(Ammán) - Jordania debe poner fin a la detención administrativa y abolir la Ley de Prevención del Delito, que autoriza dicha práctica, dijo Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy.

El informe de 56 páginas,“Guests of the Governor: Administrative Detention Undermines Rule of Law in Jordan” (Los invitados del Gobernador: La detención administrativa socava el Estado de derecho en Jordania", detalla cómo los gobernadores y otros funcionarios eluden sistemáticamente el sistema de justicia penal, cuando detienen a personas por orden administrativa y sin revisión judicial. La práctica se utiliza en contra de las víctimas de delitos, enemigos personales y de personas liberadas por los tribunales.

"Los gobernadores y otros altos funcionarios no deben tener la posibilidad de encerrar a personas basados en sospechas vagas de mal comportamiento", dijo Joe Stork, director adjunto de la división de Oriente Medio de Human Rights Watch. "Esta es una invitación al abuso".

Hay más de 10,000 casos nuevos de detención administrativa cada año, y los detenidos administrativos ascienden a uno de cada cinco reclusos en las cárceles de Jordania.

En 1989, Jordania rescindió la ley marcial, pero desde entonces, los gobernadores, que responden al Ministerio del Interior, han revivido el uso de la Ley de Prevención del Delito de 1954. La ley permite la detención por medio de un simple acto administrativo, sin tener que mostrar, mucho menos probar, que se ha cometido un delito. La Ley de Prevención del Delito otorgar a los gobernadores la facultad de detener a las personas que son "un peligro para la gente", un término demasiado vago que abre la puerta al abusos rutinario.

Los gobernadores con frecuencia dictan órdenes en contra de los presos cuyas condenas se han cumplido, personas detenidas bajo la sospecha de un crimen pero a quienes los jueces han concedido la libertad bajo fianza, y en contra de personas que puedan tener previas condenas penales. Los gobernadores y la policía con frecuencia recurren a la detención administrativa para evitar enviar a los sospechosos de delito a su procesamiento y juicio en el marco del sistema ordinario de justicia penal, que les otorga derechos que los detenidos administrativos no tienen. Estos derechos incluyen la presunción de inocencia, la revisión judicial de la detención preventiva, y un juicio justo basado en las pruebas en su contra.

"Los gobernadores no deben tener la posibilidad de anular a los tribunales mediante el encarcelamiento de las personas a quienes los jueces han concedido libertad", dijo Stork.

En una aplicación perversa de la ley, los gobernadores han encarcelado a las víctimas de los crímenes en lugar de a los perpetradores. Algunas mujeres amenazadas con violencia familiar han pasado más de diez años en detención administrativa, presuntamente para su propia "protección". Los gobernadores han detenido igualmente a víctimas de amenazas de venganza tribal.

Otra categoría de personas sujetas a detención administrativa arbitraria son las mujeres sospechosas de "comportamiento inmoral", incluidas las mujeres que son encontradas solas en la presencia de un hombre con quien no tienen lazos familiares. Vendedores ambulantes, por lo general hombres, son también susceptibles a la detención administrativa. En varios casos, los gobernadores o sus asistentes abusaron de sus poderes de detención arrestando a personas en contra de las cuales tenían un resentimiento personal.

El gobierno ha ignorado las peticiones en los últimos cuatro años de activistas de derechos de Jordania, incluyendo el Centro Nacional para los Derechos Humanos, de revisar la práctica de la detención administrativa.

La duración de la detención administrativa no es fija. Los detenidos administrativos comúnmente realizan huelgas de hambre para tratar de buscar una revisión de sus casos, debido a que el desafiar sus detenciones ante el tribunal, aun cuando es posible, es costoso. Los guardianes de prisión a menudo niegan el acceso al agua a los prisioneros que se encuentran en huelga de hambre, en violación a las normas de prisión internacionales, con el fin de acortar la duración de las huelgas.

"Los gritos de liberación de los detenidos administrativos bajo huelgas de hambre son el rostro humano de la ruptura de una supervisión judicial independiente por encima de los poderes de los gobernadores de detener a las personas casi a voluntad", dijo Stork.