Se estima que la deportación obligatoria de inmigrantes sentenciados por un crimen, incluso un delito menor, ha separado a 1.6 millones de niñas, niños y personas adultas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, de sus familiares no ciudadanos, declaró Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
Las autoridades inmigratorias de Estados Unidos han deportado a 672,593 inmigrantes debido a sentencias penales desde 1997, luego de que el Congreso aprobara legislación que convierte la deportación en un castigo obligatorio para una larga lista de crímenes, incluso delitos menores no violentos cometidos años antes de que las leyes entraran en vigor. Muchos de los deportados llegaron a Estados Unidos en su infancia y eran residentes permanentes legales que habían vivido legalmente en el país durante décadas.
“Las leyes no sólo son crueles en su rigidez, sino también insensatas”, dijo Alison Parker, investigadora principal del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. “¿Cómo se le explica a una niña que su padre fue enviado a miles de kilómetros lejos de ella y nunca podrá volver a casa simplemente por haber falsificado un cheque?”
Previo a 1997, a inmigrantes que habían cometido un crimen se les permitía comparecer ante un juez de inmigración, quien podía ejercer su discrecionalidad en la imposición de penas. Sin embargo, la legislación aprobada por el Congreso en 1996 impidió a los jueces de inmigración considerar si la deportación sería excesivamente dura tomando en cuenta las relaciones familiares de los inmigrantes, sus vínculos comunitarios, su trayectoria en el servicio militar estadounidense o la posibilidad de sufrir persecución si se les retornaba a su país de origen. La deportación ocurre después de que la persona no ciudadana ha cumplido el plazo de la sentencia impuesta para el crimen.
El informe de 88 páginas, “Forced Apart: Families Separated and Immigrants Harmed by US Deportation Policy” (“Separación forzosa: Familias separadas e inmigrantes dañados por las políticas sobre deportación de Estados Unidos”), es la primera revisión exhaustiva de la deportación de personas no ciudadanas convictas por crímenes y del impacto que ello tiene sobre las familias y comunidades en Estados Unidos. Entre los casos de deportación documentados en el informe figuran los siguientes:
• Un hombre de 52 años de edad que vivió en Estados Unidos como residente permanente legal durante 40 años, sirvió en el ejército estadounidense, tiene cuatro hijos que son ciudadanos de este país y fue sentenciado por posesión y venta de pequeñas cantidades de drogas.
• Un padre de tres niños ciudadanos estadounidenses sentenciado por abrir un automóvil a la fuerza y robar de una farmacia una botella de colirio de $10.
• Un hombre joven que había vivido legalmente en Estados Unidos como refugiado de Laos desde la edad de cuatro años.
Según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) contenidos en el informe, el 64.6 por ciento de inmigrantes deportados por crímenes en 2005 había sido sentenciado por delitos no violentos, incluyendo robo de artículos en una tienda; alrededor del 20.9 fue deportado por delitos que involucraron violencia contra personas y el 14.7 por ciento a causa de “otros” crímenes.
Human Rights Watch utilizó datos del censo sobre el tamaño de las familias inmigrantes para estimar la cantidad de cónyuges, hijas e hijos que tuvieron que quedarse en Estados Unidos luego de que se deportara a su cónyuge, padre o madre debido a una sentencia penal.
La reforma de las leyes de 1996 no fue incluida en la legislación inmigratoria integral que el Congreso consideró este año. No obstante, en enero de 2007 el congresista José Serrano introdujo un proyecto de ley (HR 1176) que permitiría a jueces de inmigración tomar en cuenta los intereses de niñas y niños ciudadanos estadounidenses durante las audiencias de deportación. Sin embargo, la ley propuesta no protegería las relaciones conyugales ni otros vínculos que los inmigrantes tienen en Estados Unidos, como una residencia legal prolongada o el servicio en las fuerzas armadas del país.
“La mayoría de miembros de la Unión Europea y otras grandes democracias tienen en cuenta las relaciones familiares y otros vínculos con el país de inmigración antes de que se tome la decisión final de deportar”, dijo Parker. “En Estados Unidos, sin embargo, los jueces de inmigración tienen las manos atadas; no hay nada que puedan hacer para proteger a las familias o reconocer las numerosas contribuciones que las personas no ciudadanas han hecho a sus comunidades o a la nación”.
Dos inmigrantes deportados a causa de sentencias penales, Wayne Smith y Hugo Armendáriz, han presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Smith y Armendáriz, quienes tienen esposas, hijas e hijos en Estados Unidos, vivieron en este país como residentes permanentes legales durante 25 y 28 años, respectivamente, antes de que se les deportara a Trinidad y México por delitos relacionados con drogas.
Una audiencia en el caso, para la cual Human Rights Watch presentó un memorial amicus curiae preparado por la Stanford Immigrants’ Rights Clinic, se llevará a cabo este viernes 20 de julio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC.
