© 2008 Morena Herrera

(Washington, DC) - El gobierno nicaragüense debe adoptar medidas para garantizar que los defensores de derechos humanos puedan promover y proteger libremente los derechos de las mujeres sin ningún tipo de hostigamiento ni intimidación, señaló hoy Human Rights Watch.

Desde que en 2006 iniciaron una campaña en contra de la ley que prohíbe el aborto de manera absoluta, sancionada poco tiempo antes, los defensores de los derechos de las mujeres han sido objeto de diversas investigaciones oficiales acerca de su trabajo, y algunos han denunciado actos de intimidación por parte de fuentes no identificadas.

Durante el último año, se iniciaron investigaciones penales contra nueve defensores de los derechos de las mujeres para determinar, entre otras cuestiones, su posible conspiración para encubrir el delito de violación en el caso de "Rosita", una niña de nueve años, víctima de violación, quien obtuvo un aborto en Nicaragua en 2003.

"Si bien las autoridades deben indagar a fondo todos los casos de abuso infantil, es fundamental que las investigaciones penales no se utilicen indebidamente como represalia contra los esfuerzos legítimos de quienes promueven los derechos fundamentales", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Desde 2006, las leyes de Nicaragua han prohibido incluso los abortos terapéuticos, los cuales se practican cuando la salud de la madre se encuentra en riesgo. Las prohibiciones generalizadas del aborto, como la que rige en Nicaragua, son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, incluidas las garantías del derecho a la vida, la salud y a no ser discriminado.

También se han llevado a cabo investigaciones sobre el financiamiento de las organizaciones a las que pertenecen algunos de estos mismos defensores de los derechos de las mujeres que fueron investigados penalmente en relación con el caso "Rosita". A principios de octubre de 2008, las autoridades nicaragüenses allanaron las oficinas del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), e incautaron diversos archivos y computadoras que contenían registros financieros. La orden de allanamiento no indicaba específicamente cuáles eran las presuntas violaciones que motivaron la investigación, y tan sólo hacía referencia a acusaciones sobre "operaciones irregulares e inusuales con fondos provenientes del exterior". En septiembre, El 19, una publicación del gobierno que tiene una presencia destacada en la página de inicio de la Presidencia, alegó que había existido colaboración financiera indebida entre CINCO y MAM, ya que esta última agrupación no era una organización no gubernamental (ONG) registrada. El periódico también acusó a estas agrupaciones de violar la ley mediante la "promoción del aborto" y agregó que CINCO no estaba facultada para trabajar en cuestiones vinculadas con "temas de Salud Reproductiva o de Opciones Sexuales".

Carlos Fernando Chamorro, Director de CINCO, confirmó que su organización había cooperado con MAM pero negó que se hubiera cometido ninguna irregularidad, y señaló que CINCO se dedica a cuestiones como la "cultura, comunicación y democratización", y que ha establecido asociaciones con distintas organizaciones durante sus 13 años de operación.

Las declaraciones públicas de las autoridades nicaragüenses despiertan interrogantes sobre los motivos que impulsan las investigaciones. En octubre, Armando Juárez, Inspector General del Ministerio Público, insinuó que promover el derecho de aborto podría interpretarse como delito, según informó El Pueblo Presidente!, otro sitio de noticias del gobierno que se destaca en el página de inicio del sitio web de la Presidencia. También este mes, un artículo publicado en El 19 sobre las investigaciones de CINCO y MAM se refirió a la "promoción del aborto" como una "bandera levantada por las seudo-feministas nicaragüenses con la intención de captar fondos millonarios del exterior".

Durante los últimos dos meses, algunos defensores de los derechos de las mujeres han denunciado ser víctima de actos de intimidación, como amenazas telefónicas y actos de vandalismo por parte de agresores no identificados. A principios de octubre, Ana María Pizarro, representante de MAM y una de las líderes de los derechos de las mujeres investigadas en el caso "Rosita", denunció haber recibido llamadas telefónicas anónimas en las cuales se insinuaba que su hijo de trece años sería secuestrado. En septiembre, en la ciudad de León, la vivienda de Vilma Núñez, defensora de los derechos humanos, ex vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y actual Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, fue manchada con pintura roja y negra, los colores del partido gobernante.

"Es fundamental que el gobierno investigue en forma inmediata y exhaustiva los actos de intimidación y hostigamiento, y que juzgue a los culpables", señaló Vivanco.