(Washington, DC) – La decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de acusar penalmente a Ali Saleh Kahlah al-Marri, un residente estadounidense que ha sido detenido como “combatiente enemigo” desde 2003, constituye un paso importante para romper con las abusivas políticas antiterroristas del gobierno de Bush y un fuerte respaldo a la función de los tribunales federales de enjuiciar a sospechosos de terrorismo, declaró Human Rights Watch hoy.
“Al-Marri está terminando en un tribunal federal, justamente donde su caso empezó y debió haber estado siempre”, dijo Jennifer Daskal, asesora legal principal de Human Rights Watch en la lucha contra el terrorismo. “El presidente Obama está diciéndole al mundo que los tribunales federales estadounidenses son plenamente capaces de llevar a juicio los casos de terrorismo”.
Al-Marri, un ciudadano qatarí, se encontraba legalmente en Estados Unidos con visa de estudiante cuando fue arrestado en diciembre de 2001 por fraude con tarjeta de crédito. Pocas semanas antes de que iniciara su juicio en 2003, el gobierno de Bush lo declaró “combatiente enemigo”, retirándolo del sistema de justicia penal para luego transferirlo a un bergantín militar en Carolina del Sur, donde ha permanecido durante los últimos cinco años y medio. Se le mantuvo incomunicado por 16 meses antes de que finalmente le permitieran reunirse con abogados y aún no ha obtenido permiso para tener contacto con su esposa, otros familiares o amistades. En la acusación emitida el 27 de febrero de 2009, a al-Marri se le formularon cargos por conspiración y apoyo material para el terrorismo.
“Ninguna persona arrestada en Estados Unidos debería temer nunca que se le declare ‘combatiente enemigo’, se le retire del sistema de justicia y se le detenga durante años sin cargo alguno”, dijo Daskal. “El presidente Obama dio hoy un paso para revertir las prácticas ilegales del pasado”.
Los abogados de al-Marri empezaron a impugnar su detención en 2004. En julio de 2008, el Tribunal de Apelaciones del 4o. Circuito de Estados Unidos dictaminó, en una decisión dividida, que la Autorización de 2001 para el Uso de Fuerza Militar otorgaba al Presidente la potestad de detener a al-Marri como combatiente enemigo. Sin embargo, en su fallo también afirmó que al-Marri tenía derecho a impugnar esta designación en los tribunales mediante una petición de hábeas corpus.
Tanto el gobierno de Bush como al-Marri apelaron dicha decisión por separado ante la Corte Suprema y el gobierno debía presentarle a ésta su sumario del caso en marzo. Es probable que la decisión de acusar penalmente a al-Marri torne irrelevante el caso pendiente en la Corte Suprema.
Al-Marri – junto a Yaser Hamdi y José Padilla – fue uno de apenas tres detenidos desde el 11 de septiembre de 2001 a quienes se retuvo como “combatientes enemigos” en Estados Unidos. En junio de 2004, Hamdi, ciudadano estadounidense de padres saudíes, ganó el derecho a impugnar la legalidad de su detención por medio del dictamen de la Corte Suprema en Hamdi contra Rumsfeld. Tres meses después, el gobierno de Bush lo puso en libertad enviándolo a Arabia Saudita con la condición de que renunciara a su nacionalidad estadounidense.
El caso de Padilla, quien también es ciudadano de Estados Unidos, guarda una estrecha similitud con el de al-Marri. Arrestado inicialmente como “testigo material” en mayo de 2002, se le declaró “combatiente enemigo” el 9 de junio de ese mismo año y fue entregado a custodia militar. Tres años y medio después, cuando la Corte Suprema estaba sopesando emitir un dictamen sobre la legalidad de su detención, el gobierno de Bush dejó sin efecto la impugnación legal de Padilla devolviéndolo al sistema de los tribunales federales y acusándolo de conspiración para cometer terrorismo.
Padilla fue hallado culpable en 2007 y sentenciado a 17 años y cuatro meses en prisión. Aunque por mucho tiempo el gobierno de Bush alegó que Padilla había planificado fabricar y detonar una bomba radiológica “sucia” en Estados Unidos, ninguna de esas afirmaciones fue presentada en su caso penal.
“Los ejemplos de al-Marri y Padilla deben ser relatos de advertencia para quienes apoyan la detención preventiva sin cargos, así como un recordatorio de que los casos de terrorismo deben ser resueltos en los tribunales federales”, dijo Daskal.
