Durante su inminente visita a Colombia, el Senador John McCain no debe permitir que la versión distorsionada del gobierno acerca del progreso favorable de los derechos humanos y la democracia le impida ver la realidad, señaló Human Rights Watch en una carta dirigida a McCain hecha pública hoy. Según informes de prensa, McCain visitará Colombia el 1º de julio.

Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch, distinguió a Colombia del gobierno represivo de Cuba y advirtió que si bien Colombia es una democracia en términos formales, sus instituciones se enfrentan a graves amenazas, no sólo de las guerrillas abusivas de izquierda sino también de los paramilitares, que se han infiltrado en buena parte del Congreso.

“Algunas instituciones clave como el Congreso Colombiano atraviesan una profunda crisis de legitimidad, que no tiene precedentes en Colombia ni en ninguno de los países de América Latina”, señaló Roth en la carta. “Le instamos, Senador McCain, a que se pronuncie a favor de la protección y defensa de las instituciones democráticas de Colombia, en especial, sus instituciones judiciales, como una de las principales prioridades durante sus reuniones con el gobierno colombiano”.

Más de 60 integrantes de la coalición del presidente Álvaro Uribe en el Congreso colombiano – que representan aproximadamente el 20% del Congreso – están siendo investigados por manipular votaciones o colaborar con los paramilitares, considerados terroristas por Estados Unidos. La Corte Suprema de Colombia, que inició las investigaciones, ha sido objeto de reiterados ataques por altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Uribe.

La carta describe en detalle seis áreas con problemas graves de derechos humanos que suelen ser minimizados por el gobierno de Colombia, incluida la violencia continua por parte de grupos paramilitares. A pesar de la reciente extradición a Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares, la carta advierte que han surgido nuevos grupos en todo el país que reclutan activamente, y amenazan y asesinan a civiles. La carta también destaca el incremento de la cantidad de civiles desplazados internamente, así como el aumento registrado en los últimos años de las cifras de ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el ejército colombiano, un problema que Uribe se ha negado reiteradamente a reconocer.

Roth también advirtió con preocupación que 26 sindicalistas han sido asesinados entre enero y mayo de 2008, lo que representa un fuerte incremento respecto del mismo período en 2007. Los responsables de los asesinatos de sindicalistas casi nunca rinden cuentas ante la justicia. Roth señaló que la violencia continua y la impunidad son cuestiones centrales en el debate sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia.

“Si bien postergar la aprobación del TLC constituye una medida excepcional, Colombia es en efecto un caso excepcional”, manifestó Roth en la carta. “Estados Unidos no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchos casos, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados”.