El primer esfuerzo serio de México para enjuiciar a los responsables de las atroces violaciones a los derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia” concluyó sin cumplir con sus objetivos, dijo hoy Human Rights Watch.
Human Rights Watch dijo que los resultados obtenidos por la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por el gobierno del ex Presidente Vicente Fox para investigar estas violaciones y sancionar a los responsables, han sido muy decepcionantes. Las más de seiscientas “desapariciones” bajo investigación, así como las masacres estudiantiles ocurridas el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, continúan impunes. En sus cinco años de funcionamiento, esta fiscalía, cuyo cierre se formalizó con la publicación del Acuerdo A/317/06 en el Diario Oficial de la Federación, no consiguió ni una condena y ha logrado avances muy limitados en descubrir el destino de cientos de personas “desaparecidas” en los años ’70.
“La Fiscalía Especial puede haber cerrado, pero la cuenta pendiente con el pasado no desaparecerá”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La obligación del estado de proveer verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos continúa vigente”.
A pesar de contar con leyes que impedían el enjuiciamiento de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos cometidos por los brutales regímenes militares en Argentina, Chile y Uruguay, los gobiernos democráticos de estos países lograron impulsar juicios por estos abusos. En Argentina, la anulación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes de “punto final” y “obediencia debida” permitió que en el 2006 se realizaran los primeros juicios en casi veinte años por desapariciones forzadas y torturas. En Chile, la ley de amnistía generalmente no se aplica a los casos de desapariciones forzadas y el gobierno dijo que presentaría un proyecto de ley para evitar que se aplique a los casos de graves abusos contra los derechos humanos. Una reciente decisión judicial en Uruguay interpretó que la “ley de caducidad” no era aplicable a violaciones a los derechos humanos que hubieran sido cometidas fuera del territorio uruguayo.
“Mientras que otros países, como Argentina, Chile y Uruguay, han logrado avances significativos en enjuiciar a los responsables de las atroces violaciones cometidas por sus respectivos regímenes militares, México está totalmente rezagado y tiene el deber de diseñar una política que logre romper con el status quo”, agregó Vivanco.
