Las mujeres en Tierra del Fuego tienen ahora menos opciones para prevenir embarazos y corren un mayor riesgo de tener hijos no deseados. Debido a la decisión de una jueza de Ushuaia, las mujeres y adolescentes pobres en esta provincia ya no cuentan con acceso a las pastillas anticonceptivas de emergencia. El fallo, que ordenó suspender la distribución gratuita de estas pastillas a través del sector de la salud pública, se basa en ignorancia científica.
Los opositores de las pastillas anticonceptivas de emergencia arguyen que el principal componente -la hormona levonorgestrel- induce el aborto, por lo que viola la protección constitucional de la vida desde el momento de la concepción.
Estos métodos no interrumpen el embarazo sino, por el contrario, lo previenen. Los estudios científicos más recientes demuestran que el levonorgestrel, cuando es administrado como anticonceptivo de emergencia, retrasa o inhibe la ovulación y, por lo tanto, no es abortivo. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología como la comunidad científica más amplia concuerdan en este punto -razón por la cual otros países que tienen leyes restrictivas sobre el aborto, entre ellos Brasil, Colombia, Nicaragua, Kenia y Tailandia e incluso otras provincias en la Argentina, permiten la distribución pública de estos anticonceptivos de emergencia.
Más aún, prohibir la distribución gratuita en centros públicos de salud mientras que las farmacias continúan vendiendo los productos discrimina a las mujeres que tienen menos dinero. Cuanto más pronto se inicia el tratamiento con pastillas anticonceptivas de emergencia, más eficaces son los resultados. Cualquier retraso en su administración incrementa el riesgo de que se produzca un embarazo.
En su informe de 2005 sobre los derechos reproductivos en este país, "Decisión prohibida: Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina", Human Rights Watch identificó tres principales obstáculos en el acceso de las mujeres a los anticonceptivos: la violencia doméstica y sexual, la provisión de información inexacta e inadecuada y las restricciones económicas. La actual decisión judicial refuerza estas barreras y limita las opciones de las mujeres, en detrimento de su salud.
El acceso amplio a los métodos anticonceptivos regulares y de emergencia en el sector de la salud pública es crucial para segmentos pobres y vulnerables de la población, incluyendo a sobrevivientes de violación, mujeres indigentes y adolescentes. La prestación de servicios en un ambiente que respeta los derechos de las mujeres y las adolescentes a recibir información completa, a la autonomía reproductiva, la privacidad y la confidencialidad, también influye en su anuencia a buscar cuidados. Más aun, proveer pastillas anticonceptivas de emergencia puede servir como un puente hacia la prescripción a más largo plazo de métodos anticonceptivos regulares.
El nuevo Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Argentina reconoce la necesidad de un acceso oportuno, asequible e igualitario a éste y a otros métodos anticonceptivos, además de estipular, en sus directrices médicas, un amplio acceso a las pastillas anticonceptivas de emergencia.
Los tribunales de Tierra del Fuego deben respetar el programa del Ministerio de Salud de la Nación. Las mujeres argentinas merecen el acceso a todo lo que la medicina moderna puede ofrecerles.
*Firman también este artículo Wayne Shields -presidente y director ejecutivo de la Asociación de Profesionales en Salud Reproductiva (ARHP)- y Beth Jordan -directora médica de ARHP en los Estados Unidos.
