(Nueva York) – El Gobierno de Sudán Meridional debe tomar medidas urgentes para defender los derechos humanos, incluyendo la protección de civiles en conflictos comunales armados y el uso excesivo de la fuerza de soldados y fuerzas de seguridad, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Al mismo tiempo, el Gobierno de Unidad Nacional, integrado por el Partido del Congreso Nacional en el norte y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM por sus siglas en inglés) al sur, debe implementar sin demora las provisiones de derechos humanos del Acuerdo Completo de Paz del 2005 que puso fin a 21 años de guerra civil.
El reporte de 44 páginas, “No hay protección: Inseguridad y Derechos Humanos en Sudán Meridional”, documenta los desafíos más urgentes de derechos humanos que enfrenta el Gobierno de Sudán Meridional liderado por el SPLM. Los problemas incluyen una incapacidad de proteger efectivamente a civiles de ataques armados y violencia, un fracaso para abordar los abusos por parte de las fuerzas de seguridad, y un sistema de justicia débil. El informe también subraya la urgente necesidad de reformas legales nacionales para permitir elecciones libres y justas, actualmente planeadas para mediados de 2009.
"El Gobierno de Sudán Meridional debe garantizar la rendición de cuentas por parte de los soldados y policías por crímenes contra civiles y señalar los abusos sistémicos en el sistema de justicia”, declaró Georgette Gagnon, directora de la División de África para Human Rights Watch. "El Gobierno de Unidad Nacional debe convertir los derechos humanos en una prioridad importante mientras se prepara para las elecciones, revisando las leyes de prensa y de seguridad nacional represivas, y estableciendo una comisión nacional de derechos humanos”.
Estas reformas son más urgentes que nunca en vista de los pasos, requeridos bajo el acuerdo de paz, que deben tomarse antes de que las elecciones se lleven a cabo. Estos incluyen anunciar los resultados del censo nacional de abril de 2008, demarcar la frontera norte-sur, y llevar a cabo preparaciones básicas para las elecciones.
La situación de la controvertida y petrolera zona de Abyei, que en 2008 dio lugar a grandes enfrentamientos y desplazamientos civiles, todavía necesita ser resuelta. Cada uno de estos pasos podría ser un punto generador de más violencia.
Aunque el Gobierno de Sudán Meridional, creado bajo el acuerdo de paz de 2005, ha logrado un avance significativo en la construcción del Estado y en la reconstrucción de una sociedad devastada por una larga guerra civil, no ha sido capaz de proteger a los civiles de la violencia, incluyendo la ejercida por sus propias fuerzas de seguridad.
En 2008, Human Rights Watch descubrió que soldados del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, asignados a desempeñar funciones policiacas, fueron responsables de serios abusos a los derechos humanos. Por ejemplo, durante septiembre en Rumbek, soldados dispararon por lo menos a ocho civiles durante una operación de desarme. Testigos declararon que algunos soldados estaban ebrios y dispararon sus armas en contra de civiles desarmados.
En junio, soldados mataron a 10 civiles en dos pugnas separadas en contra de civiles en Ecuatoria Oriental durante una operación de aplicación de la ley. Testigos dijeron a Human Rights Watch que los soldados mataron a tres hombres a corta distancia durante una de las pugnas y mataron a dos civiles desarmados después de dichos enfrentamientos.
"Muy a menudo, los soldados que no cuentan con el entrenamiento o la disciplina adecuada abusan de los civiles en vez de protegerlos”, dijo Gagnon. "El Gobierno de Sudán Meridional deberían establecer una estrategia para utilizar un Ejército que ponga los derechos humanos al centro".
El informe también documenta los crímenes cometidos por parte de las fuerzas de seguridad del sur en contra de civiles, incluyendo golpizas, robo, intimidación, usurpación territorial, y violencia sexual, e indica que soldados y ex soldados a menudo suelen verse a sí mismos como "liberadores" del sur y se consideran por encima de la ley. Dichos casos son raramente juzgados, aun cuando los cuerpos gubernamentales investigan violaciones de derechos humanos por parte de solados.
"El Gobierno de Sudán Meridional debe mostrar su seriedad en establecer el Estado de derecho e investigar y enjuiciar a todos los soldados y fuerzas de seguridad por crímenes cometidos contra civiles", dijo Gagnon.
Además, el informe describe un sistema de justicia débil y naciente en el sur, el cual tiene altos niveles de arrestos y detenciones arbitrarias, detenciones provisionales prolongadas, y condiciones deplorables en centros de detención. Human Rights Watch hizo un llamado al Gobierno de Sudán Meridional para asegurar que todos los centros de detención sean legales y que se establezcan inspecciones regulares en los mismos.
Otras recomendaciones hechas al Gobierno de Sudán Meridional y a donantes internacionales incluyen más entrenamiento para policías y soldados en sus funciones y responsabilidades legales, y mayor apoyo a las comisiones de Sudán Meridional de Derechos Humanos , Anti-Corrupción, y de la Tierra.
Human Rights Watch urgió a las Misión de la Naciones Unidas en Sudán (UNMIS por sus siglas en inglés) a fortalecer su capacidad de proteger a los civiles mediante una interpretación más fuerte de su mandato de protección. La misión de la ONU debe también incrementar el monitoreo y la información pública de los derechos humanos, especialmente en las zonas fronterizas disputadas que pudieran experimentar nuevas olas de violencia debido al incremento de tensiones políticas nacionales en el periodo pre electoral.
