a que transmita al Presidente Uribe la profunda preocupación de Estados Unidos frente a la vigilancia ilegítima por parte del servicio de inteligencia, así como por sus repetidas agresiones verbales contra sus opositores y contra quienes investigan la influencia paramilitar en el estado.
Asesinato de civiles por el Ejército
En los últimos años, se ha registrado un incremento significativo de la cantidad de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Según ha sido documentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por numerosas organizaciones de derechos humanos y, más recientemente, por el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, miembros del Ejército, ante la presión por demostrar resultados, se llevan a civiles de su vivienda o lugar de trabajo, los asesinan y luego los visten para simular que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos para así incrementar el número de bajas reportadas.
Estas supuestas ejecuciones se han producido en todo el país e involucran a diversas brigadas del Ejército. La Fiscalía General de la Nación aparentemente estaría investigando más de 1.000 casos de este tipo, que afectaron a más de 1.700 víctimas durante los últimos años.
Durante años, el Presidente Uribe negó públicamente que existiera este problema, y acusó a los grupos de derechos humanos que denunciaban estos asesinatos de ayudar a la guerrilla en una campaña para desacreditar a los militares. Luego de un escándalo mediático desatado en septiembre de 2008 en relación con la ejecución de varios jóvenes oriundos de Soacha, un barrio de bajos recursos de Bogotá, Uribe apartó de las fuerzas militares a 27 de sus integrantes, incluidos tres generales. Desde entonces, se han producido más destituciones. Sin embargo, el Presidente Uribe continúa afirmando que se trata de unos pocos casos aislados, y ha hecho hincapié en que hay sólo "22 casos probados" y en que existen centenares de "falsas acusaciones".
Mario Montoya, comandante del Ejército, quien había sido acusado de cometer abusos y mantener vínculos con los paramilitares, renunció en noviembre de 2008 después del escándalo de Soacha. Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana. El remplazo de Montoya, el supuesto protegido General Oscar González Peña, comandó la 4.°Brigada del Ejército en la época en que se registró la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales en el país.
El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales visitó Colombia en junio. Entre sus primeras conclusiones, señaló que "la cantidad de casos, su alcance geográfico y la diversidad de unidades militares implicadas indican que estos asesinatos fueron perpetrados de manera relativamente sistemática por una cantidad significativa de militares". Afirmó que el sistema de justicia militar colombiano agrava el problema al obstaculizar que los casos de derechos humanos sean remitidos al sistema de justicia ordinaria. Su informe final abordará esta y otras cuestiones, como el posible ofrecimiento de incentivos a los militares que participan en los asesinatos.
Las ejecuciones, que fueron calificadas por el Relator Especial como "el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes con fines de lucro", representan una de las prácticas abusivas más graves por parte de agentes del estado que hayamos documentado en América Latina durante los últimos años. La frecuencia de las ejecuciones, la falta de reconocimiento por parte del Presidente Uribe de la gravedad y el alcance del problema, y el hecho que no haya adoptado medidas suficientes para prevenirlo, deberían sembrar dudas acerca del fin que se da a la asistencia militar estadounidense y de la efectividad de la asistencia continua. Lo instamos a que trasmita esta preocupación al Presidente Uribe y a que le exija que adopte medidas inmediatas y significativas para poner fin a esta práctica.
Violencia contra sindicalistas e impunidad
Colombia registra el mayor número de asesinatos de sindicalistas de todo el mundo. Según datos obtenidos por la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal organización colombiana dedicada a los derechos de los sindicalistas, más de 2.700 sindicalistas habrían sido asesinados desde 1986. Luego de alcanzar niveles máximos en la década de 1990, el índice de asesinatos se redujo durante varios años, pero ha vuelto a ascender, pasando de 39 asesinatos en 2007 a 49 en 2008, según las cifras de la ENS (las estadísticas del gobierno colombiano son en general más bajas, ya que, entre otras razones, excluyen a los miembros de los sindicatos de maestros). Los asesinatos continuaron durante este año: la ENS había registrado 20 asesinatos de sindicalistas hasta mediados de junio de 2009.
La impunidad por los asesinatos es la norma. En marzo de 2009, el Fiscal General de la Nación informó que desde 2000 se habían dictado 184 condenas en casos de violencia contra organizaciones sindicales. Esta cifra refleja un importante incremento en la cantidad de condenas a partir de 2007, cuando se hizo evidente que la impunidad de estos casos constituía un obstáculo para la ratificación del TLC, y la Fiscalía General de la Nación creó un grupo especializado de fiscales con el propósito de reabrir muchos de estos casos que no habían sido investigados. No obstante, el 96 por ciento de los asesinatos todavía no han sido resueltos. Aún manteniendo el promedio actual de condenas, los fiscales demorarían 37 años en ponerse al día con los casos pendientes.
