La falta de salvaguardias en la política francesa de expulsiones de residentes extranjeros sospechosos de tener relación con el extremismo violento socava los derechos humanos y aliena a las comunidades, cuya colaboración es crítica para la lucha contra el terrorismo, señala Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

En Francia y otros países de la Unión Europea, la expulsión forzosa de extranjeros sospechosos de extremismo se considera cada vez más como un instrumento para contrarrestar la radicalización violenta y el reclutamiento de terroristas. Desde septiembre de 2001, el gobierno francés ha expulsado a más de 70 personas a las que describe como “fundamentalistas islámicos”, entre ellas al menos 15 clérigos musulmanes (imanes). Sin embargo, la política francesa carece de salvaguardias adecuadas contra las violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura. Las apelaciones basadas en el riesgo de tortura u otros motivos relacionados con los derechos humanos no conllevan la suspensión automática de la expulsión.

El 11 de mayo, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas condenó a Francia por expulsar a un presunto terrorista, Adel Tebourski, a Túnez, a pesar de la credibilidad de las pruebas del riesgo de tortura a su regreso al país. Esta es la segunda decisión de este tipo contra Francia que adopta un organismo de la ONU en los últimos cuatro años.

“Francia tiene derecho a expulsar a los ciudadanos extranjeros que amenacen su seguridad nacional, siempre que respete los derechos humanos en el proceso”, señaló Holly Cartner, directora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Pero, como pone de manifiesto la reciente decisión del Comité contra la Tortura de la ONU, las salvaguardias de Francia en estos casos no dan la talla”, agregó.

El informe de 92 páginas, “In The Name of Prevention: Insufficient Safeguards in National Security Removals” (En nombre de la prevención: Insuficientes salvaguardias en las expulsiones por motivos de seguridad nacional), examina las expulsiones administrativas de imanes y otras personas consideradas promotores del extremismo. Partiendo de 19 estudios de caso, el informe concluye que los procedimientos carecen de las garantías necesarias para prevenir violaciones graves de las obligaciones contraídas por Francia dentro del derecho internacional de derechos humanos.

La política de expulsiones forzosas forma parte de la estrategia preventiva de Francia para combatir el terrorismo. Sin procedimientos justos y transparentes, es probable que las expulsiones subviertan los objetivos de proteger la seguridad pública y promover la cohesión social, señala el informe. La expulsión forzosa de imanes y personas que llevan mucho tiempo residiendo en el país se ve con gran preocupación dentro de la población musulmana de Francia, la más numerosa de Europa, y corre el peligro de alienar a estas comunidades.

“La prevención del terrorismo no consiste sólo en una labor policial y de inteligencia efectiva”, señaló Cartner. “También tiene que ver con ganarse los corazones y las mentes. Reducir las protecciones de derechos humanos cuando se trata de expulsiones forzosas envía el mensaje equivocado a los musulmanes en Francia”, agregó.

La expulsión por parte del gobierno francés de imanes a los que describe como “predicadores del odio” ha atraído la atención internacional. El Ministerio del Interior ordena estas expulsiones sobre la base de informes de inteligencia en los que no se revela ni las fuentes ni los métodos empleados, lo que hace virtualmente imposible refutar significativamente las acusaciones. En los casos examinados por Human Rights Watch, los hombres estaban acusados de expresar ideas que muchos considerarían profundamente ofensivas, pero que no constituyen el tipo de incitación directa a la violencia que justificaría dicha interferencia extrema en el derecho a la libertad de expresión.

“El sistema de justicia penal debe ocuparse de la incitación directa a la violencia, la discriminación o la hostilidad”, señaló Cartner. “Pero no se puede expulsar a alguien de un país que considera suyo por expresar ideas, independientemente de lo ofensivas y chocantes que sean”, agregó.

Las expulsiones por motivos de seguridad nacional repercuten sobre el derecho a la vida familiar de las víctimas de las expulsiones y sus familiares. Entre las personas expulsadas por la fuerza se encuentran hombres nacidos en Francia o que han vivido en el país desde una edad muy temprana, así como personas casadas con ciudadanos franceses o residentes de largo plazo, y los que tienen hijos ciudadanos franceses. A menos que se establezca convincentemente la existencia de una grave amenaza contra la seguridad nacional, estas expulsiones vulneran el derecho a la familia tanto de las propias personas expulsadas como especialmente de sus familiares y constituyen una violación del derecho internacional.

El informe contiene recomendaciones concretas al gobierno francés para que sus procedimientos sean plenamente compatibles con sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, entre ellas:

  • Permitir que las personas objeto de expulsiones forzosas permanezcan en Francia hasta que se decida cualquier apelación por motivos de derechos humanos o petición de asilo; y,
  • Mejorar y aplicar de manera más justa el sistema de asignación de la residencia obligatoria en Francia como una alternativa a la expulsión forzosa en casos en los que la expulsión violara las leyes de derechos humanos.

Hay un interés creciente en Europa por explorar una estrategia común para las expulsiones por motivos de seguridad nacional dentro del marco del plan de acción de la Unión Europea para combatir el terrorismo; y en concreto la estrategia para combatir la radicalización violenta y el reclutamiento. Francia es una voz destacada en estos temas y ha promovido recientemente una resolución de la Unión Europea sobre el intercambio de información con respecto a las expulsiones de sospechosos de terrorismo y los que incitan a la discriminación, el odio o la violencia.