Un año después de que las elecciones de Nicaragua permitieran el regreso de Daniel Ortega al poder, un gran número de mujeres embarazadas han muerto, muchas de ellas como consecuencia de una nueva ley que prohíbe a los médicos brindar el tratamiento necesario para salvarles la vida.

En la fase previa a las reñidas elecciones de noviembre de 2006, los sandinistas presentes en la Asamblea Nacional ayudaron a revocar las disposiciones legales que, desde 1983, permitían la realización de abortos para salvar la vida de las mujeres. De este modo Nicaragua ha pasado a formar parte del pequeño grupo de países donde el aborto es considerado como un crimen que se castiga con cárcel para la mujer y su médico --incluso en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre.

En el curso del último año la nueva ley ha tenido un efecto devastador sobre las mujeres en Nicaragua. Las mujeres embarazadas que padecen enfermedades tales como la insuficiencia renal han muerto porque no se les ha permitido interrumpir sus embarazos para atender sus problemas de salud. Una madre pobre y soltera murió de un ataque al corazón luego de que los médicos se negaran a tratar la severa hemorragia que padecía porque el feto que llevaba en el vientre aún estaba vivo. Ni el feto ni la mujer sobrevivieron y su hijo de tres años vive actualmente con su abuela indigente en condiciones precarias.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han sido atacadas por abordar el tema del aborto, pero muchos de los críticos no terminan de comprender la naturaleza de la situación. El tema en discusión no es el aborto en sí, sino las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar cuando se restringe el acceso al aborto seguro y legal. La libertad de culto es un derecho básico, pero el gobierno de Nicaragua no puede usar la doctrina religiosa como un pretexto para violar los derechos fundamentales de las mujeres a la vida y la salud.

En muchos otros países incluso los hospitales católicos llevan a cabo abortos terapéuticos para salvar la vida de las mujeres. Si bien el Ministerio de Salud de Nicaragua aprobó una serie de protocolos para tratamiento obstétrico de emergencia, desde entonces no ha dado continuidad para aclarar qué otros procedimientos podrían ser considerados como abortos terapéuticos.

De acuerdo a datos presentados por el propio gobierno, la mortalidad materna ha aumentado en un 100 por ciento en el curso del último año. Una mujer falleció en el mes de abril como consecuencia de un embarazo ectópico --es decir, cuando un óvulo fertilizado se implanta fuera del útero y no tiene posibilidad de sobrevivir-- al no recibir ningún tipo de tratamiento. Normalmente los médicos en cualquier parte del mundo intervienen apenas se detecta un embarazo ectópico. Pero actualmente los médicos nicaragüenses están renuentes a actuar por temor a que sus intervenciones sean consideradas como actos criminales.

Otra razón por la cual las mujeres están muriendo en Nicaragua es por el temor que tienen a solicitar asistencia médica. Las mujeres que intentan buscar un aborto temen ser maltratadas y discriminadas por el personal médico, y se ven intimidadas por la amenaza de ser llevadas a juicio por las autoridades públicas. Human Rights Watch entrevistó a distintas mujeres que lograron obtener abortos seguros pero ilegales. Sin embargo, ninguna de ellas pudo conseguir el procedimiento en el sector público, a pesar de los riesgos de salud médicamente certificados que representaban sus embarazos.

En las esquinas de Managua se alzan carteles gigantes de Ortega con el eslogan ''¡Arriba los pobres del mundo!'' Bajo su gobierno, sin embargo, se da la triste ironía de que las mujeres más ricas y mejor informadas tienen la posibilidad de volar a Miami o de recurrir a abortos costosos e ilegales en Managua; mientras que las mujeres pobres suelen morir por causas prevenibles luego de ser rechazadas por los servicios públicos de salud o de serles negado tratamiento obstétrico de emergencia.

Ortega ha hecho muchas promesas para poner fin a la miseria de los desposeídos en Nicaragua. Una buena manera de comenzar sería garantizar la obligación del Estado de asegurar la salud y la vida de las mujeres nicaragüenses. El gobierno sandinista debería informar a las mujeres de su derecho a solicitar atención obstétrica de emergencia en los hospitales públicos y recordar a los médicos su obligación de atenderlas.

Nicaragua tiene una larga historia de lucha por la justicia social. Pero la prohibición total del aborto niega la igualdad y la protección a las mujeres que pertenecen a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad nicaragüense.

Editor e investigadora sobre derechos de las mujeres de Human Rights Watch.