Las fuerzas de seguridad de Kurdistán, en el norte de Irak, torturan habitualmente y niegan las garantías procesales a los detenidos, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.
Human Rights Watch insta al Gobierno Regional de Kurdistán a poner fin a la tortura y el maltrato de los detenidos por los servicios de seguridad. Las autoridades kurdas deben tratar a todos los detenidos conforme a las normas internacionales y garantizar su derecho al debido proceso y el juicio justo.
El informe de 58 páginas, “Caught in the Whirlwind: Torture and Denial of Due Process by the Kurdistan Security Forces” (Atrapados en el torbellino: Tortura y negación de garantías procesales por parte de las fuerzas de seguridad de Kurdistán), documenta el maltrato generalizado y sistemático y las violaciones de las garantías procesales de las personas recluidas en centros de detención de las fuerzas de seguridad de Kurdistán. El informe se basa en la investigación realizada en la región del Kurdistán iraquí entre abril y octubre de 2006, que incluye entrevistas con más de 150 detenidos.
Human Rights Watch planteó sus preocupaciones a los líderes del gobierno de Kurdistán, entre ellos el Presidente Mas’ud Barzani del Gobierno Regional de Kurdistán, que creó un comité oficial para llevar a cabo inspecciones de varios centros de detención a principios de octubre de 2006.
“Las fuerzas de seguridad de Kurdistán someten habitualmente a los detenidos a tortura y otras formas de maltrato”, señaló Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Aunque las autoridades kurdas han adoptado medidas serias para mejorar las condiciones de los centros de detención, tienen que hacer más por acabar con la práctica de la tortura. El gobierno debe castigar a los funcionarios de prisiones e interrogadores que resulten responsables del abuso”, agregó.
El Partido Democrático de Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica de Kurdistán (UPK) son los dos principales partidos de la región, y cada uno de ellos mantiene sus propias fuerzas de seguridad, conocidas como Asayish. Tanto la Asayish del PDK como la Asayish del UPK operan fuera del control del Ministerio del Interior del gobierno regional, mantienen sus propios centros de detención y han recluido a cientos de detenidos, especialmente los arrestados como presuntos responsables de delitos relacionados con el terrorismo.
Durante las entrevistas en los centros de detención del Asayish, los detenidos dijeron a Human Rights Watch que los agentes les habían golpeados con varas de madera y otros instrumentos, colocado en posiciones incómodas durante períodos prolongados y mantenido amordazados y esposados continuamente durante períodos de varios días. La gran mayoría de los detenidos con los que habló Human Rights Watch también denunciaron que los mantenían en aislamiento durante largos períodos. Con algunas excepciones, Human Rights Watch descubrió que los detenidos se encontraban en condiciones de grave hacinamiento e insalubridad.
Human Rights Watch también descubrió que la Asayish tiene detenidas a cientos de personas en un limbo legal sin garantías procesales fundamentales, entre ellas el derecho a recurrir su detención. En la gran mayoría de los casos de detenidos por la Asayish investigados por Human Rights Watch, las autoridades de Kurdistán no han formulado cargos contra los detenidos, no les han permitido el acceso a sus familiares o a un abogado, ni los han hecho aparecer ante un juez instructor, ofrecido un mecanismo para poder apelar sus detenciones, ni llevado a juicio en un plazo de tiempo razonable.
Human Rights Watch también investigó varios casos en los que las autoridades kurdas habían tomado aparentemente como rehenes a personas buscadas por delitos relacionados con el terrorismo. En otros casos, algunos presos condenados que ya habían cumplido sus sentencias seguían en prisión, y algunos detenidos que habían sido juzgados y absueltos seguían recluidos. La mayoría desconocían su situación legal, cuánto tiempo seguirían encarcelados o qué iba a ser de ellos.
“Las autoridades de Kurdistán deben formular cargos penales contra los detenidos o si no liberarlos”, señaló Whitson. “Los detenidos deben poder recurrir la base legal de su detención y recibir un juicio rápido y justo por los cargos que pesan sobre ellos”, agregó.
En julio de 2006, la Asamblea Nacional de Kurdistán adoptó la Ley sobre la Lucha contra el Terrorismo en la Región de Kurdistán Iraquí (Ley Antiterrorista), que criminaliza toda una serie de delitos considerados actos de terrorismo. Esta ley no ha aclarado la situación legal de los presuntos terroristas detenidos antes de su promulgación. Entre ellos se encuentran varios sospechosos detenidos en redadas conjuntas de las fuerzas militares iraquíes y estadounidenses, y trasladados posteriormente a la custodia de las autoridades de Kurdistán.
“Las autoridades kurdas deben establecer criterios claros para evaluar la situación legal de los sospechosos de terrorismo detenidos antes de la Ley Antiterrorista”, señaló Whitson. “Y tienen que nombrar un comité judicial independiente que realice una revisión exhaustiva de todos estos casos”, agregó.
Durante los meses en que Human Rights Watch realizó la investigación para este informe, mantuvo entrevistas regulares con las autoridades de Kurdistán, y reconoce la cooperación de los funcionarios tanto del PDK como de la UPK. El PDK y la UPK facilitaron el acceso de Human Rights Watch a los centros de detención de la Asayish y entrevistas con funcionarios de la Asayish, directores de prisiones, asesores legales y otros actores relevantes. Human Rights Watch reconoce también la seriedad con que las autoridades de Kurdistán respondieron a las preocupaciones que se destacan en este informe. Durante el transcurso del año pasado, los funcionarios de la Asayish han iniciado revisiones parciales de los casos de detenidos y puesto en libertad a varios grupos de detenidos, la mayoría de los cuales estaban recluidos sin el debido proceso.
Aunque Human Rights Watch reconoce y recibe positivamente la cooperación de las autoridades de Kurdistán, esta cooperación todavía tiene que traducirse en mejoras discernibles para la mayoría de los detenidos en los centros de la Asayish y está muy lejos de la revisión judicial independiente e imparcial de la situación legal de los detenidos recomendada por Human Rights Watch con carácter urgente.
