Si, a lo largo de estos 10 años, se hubiera aplicado en su integridad el tratado de paz de Dayton que en noviembre de 1995 puso fin a la Guerra de Bosnia, Bosnia-Hercegovina sobresaldría a nivel mundial por su currículum intachable de respeto a los Derechos Humanos. El acuerdo proclamaba el derecho de todos los refugiados y desplazados a regresar a su casa y la obligación del Estado de investigar y perseguir los crímenes de guerra. En una iniciativa ciertamente única en el mundo, más de una docena de tratados internacionales de Derechos Humanos serían susceptibles de aplicación directa en los tribunales del país.

Por lo menos sobre el papel, todo estaba dispuesto para transformar Bosnia en un lugar en el que los Derechos Humanos importaran de verdad. Pero la realidad es muy diferente. Es cierto que Bosnia se halla hoy en paz, y que las actuales violaciones de derechos no son mayores que las que se producen en otras regiones de la antigua Yugoslavia. Pero Bosnia sigue inmersa en el pasado, y el legado de los abusos en tiempos de guerra pervive todavía.
Fijémonos, por ejemplo, en el regreso de los refugiados y desplazados.Más de dos millones de bosnios se vieron obligados a salir de su casa, gran parte de ellos como consecuencia de una campaña deliberada de terror y crímenes a la que el mundo suele referirse como limpieza étnica. Los observadores internacionales aseguran que ya ha vuelto la mitad, incluidas 450.000 personas que se han reinstalado en zonas en las que constituyen una minoría étnica (los llamados «retornos de las minorías»).
Sin embargo, un trabajo de campo del Comité Bosnio de Helsinki por los Derechos Humanos ha demostrado que menos de la mitad de los que se han registrado como exiliados que han vuelto a casa viven realmente en sus residencias de antes de la guerra.Algunos funcionarios bosnios reconocen que las cifras oficiales exageran bastante la cantidad real de retornos de las minorías.
Este año, el número de regresos ha sido particularmente desalentador, con un índice que no llega a la décima parte del que se registró en 2002. Con excepción de unas pocas zonas, tanto en la República Sprska de mayoría serbia (Prijedor, Doboj, Janja) como en la Federación con predominio de musulmanes bosnios y croatas (Drvar, Bugojno, Stolac), las cifras actuales de retornos son demasiado escasas como para corregir los efectos de la limpieza étnica de los tiempos de guerra. Incluso en las áreas en las que la población se ha mezclado de nuevo, la división por etnias permanece intacta. Las escuelas separadas para los niños de las diferentes nacionalidades son una expresión especialmente descorazonadora de esta brecha.
¿Y qué hay de la persecución de los criminales de guerra? Bosnia fue escenario de algunos de los peores horrores que se han visto en Europa desde el final de la II Guerra Mundial, incluido el genocidio de Srebrenica en julio de 1995. En la Federación de Bosnia-Hercegovina, se ha procesado por crímenes de guerra a un centenar de personas. Pero en la República Sprska, donde éstos fueron particularmente numerosos, hasta la fecha se ha celebrado únicamente un juicio, que se saldó con la absolución de 11 serbobosnios acusados por la detención ilegal de un sacerdote católico que fue posteriormente asesinado.
Este año, ha comenzado sus trabajos en Sarajevo una sala especializada en crímenes de guerra, como parte del recién constituido Tribunal Superior. La participación de jueces y fiscales de diversos países del mundo debería convertir esta corte en una buena alternativa local al Tribunal de Crímenes Internacionales para la antigua Yugoslavia (TICY) con sede en La Haya. Sin embargo, existen serias preocupaciones de que la nueva institución no tenga sospechosos de alto nivel a los que procesar, debido a que muchos de los serbobosnios y bosniocroatas a los que querría acusar huyeron a Serbia y a Croacia al terminar la guerra y adquirieron allí una nueva nacionalidad. Estos dos países no tienen ninguna intención de entregar a Bosnia a tales sospechosos, y para negarse a hacerlo alegan que sus constituciones prohíben la extradición de sus ciudadanos.
Los trabajos del tribunal de crímenes de guerra ubicado en La Haya, por meritoria que sea su labor, no son suficientes para satisfacer la sed de justicia de los cientos de miles de bosnios cuyos familiares y hogares fueron asesinados y destruidos. Un centenar de sospechosos de Bosnia-Hercegovina, muchos de ellos políticos o militares de alto rango, han sido procesados o se hallan a la espera de juicio en el TICY, pero esa cifra todavía constituye una pequeña fracción de los autores de crímenes de guerra entre 1992 y 1995. Y los dos acusados más importantes del TICY en lo que respecta a Bosnia, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, aún no se han sentado en el banquillo. Su desafío a la comunidad internacional, que ya dura una década, ha alimentado el nacionalismo serbio en Bosnia y otros lugares de la antigua Yugoslavia, haciendo imposible la reconciliación que tanto se necesita. El arresto de Mladic sería actualmente competencia de Serbia, pero Karadzic aún permanece casi con toda seguridad en Bosnia. Los miles de agentes internacionales que se encuentran aquí para salvaguardar la paz hace ya tiempo que debían haberle detenido.
Probablemente, estos días veremos cómo se vanaglorian de su labor los líderes occidentales que llevan una década encubriendo las tensiones latentes en Bosnia. Porque, aunque la ausencia de conflictos es un logro digno de alabanza, no debe hacer olvidar que, pese a los 10 años de administración internacional, los miles de millones de euros invertidos y el despliegue masivo de las fuerzas de la OTAN, Bosnia sigue siendo un lugar en el que, para gran parte de sus ciudadanos, los Derechos Humanos no significan mucho más que palabras vacías y promesas incumplidas.