Como explicó Human Rights Watch en detalle en su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos este año, existen motivos justificados para dudar de la seriedad del compromiso de reducir la impunidad en el largo plazo[1]. Por ejemplo, los fiscales especializados sólo están investigando un pequeño grupo del total de casos, y carecen de un plan claro para revisar los casos restantes. Además, muchas de las condenas obtenidas involucran a paramilitares que están participando en el denominado proceso de la Ley de Justicia y Paz. Conforme a este proceso, y a cambio de que se reduzcan drásticamente las penas a entre cinco y ocho años de prisión por todos sus crímenes, los paramilitares supuestamente desmovilizados asumen su responsabilidad por diversos delitos, incluido el asesinato de sindicalistas. Pero, generalmente, no explican las circunstancias en las cuales se cometieron los crímenes. Como resultado de esto, las condenas no ayudan mucho a esclarecer la verdad sobre los asesinatos ni a impulsar la justicia. Asimismo, es muy probable que una vez que termine el proceso de Justicia y Paz la cantidad de condenas nuevas se reduzca nuevamente.
Si bien algunos de los asesinatos pueden atribuirse a las fuerzas militares, las guerrillas o el delito común, la mayor parte son cometidos por paramilitares, quienes han estigmatizado tradicionalmente a los sindicalistas como colaboradores de la guerrilla. Como se explicó previamente, las mafias paramilitares continúan activas y aún representan una amenaza para los sindicalistas, quienes actualmente no pueden ejercer plenamente sus derechos sin temor a ser amenazados o asesinados.
Le pedimos que explique claramente al Presidente Uribe que el progreso del TLC depende de que Colombia muestre un cambio significativo, concreto y sostenido en este patrón de violencia e impunidad.
Nuevos grupos paramilitares
El gobierno de Uribe afirma que los grupos paramilitares se han desmovilizado. Sin embargo, como ha sido documentado en varias publicaciones de Human Rights Watch, el proceso de desmovilización implementado por el gobierno de Uribe tuvo graves defectos. Luego de concluido, importantes sectores de los grupos paramilitares se mantuvieron activos y surgieron numerosos grupos nuevos, a menudo bajo el mando de jefes paramilitares de rango medio. Los grupos que existen actualmente aplican métodos similares a los de los antiguos grupos paramilitares, y recurren a amenazas, asesinatos selectivos y al desplazamiento forzado de civiles.
La intensificación de las actividades y los conflictos entre estos grupos explica el incremento de varios indicadores de violencia durante los últimos años, incluido el aumento importante de los desplazamientos forzados en el país. Por ejemplo, luego de mermar durante varios años, la violencia ha escalado abruptamente en la ciudad de Medellín, donde el número de asesinatos pasó de 771 en 2007 a 1044 en 2008; este incremento del 35 por ciento refleja, en gran medida, las actividades de nuevos grupos. El ex jefe de la Fiscalía General de la Nación en Medellín, y hermano del Ministro del Interior de Uribe, está siendo investigado penalmente por supuestos vínculos con estos grupos.
El poder de estos nuevos grupos puede relacionarse directamente con el fracaso del proceso de desmovilización, que nunca abordó la cuestión central de cómo identificar y juzgar a los cómplices de los grupos paramilitares, es decir, las personas que los financian y sus colaboradores en las fuerzas militares y el sistema político. Por el contrario, cuando algunas instituciones de Colombia -entre ellas, principalmente, la Corte Suprema de Justicia-han intentado investigar los vínculos entre políticos y paramilitares, el Presidente Uribe profirió ataques públicos contra ellas.
Lo instamos a que explique claramente al Presidente Uribe que Estados Unidos considera a estos nuevos grupos paramilitares como una grave amenaza para la seguridad, los derechos humanos y la democracia en Colombia, la cual debe ser enfrentada con la misma firmeza que las FARC. También le pedimos que subraye el papel fundamental que tienen las instituciones de justicia en la desarticulación de estas mafias, y la importancia de que sean respetadas.
Le agradecemos enormemente su consideración de estas graves cuestiones. Esperamos poder colaborar con S.E. en la definición de una política estadounidense efectiva y consecuente con principios democráticos y de derechos humanos frente a Colombia.
Atentamente,
Kenneth Roth
Director Ejecutivo
[1] Declaraciones de María McFarland Sánchez-Moreno, Audiencia sobre Examining Workers' Rights and Violence against Labor Union Leaders in Colombia, [Análisis de los derechos de los trabajadores y la violencia contra dirigentes sindicales en Colombia] Cámara de Representantes de Estados Unidos, Comisión sobre Educación y Trabajo, 12 de febrero de 2009.
