(Washington, DC) – La orden ejecutiva del presidente estadounidense Barack Obama que pone fin al uso de la tortura marca un nuevo curso para la política de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, declaró Human Rights Watch hoy. La decisión de Obama de emitir esta orden dos días después de asumir la presidencia es un indicador de la alta prioridad que el nuevo mandatario confiere al establecimiento de políticas antiterroristas legales y eficaces.
“Durante años, el gobierno de Bush afirmó ‘Nosotros no torturamos’, pero aprobó métodos tales como simulacros de ahogamiento, privación del sueño y exposición prolongada a bajas temperaturas”, dijo Jennifer Daskal, asesora legal principal de Human Rights Watch en la lucha contra el terrorismo. “La orden del presidente Obama que rechaza dichas prácticas es un paso importante hacia la restauración de la autoridad moral de Estados Unidos en todo el mundo”.
La orden ejecutiva sobre la tortura emitida hoy establece un nuevo estándar único de interrogatorio humanitario aplicable a todo el gobierno; también pone fin al uso de “sitios negros” para detención secreta por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y ordena que al Comité Internacional de la Cruz Roja se le permita acceso a todas las personas detenidas a quienes Estados Unidos mantiene fuera del sistema ordinario penal o inmigratorio.
De conformidad con la orden, todas las agencias gubernamentales están obligadas a aplicar, sin excepción alguna, el manual de campo de las Fuerzas Armadas sobre el interrogatorio – que ha sido utilizado por el Ejército desde 2006. La orden también prohíbe apoyarse en cualquiera de las opiniones legales sobre interrogatorio o detención emitidas por el Departamento de Justicia durante el gobierno de Bush.
“Esta orden ejecutiva da significado al compromiso de Estados Unidos de no torturar a personas detenidas”, dijo Daskal. “El presidente Obama ha rechazado las prácticas abusivas de los últimos siete años y medio”.
La orden también crea una fuerza de trabajo interinstitucional, liderada por el fiscal general, que ha de evaluar las prácticas de interrogatorio permitidas por el manual de campo de las Fuerzas Armadas “y, de ameritarlo, recomendar cualquier orientación adicional o diferente para otros departamentos o agencias”.
Human Rights Watch señaló que un nuevo manual sobre el interrogatorio debería aplicar un estándar único a todas las agencias gubernamentales. El manual debe incluir una lista exhaustiva de técnicas aprobadas que observen la norma de la “Regla de Oro”.
“Obama dio hoy enormes pasos para poner las políticas antiterroristas de Estados Unidos sobre un curso legal y eficaz”, dijo Daskal. “Ahora él debe rechazar categóricamente la afirmación ilógica de que el estándar para un trato humanitario y efectivo varía de alguna manera entre una agencia y otra”.
La nueva orden no aborda la legalidad de lo que se conoce como entrega a la tortura – la práctica de transferir ilegalmente a una persona a un país donde enfrentaría tortura o persecución – y, por el contrario, le deja también a la fuerza de trabajo interinstitucional la revisión de esta práctica. El caso más conocido es el de Maher Arar, ciudadano sirio-canadiense que fue arrestado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en septiembre de 2002, llevado en avión a Jordania y luego conducido por tierra hasta cruzar la frontera con Siria, donde fue detenido en una diminuta celda durante casi un año y torturado en repetidas ocasiones.
Human Rights Watch recordó que Obama, durante su campaña electoral, condenó repetidamente la práctica de la entrega a la tortura y lo exhortó a poner fin también a esta ilegalidad.
Una orden ejecutiva sobre Guantánamo, emitida también el día de hoy, establece que enero de 2010 será la fecha para el cierre definitivo de la prisión, suspende el uso de comisiones militares y pone en marcha una revisión de los archivos de los detenidos (https://www.hrw.org/es/news/2009/01/22/eeuu-esperan-que-obama-ordene-el-cierre-de-guant-namo).
Otra orden crea una fuerza de trabajo interinstitucional que en adelante revisará las políticas de detención e interrogatorio. Una cuarta orden manda que se examine el destino de Saleh Al-Marri, un qatarí cuyo juicio por fraude con tarjeta de crédito estaba a punto de iniciar cuando se le declaró “combatiente enemigo” y fue transferido a una cárcel naval en Carolina del Sur en 2003, donde ha permanecido desde entonces.
“Tenemos la esperanza y la expectativa de que, al final del periodo de revisión, Obama devuelva a Al-Marri a un tribunal federal u ordene que se le ponga en libertad”, dijo Daskal.
