La turbulencia tiende a ser perjudicial para los derechos humanos, y la actual crisis económica mundial no es la excepción. Las consecuencias no son sólo los más evidentes - más pobreza, deterioro en la educación y la atención a la salud, mayor marginación de los oprimidos y retrocesos en el desarrollo económico. La respuesta de los gobiernos también arriesga intensificar las violaciones a los derechos humanos. Mientras las potencias económicas líderes del mundo se reúnen en Londres para la cumbre del G20, su voluntad para hacer frente a esta posibilidad es el primer paso para evitarlo.
Para empezar, el aumento del desempleo y las dificultades económicas darán lugar a protestas y descontento. Sin la presión internacional compensatoria, los gobiernos se verán tentados a responder a las protestas con violencia y represión.
Los gobiernos de Rusia y China, por ejemplo, han gozado de gran apoyo popular en casa, en gran parte debido a que sus economías han crecido a pasos agigantados. Ahora que sus economías se están desacelerando, se enfrentan a la perspectiva de un gran descontento mientras las personas pierden el empleo y la esperanza. Esto podría dar lugar a manifestaciones en contra de la perturbación económica y a protestas frente a las fábricas clausuradas. La respuesta tradicional de Moscú y Beijing ha silenciar estas voces desesperación.
China ya esta arrestando a los que solicitan reparación del gobierno, a los abogados que los representan, y a los que publican en foros de internet sus quejas. Rusia respondió a una reciente protesta en Vladivostok mediante la movilización de tropas especiales de Moscú a través de más de siete husos horarios para reprimirla. Esa represión hace menos probable que los planes de estímulo económico y otras medidas de urgencia respondan adecuadamente a las necesidades de los pobres y los inconformes.
Los gobiernos también sufren a menudo la tentación de utilizar a chivos expiatorios. Podemos esperar el señalamiento a las minorías, que pueden ser culpadas de robar puestos de trabajo o competir deslealmente; y escuchar cada vez más nacionalismo, mientras los gobiernos culpan a las fuerzas externas de sus penurias o simplemente tratar de cambiar el tema. El incremento de la xenofobia y las expresiones públicas de odio político pueden ser algunos de los resultados.
Los más afectados por cualquier recesión tienden a ser aquellos en la parte inferior del barril económico. Los trabajadores migrantes, que ya son vulnerables a los abusos, son cada vez más propensos a la explotación cuando sienten que sus empleos están en riesgo, incluyendo la insuficiencia y la falta de pagos salariales, así como el abuso físico y sexual. Los trabajadores que intentan formar sindicatos o se quejan de las condiciones laborales sufren más riesgos de represalias. Las mujeres en todas las líneas de trabajo pueden esperar más discriminación de lo habitual.
La privación también puede conducir a una mayor competencia por recursos limitados. Misma que puede provocar un conflicto armado y sus frecuentes atrocidades y desplazamientos consecuentes. Cuando el conflicto adquiere una dimensión étnica, como ocurrió en Darfur, la combinación puede ser particularmente explosiva.
Los gobiernos, por otro lado, abrumados por las exigencias financieras sin precedentes y las acumulaciones de deuda, se vuelven menos propensos a embarcarse en caros proyectos para promover los derechos humanos. Esto arriesga la existencia de los trabajadores de la paz que protegen a los civiles de las masacres, cortes que llevan ante la justicia a criminales de guerra, programas de promoción del Estado de derecho, y programas de capacitación para alentar a funcionarios de gobierno a respetar los derechos.
Tal vez el mayor riesgo es que los gobiernos pueden ser simplemente distraídos. ¿Por qué molestarse con, por ejemplo, tratar de detener la matanza en Somalia cuando existe miseria y desesperación en casa? Y cuando los gobiernos que respetan los derechos dan sus espaldas, actores infames están siempre esperando en alerta, dispuestos a aprovechar la situación. La decisión del primer ministro británico Gordon Brown de invitar al primer ministro etíope, Meles Zenawi a la cumbre del G20 para representar a África es un ejemplo preocupante de la sordera a los problemas de derechos humanos en medio de la respuesta a la crisis económica. Dada la represión sistemática y el derramamiento de sangre que han caracterizado el gobierno de Meles - el Reino Unido suspendió el apoyo presupuestario directo a Etiopía después de que el gobierno asesinara a manifestantes en 2005 - sin duda se podría haber elegido a alguien mejor para representar a África.
La sociedad civil todavía podría tratar de hacer sonar la alarma y volver a comprometer a los gobiernos, pero también está sintiendo la presión mientras los fondos de beneficencia disminuyen.
Irónicamente, la crisis económica no será del todo mala en términos de derechos humanos. En los Estados Unidos, los ajustes presupuestales han alentado a varios estados, incluyendo recientemente a Nueva México, a revaluar el uso de la pena de muerte, que, después de los retos jurídicos, es mucho más costosa que el encarcelamiento prolongado. Otros estados, como Nueva York, se están cuestionando la viabilidad de las penas de prisión obligatorias para los delincuentes de drogas no-violentos, abriendo la puerta a los cambios de políticas que podrían ayudar a reducir el exceso tanto en las sentencias como en los niveles de encarcelación de las minorías étnicas y raciales.
Del mismo modo, la percepción generalizada de que la crisis económica fue causada por la laxitud de la regulación financiera puede alentar a los gobiernos a promover una mejor gobernanza en todos los ámbitos, incluyendo las cuestiones de corrupción oficial y rendición de cuentas. Pero estos aspectos positivos de la crisis económica son ampliamente disminuidos por los posibles efectos negativos.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera para que los grandes poderes del G20 eviten retrocesos importantes en materia de derechos humanos y su potencial para complicar las dificultades de privación económica? Es prestando atención al problema, reconociendo que estas posibilidades no son inevitables, y redoblando los esfuerzos.
No es fácil. Las distracciones son convincentes. Sin embargo, la posibilidad de un aumento explosivo en los abusos de derechos humanos a medida que la economía se hunde requiere intensificar la atención. El G20 podría comenzar por establecer un grupo de trabajo para garantizar que los derechos humanos no sean olvidados o menoscabados mientras el mundo responde a la crisis. Un poco de atención preventiva debe estar presente.
