(Nueva York) – El presidente de EE.UU., Barack Obama, pronunció una elocuente defensa de las razones de seguridad nacional para respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, pero su propuesta de continuar la detención sin juicio de los sospechosos de terrorismo es contrario a los principios que respaldó, dijo Human Rights Watch hoy. Obama socavó dichos principios al insistir que las comisiones militares podrían ser un medio justo y creíble de administrar justicia.
Obama reiteró su decisión de cerrar la prisión de Guantánamo enfatizando acertadamente que la seguridad nacional de EE.UU. se fortalecerá cuando sus acciones sean coherentes con los valores más fundamentales del país. A pesar de la presión del Congreso contra el plan del cierre, Obama se mantuvo firme en su promesa de "limpiar el desorden en Guantánamo" buscando soluciones alternativas para los detenidos en este lugar. Sin embargo, su propuesta de crear un marco jurídico para la detención prolongada sin juicio socava el Estado de derecho.
"El presidente Obama insistió en que sus políticas de seguridad representan un ‘nuevo rumbo’ respecto a las políticas de los últimos ocho años y, sin embargo, respaldó hoy la detención indefinida sin juicio", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "No sólo fue la detención indefinida en un elemento central del enfoque equivocado y abusivo del gobierno de Bush en la lucha contra el terrorismo, es también profundamente incompatible con los valores que Obama defendió en su discurso."
Human Rights Watch dice que la creación de un régimen de detención indefinida sin juicio, crearía un vacío evidente en el sistema de justicia de EE.UU., y sentaría un precedente peligroso para otros tipos de procesamientos. Asimismo, serviría de inspiración para los gobernantes abusivos de todo el mundo que habitualmente dependen de la detención preventiva como una forma de neutralizar a su oposición política.
Obama dijo que su gobierno trabajará con el Congreso en elaborar una legislación para establecer un "régimen jurídico adecuado" para detener sin juicio a sospechosos de terrorismo. Dijo que en el marco se incluirían procedimientos claros, normas justas, y un exhaustivo proceso de revisión periódica, lo que representaría una mejora en el sistema de detención arbitraria utilizado durante el gobierno Bush.
En el debate sobre el enjuiciamiento de los detenidos en Guantánamo, Obama dejó claro que la preferencia del gobierno sería procesarlos en los tribunales federales de EE.UU.. Las comisiones militares se utilizarían sólo cuando no sea factible llevar un caso ante un tribunal federal, y sólo para los detenidos implicados en violaciones de las leyes de la guerra. Human Rights Watch dijo que revisar el sistema de comisiones militares creado desde cero por el gobierno de Bush podría socavar los derechos básicos de los acusados y causar demoras en la administración de justicia.
Human Rights Watch elogió al gobierno de Obama por subrayar la fuerza de su compromiso con los juicios civiles mediante la transferencia del sospechoso de terrorismo, Ahmed Ghailani, a Nueva York para su juicio en una corte federal de EE.UU.. Ghailani, implicado en los atentados en la embajada en África de 1998, fue acusado ante una comisión militar en octubre de 2008.
Obama también desvió los esfuerzos para investigar los abusos del pasado, reiterando su opinión de que el país debe "centrarse en el futuro", en lugar de gastar su esfuerzo mirando hacia el pasado. El ex vicepresidente Dick Cheney estuvo de acuerdo en ese punto, en un discurso que se dedicó principalmente a cuestionar las afirmaciones de Obama y a justificar larga y detalladamente los abusos del gobierno de Bush. Asimismo, debilitando las propuestas para una llamada “Comisión de la Verdad” y afirmando que los abusos del pasado no deben ser procesados, Cheney argumentó que cualquier esmero en investigar distraerá de los esfuerzos actuales por proteger la seguridad nacional. También siguió insistiendo en que las políticas abusivas de Bush fueron los medios más eficaces para garantizar la seguridad del país.
"Puede ser muy tentador voltear la página hacia las políticas de la era de Bush, pero EE.UU. no será capaz de poner fin a la tortura a menos que lleve ante la justicia a quienes planearon y autorizaron esos abusos," dijo Roth.
Al abordar la rendición de cuentas respecto a las políticas de lucha contra el terrorismo de la era Bush, Obama dijo que el Departamento de Justicia "y nuestros tribunales pueden trabajar y castigar cualquier violación de nuestras leyes". Human Rights Watch instó al fiscal general, Eric Holder, a cumplir con esta declaración e instituir investigaciones criminales para las denuncias de abusos cometidos por funcionarios de EE.UU..
Obama también habló de su decisión de evitar la publicación de las fotos que muestran los abusos contra los detenidos bajo custodia de EE.UU. en Iraq y Afganistán, una decisión a la que Human Rights Watch se opone. Obama afirmó que los autores de los abusos en dichas fotos “fueron investigados y rindieron cuentas", pero tales investigaciones se centraron exclusivamente en el personal de bajo nivel e ignoraron a los altos funcionarios que formularon dichas políticas abusivas. Si bien su preocupación por la protección del personal militar de EE.UU. en Iraq y Afganistán es legítima, Obama debe estar consciente de que el verdadero peligro no proviene de comprobar aun más que los abusos ocurrieron, sino de la sensación generalizada de que los funcionarios encargados de la planificación y la autorización de los abusos no han rendido cuentas.
Otro elemento importante del discurso de Obama fue su promesa de iniciar una revisión de las políticas de clasificación de EE.UU. y la utilización del privilegio de los "secretos de Estado". Human Rights Watch ha venido pidiendo desde hace tiempo al gobierno de EE.UU. divulgar información acerca de las políticas abusivas y criminales de la lucha contra el terrorismo en lugar de proteger esa información mediante el mal uso de los poderes de clasificación. Del mismo modo, Human Rights Watch ha defendido que el gobierno adopte una interpretación específica del privilegio de secretos de Estado, una que no expulse casos meritorios de los tribunales.
Human Rights Watch elogió la perspectiva de Obama sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, y pidió al Presidente que se asegure de que sus políticas sean coherentes con la visión que apoyó.
"Aplaudimos el enfoque de principios en la lucha contra el terrorismo que Obama articuló de manera tan elocuente, pero nos preocupa que la agenda específica que Obama presentó dista mucho de esos principios", dijo Roth.
