(Nueva York) - Las autoridades uruguayas deben investigar la legalidad de la decisión tomada por canales de televisión privados de no emitir un aviso diseñado para concientizar y disminuir la discriminación contra lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero (LGBT), afirmó hoy Human Rights Watch en una carta dirigida a la Ministra de Educación y Cultura de Uruguay y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones del país.
Ovejas Negras, un grupo que trabaja por los derechos humanos de las personas LGBT, lanzó la campaña de sensibilización pública "Un beso es un beso" el 23 de marzo de 2009. Utilizando carteles y anuncios de radio y televisión, la campaña tiene por objeto concientizar sobre las leyes que protegen contra la discriminación por varias causales, incluyendo la orientación sexual e identidad de género. Dos canales de televisión privados, con índices de audiencia que superan el 70 por ciento del público televidente, se negaron a transmitir los avisos. Un tercer canal accedió a emitirlos fuera del horario estelar por un período de 10 días al precio de una emisión en horario estelar.
"Las leyes contra la discriminación deben aplicarse a las obligaciones de los medios de comunicación privados cuando difunden información de interés público", expresó Juliana Cano Nieto, investigadora del programa de derechos de las lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero de Human Rights Watch. "Uruguay ha demostrado su liderazgo en la protección de los derechos humanos de las personas LGBT. Ahora necesita asegurar que las leyes contra la discriminación también se apliquen a los medios de comunicación".
Si bien los canales de televisión en cuestión - canales 4, 10 y 12 - son entidades privadas con fines de lucro, de acuerdo con las leyes uruguayas tienen la responsabilidad de difundir información de interés público. El Decreto 734/78 dice que los servicios de radio y teledifusión, privados y públicos, son "servicios de interés público" y detalla sus obligaciones en cuanto a la publicidad y las emisiones de interés público.
El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que las decisiones tomadas por estos canales en el ejercicio de sus funciones públicas no discriminen por las causales prohibidas, y que las mismas respeten plenamente las obligaciones de Uruguay en materia de derechos humanos, sostuvo Human Rights Watch.
Uruguay es uno de los tres países de América Latina - junto con Argentina y Brasil - que apoyaron la presentación de los Principios de Yogyakarta en las Naciones Unidas. Estos principios son innovadores en temas de orientación sexual, identidad de género y derecho internacional, e incluyen protecciones contra la discriminación y el derecho a la libertad de expresión de las personas LGBT alrededor del mundo.
