Recien las mujeres nicaragüenses tuvieron algo que celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Las mujeres nicaragüenses han luchado durante años para proteger los derechos de las mujeres, en vez de restringirlos, y hace décadas los gobiernos han eliminado algunas leyes sexistas que discriminaban a las mujeres.
En vez de construir a partir de estas protecciones arduamente logradas, hoy día el gobierno de Daniel Ortega está erosionando algunas leyes que lo llevaron al poder. En ningún ámbito es tan marcado este retroceso como en los derechos fundamentales de las mujeres a la vida y la salud.
Este año, el Día Internacional de las Mujeres es, simultáneamente, una fecha de duelo y celebración en Nicaragua. En noviembre, la Asamblea Nacional promulgó una prohibición general del aborto, penalizando el procedimiento aun cuando la vida de la mujer esté en riesgo. Desde entonces, decenas de mujeres nicaragüenses que padecían condiciones médicas que requerían de un aborto terapéutico o atención obstétrica de emergencia para salvar sus vidas han muerto innecesariamente o sufrido discapacidades severas.
Médicas y médicos nicaragüenses nos hablaron sobre el escalofriante efecto que la prohibición del aborto ha tenido en su capacidad de brindar atención obstétrica de emergencia. Dado que las y los trabajadores de cuidados de salud temen que se les lleve a juicio si se sospecha que indujeron un aborto, una mujer murió desangrada porque no pudo recibir tratamiento en un hospital público. Médicas y médicos dicen que se debaten entre obedecer los mandatos del nuevo Código Penal de Nicaragua o asegurar el bienestar de sus pacientes.
El pasado octubre publicamos un informe que documenta los efectos devastadores de la prohibición del aborto y detalla las formas en que ésta viola los derechos fundamentales de las mujeres. Exhortamos al gobierno sandinista a que clarificara los protocolos legales existentes para trabajadores de cuidados de salud; sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho, dejando así a las mujeres sin ninguna garantía de tener acceso oportuno y efectivo a servicios de emergencia.
Asimismo, le solicitamos a la Corte Suprema de Justicia que emitiera un dictamen acerca de la constitucionalidad de la prohibición e instamos al presidente Ortega a vetar la medida que eliminaba del Código Penal una disposición que había permitido el aborto legal durante más de 130 años. Hasta el momento, ni el presidente, ni la Corte Suprema ni el Estado en su conjunto ha respondido adoptando las urgentes medidas necesarias.
También integrantes de la sociedad nicaragüense han estado exigiéndole una decisión a su Corte Suprema. En enero de 2007, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico presentó un recurso ante la Corte Suprema solicitándole declarar inconstitucional la Ley 603, que penaliza todas las formas de aborto terapéutico. La Corte contaba con 60 días para pronunciarse después de que la la Procuraduria General de la República, la asamblea nacional y la Presidencia de la Republica, emitieron sus decisiones. Esa ventana de oportunidad se cerró el 12 de junio del año pasado. El Grupo Estratégico presentó un escrito el 28 de febrero para demandar que respondan sobre el recurso interpuesto en enero de 2007, pero existen preocupaciones de que deba presentar uno más si el nuevo Código Penal entra en vigor durante este proceso.
Indudablemente, la Corte Suprema tiene muchos casos por conocer, pero mientras tanto las vidas y la salud de las mujeres continúan en riesgo. Según una investigación realizada por el Dr. Arnoldo Toruño, de la Universidad Autónoma de Nicaragua-León, históricamente aunque la ley ha prohibido los abortos inducidos, se practican una . elevada cantidad de ellos en el país.
“Las leyes restrictivas han mostrado escasa efectividad para impedir que ocurran los abortos en nuestro país”, escribió el Dr. Toruño. “La lección clara es que ofrecer cárcel a las mujeres, lejos de ser una buena solución al problema, lo incrementa en términos de muertes maternas”.
De hecho, consistente con la investigación, y a pesar de la prohibición, las mujeres nicaragüenses continúan teniendo abortos—ya sea terapéuticos o de otro tipo—pero no en hospitales y clínicas del sector público. Si bien las nicaragüenses económicamente más .solventes económicamente pueden tener abortos clandestinos a un precio elevado, las mujeres pobres y de las áreas rurales no cuentan con ese recurso. Resulta irónico que las políticas de un gobierno de izquierdas sólo estén reforzando la amplia brecha social.
Las tasas de mortalidad materna en Nicaragua continúan encontrándose entre las peores del hemisferio occidental, pero el Ministerio de Salud ha empezado a prestar más atención a la escasez de servicios de salud para la gente pobre. Ha enviado brigadas especialmente equipadas a áreas remotas y está importando médicos cubanos a fin de llenar los vacíos.
La semana pasada, el Ministerio de Salud reportó que en el último año hubo una reducción del seis por ciento en la tasa de mortalidad materna. Estas mejoras podrían estar reflejando los mayores esfuerzos del gobierno por ampliar el acceso a atención de la salud. Por otra parte, la prohibición de procedimientos médicamente necesarios, como los abortos terapéuticos, no sólo está restringiendo el acceso de las mujeres a los cuidados de salud sino también poniendo sus vidas en peligro.
Este año, en el Día Internacional de las Mujeres, es hora de reajustar el panorama y rescatar la salud y las vidas de las mujeres.
Angela Heimburger y Lance Lattig son, respectivamente, investigadora de los derechos de las mujeres y editor de Human Rights Watch.
