Las oficinas centrales del JATT se encuentran en la cima de la Colina de Kololo en un suburbio de Kampala. En los dos últimos años, más de 100 personas han sido detenidas ilegalmente en este lugar.

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(Kampala) – El gobierno de Uganda debe tomar medidas urgentes para poner fin a la detención ilegal y tortura por parte de su unidad antiterrorista, Human Rights Watch dijo en un informe publicado hoy.

El reporte de 89 páginas, "Open Secret: Illegal Detention and Torture by the Joint Anti-terrorism Task Force in Uganda," (Secreto Abierto: Detenciones ilegales y tortura por el Grupo de Trabajo Conjunto Antiterrorista en Uganda) documenta las respuestas abusivas del grupo de trabajo a supuestas actividades rebeldes y terroristas deteniendo ilegalmente y torturando brutalmente a sospechosos. Human Rights Watch encontró que los agentes del JATT, como se les conoce, llevan a cabo detenciones usando vestimenta civil, sin insignias de identificación y no informan a los sospechosos de los motivos de su detención. Los agentes introducen a los sospechosos mediante la fuerza a vehículos sin identificación oficial, esposados y con los ojos vendados, y los llevan a la sede del JATT en Kololo, un suburbio adinerado de Kampala. Muchos de ellos son llevados a la sede de inteligencia militar en Kitante para someterlos a más interrogatorios brutales.

"Rodeado de residencias de embajadores y lujosas mansiones en Kololo, el JATT detiene y golpea a sospechosos y los mantiene detenidos por meses sin contacto alguno con sus familias o abogados”, dijo Georgette Gagnon, directora de la división de África en Human Rights Watch. "Uganda usa convenientemente el amplio manto de la lucha contra el terrorismo para abusar y torturar a los sospechosos”.

Human Rights Watch encontró que durante los últimos dos años, la unidad detuvo ilegalmente a más de 100 personas y torturó al menos a 25 durante los interrogatorios. Cuatro de ellos murieron a causa de las heridas, y el paradero de otras cinco personas que se encontraban bajo custodia de la unidad, permanece desconocido. Human Rights Watch dijo que el gobierno ha fallado en llevar ante la justicia a los miembros del JATT responsables de los abusos. El gobierno tiene el deber tanto de poner fin a estas prácticas como de enjuiciar a los responsables, dijo Human Rights Watch.

Los donantes de los esfuerzos de seguridad de Uganda, tales como Estados Unidos y el Reino Unido, los cuales están entrenando y apoyando las operaciones de lucha antiterrorista de Uganda, deben trabajar para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todos los sospechosos. Estos donantes deben retener el financiamiento relacionado con la lucha antiterrorista a las fuerzas de seguridad ugandesas hasta que el gobierno de Uganda investigue los abusos cometidos por el JATT y por los Jefes de Inteligencia Militar (CMI por sus siglas en inglés) y procese en su caso a aquellos que se encuentren involucrados.

El JATT es una operación conjunta, formada en 1999, que obtiene su personal de la policía, organizaciones de inteligencia internas y externas, y de la inteligencia militar. La unidad no tiene un mandato reglamentado, a pesar de que la Constitución de Uganda requiere que cualquier servicio de inteligencia sea establecido a través de una ley del parlamento.

La unidad aparentemente define su misión de lucha antiterrorista en los términos más amplios. La mayoría de los sospechosos detenidos por la unidad son musulmanes, que son minoría en una nación mayoritariamente cristiana, y se les acusa de alguna participación con las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF por sus siglas en inglés), un grupo rebelde ugandés basado en el Congo. Otros sospechosos incluyen a personas con presuntos vínculos con sospechosos de Al-Qaeda. A pesar de que muchos detenidos han sido liberados sin cargos, algunos han sido acusados de terrorismo o traición a la patria. Ninguno de los acusados ha tenido un juicio, aunque algunos han estado detenidos por largo tiempo en prisión. Algunos ex detenidos dijeron a Human Rights Watch que personal del JATT los forzó a buscar amnistía del gobierno –permitida bajo la ley de Uganda para los acusados de determinados crímenes,- pero aquellos amnistiados terminan siendo estigmatizados como rebeldes

El reporte está basado en entrevistas extensivas que Human Rights Watch sostuvo con más de 80 testigos, familiares de detenidos y victimas, incluyendo a 25 ex detenidos de la sede de Kololo, quienes describieron sus detenciones y torturas muy detalladamente.

Personal del JATT golpea a los sospechosos con las culatas de las armas, con los puños, látigos, bastones, sillas, y botas durante los interrogatorios. También aplicaron pimienta roja en los ojos, narices y oídos de los sospechosos, causando un dolor insoportable. Algunos detenidos informaron que el personal del JATT los sometió a choques eléctricos durante los interrogatorios. Muchos dijeron que fueron obligados a observar a otros detenidos ser torturados durante su detención en Kololo y durante los interrogatorios en la sede del CMI en Kitante, Kampala.

Human Rights Watch descubrió varios casos de muertes ocasionadas por torturas. Saidi Lutaaya, un taxista, murió en el hospital de Mulago el 22 de noviembre de 2007, poco después de haber sido arrestado por la unidad antiterrorista. El registro del hospital indica que llegó en estado de comatoso, pero la información acerca de la causa de su muerte está incompleta en su certificado de muerte. Un detenido que vio a Lutaaya en Kololo dijo que después de haber sido interrogado trató de ponerse de pie pero se cayó y parecía estar inconsciente, mientras que los guardias le decían que lo golpearían por fingir estar lastimado. Él presentaba grandes heridas en la cabeza. La inteligencia militar negó tener conocimiento del arresto o muerte de Lutaaya.

Otro ex detenido, Hamza Tayebwa, murió poco después de haber sido transferido de Kololo a la prisión de Luzira. Varios ex detenidos presenciaron como el personal antiterrorista golpeaba a Tayebwa mientras se encontraba detenido. Human Rights Watch no tiene conocimiento de ninguna de estas investigaciones relacionadas con estas u otras muertes de detenidos en Kololo.

Mientras que la mayoría de las personas cuyas detenciones fueron documentadas por Human Rights Watch son hombres, hay casos de mujeres detenidas en Kololo, aparentemente porque algunos hombres miembros de su familia estaban presuntamente vinculados con el grupo rebelde. En algún momento durante enero de 2008, algunos detenidos vieron a tres niños que se cree son menores de dos años de edad, detenidos con sus madres en Kololo. El Jatt también ha detenido ilegalmente a ciudadanos de varios países extranjeros.

Durante una reunión sostenida el 24 de enero de 2009 entre Human Rights Watch y el jefe de inteligencia militar general brigadier James Mugira, quien tiene el mando operativo de las fuerzas del Jatt, dijo que los detenidos son a veces mantenidos en detención por más de 48 horas, que es límite constitucional para la detención previa a una acusación, pero negó que su personal maltrate a los prisioneros. Mugira dijo que personas de "alto perfil" son traídas a las oficinas de Kololo para ser detenidas en en forma separada de los delincuentes comunes. Sostuvo que Kololo no se encuentra "al margen de la ley", a pesar del hecho de que aún no ha sido clasificado como un centro de detención por el Ministro de Asuntos Interiores, como lo exige la ley. El general brigadier Mugira dijo a Human Rights Watch que tiene la intención de "pulir" las operaciones del Jatt, pero no especificó qué cambios se llevarían a cabo. Él ha estado en su actual cargo desde agosto de 2008.

Bajo derecho internacional el gobierno de Uganda tiene la responsabilidad de investigar las denuncias de abusos cometidos por sus fuerzas y llevar ante la justicia a los responsables. El presidente Yoweri Museveni y el Consejo de Seguridad Nacional deben adoptar un papel activo en la restricción de esos abusos y garantizar que los fiscales tengan la independencia necesaria para investigar casos de tortura y detención ilegal por parte del Jatt. El Parlamento también tiene el deber constitucional, bajo la ley ugandesa, de supervisar el trabajo de los militares, la policía y los organismos de inteligencia, incluyendo al Jatt. Pero dicha supervisión no ha tenido lugar, y las denuncias de abusos han sido subestimadas o ignoradas.

"El gobierno de Uganda debe actuar inmediatamente para poner fin a la tortura por parte del JATT y enjuiciar a los responsables, independientemente de su rango", dijo Gagnon. "El Presidente y el Parlamento deben asegurar que las actividades del JATT se sometan al escrutinio público y que exista más supervisión del sector de seguridad y de inteligencia en conjunto”.

Testimonios seleccionados de ex detenidos en la sede del JATT en Kololo

"No dormí en toda la noche porque tenía miedo. Por la mañana, un grupo de hombres llegó. Uno me apuntó con un arma y me dijo que yo era una rebelde. Me preguntó de qué parte era. El hombre que apuntaba con el arma me hizo acostarme boca abajo en el suelo del cuarto. Uno pisó mi cabeza y el otro me golpeaba y pisaba los tobillos y me abofeteaba alrededor de las orejas. Siguieron pisando mi cabeza y golpeábdine una y otra vez las rodillas y los tobillos. Golpearon a otros delante de mí. Uno estaba acostado en el piso y luego otro caminó sobre sus costillas. Vi a mucha gente ser tratada de esta manera. Fue muy difícil de presenciar”.
- Mujer, arrestada y detenida por 10 días por el JATT en sus oficinas de Kololo, antes de ser acusada en 2006. Ella fue puesta en libertad bajo fianza después de estar dos años en prisión nunca fue enjuiciada.

"Después de cuatro meses en las instalaciones de Kololo, me llevaron al CMI, donde fui interrogado y golpeado. Cuando entramos, los soldados me empezaron a golpear con un látigo negro. Y entonces uno me pegó muy duro espalda con la palma de su mano. Sentí que mi corazón se saldría de mi pecho".
- Hombre detenido y arrestado por siete meses por el JATT en sus oficinas de Kololo y liberado sin cargo.

"[El agente del JATT] salió del cuarto y regresó con un pequeño contenedor de plástico, que contenía pimienta. Empezaron a poner pimienta en nuestros ojos y Mucunguzi, quien estaba sosteniendo mi párpado superior mientras que Semakula, quien sostenía mi párpado inferior, tomó pimienta del contenedor y la puso dentro de mis ojos. Fui el último en sufrir esto, por lo tanto vi perfectamente lo que estos hombres estaban haciendo con mis compañeros detenidos. Semakula había envuelto su mano con un papel de polietileno para evitar tener contacto directo con la pimienta en lo que la metía en nuestros ojos. El dolor era demasiado y en determinado momento ya no podía ver nada. Entonces reiniciaron la golpiza y yo no podía ver quien golpeaba a quien".
- Hombre, arrestado y detenido por 11 meses por el JATT en sus oficinas de Kololo y liberado sin cargo.