El gobierno del presidente Bush es el único gobierno en el mundo en exigir para sí una justificación legal para maltratar prisioneros durante los interrogatorios.
El gobierno recientemente tomó contacto con miembros del Congreso, a fin de obtener una exención que permitiría a la CIA usar tratos crueles, inhumanos o degradantes respecto de prisioneros que se encuentran en custodia de Estados Unidos, fuera de su territorio.
Pese a que muchos otros gobiernos practican la tortura y otras formas de malos tratos, e incluso tienen un historial de abusos mucho peor que el de Estados Unidos, ningún otro gobierno sostiene actualmente que tal abuso es legalmente permisible, señaló Human Rights Watch.
“El gobierno está estableciendo un peligroso ejemplo para el resto del mundo cuando intenta ubicar a las agencias espías por encima de la ley”, indicó Tom Malinowski, Director de Human Rights Watch en Washington. “El Congreso debe rechazar esta propuesta en su totalidad. De otra manera, Estados Unidos no tendrá derecho alguno para demandar un trato humano si un ciudadano norteamericano cae en las manos de servicios de inteligencia extranjeros”.
A principios de este mes, en una votación de 90-6, el Senado norteamericano aprobó una medida patrocinada por los senadores republicanos John McCain and Lindsey Gram., la cual prohibiría que los militares y la CIA usaran “tratos crueles, inhumanos, o degradantes” respecto de cualquier detenido y en cualquier parte del mundo.
Sin embargo, la semana pasada el Vicepresidente Dick Cheney y el Director de la CIA Porter Goss se reunieron con el Senador McCain para proponer una exención respecto de la legislación propuesta. La propuesta exención establece que la medida “no se aplicará respecto de operaciones encubiertas de contraterrorismo dirigidas en el extranjero, con respecto de terroristas que no son ciudadanos de Estados Unidos, que son cumplidas por un elemento del gobierno de los Estado Unidos distinto del Departamento de Defensa…. si el presidente determina que tales operaciones son vitales para proteger a los Estados Unidos y sus ciudadanos de un ataque terrorista”.
La exención, la cual se aplica de acuerdo a sus propios términos a operaciones de contraterrorismo no militares contra quienes no son sus ciudadanos en el extranjero, establece que dichas operaciones necesitan ser “consistentes con la Constitución y leyes de los Estados Unidos y con los tratados internacionales respecto de los cuales Estados Unidos es parte”. Sin embargo, la Constitución no restringe que manera robusta el accionar de la CIA en el extranjero y las leyes internas contienen innumerables vacíos legales. Más aun, oficiales del gobierno han señalado previamente al Congreso que no consideran que el personal de la CIA operando en el extranjero se encuentre obligado a acatar la prohibición legal de “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, que se encuentra establecida bajo tratados respecto de los cuales los Estados Unidos es parte.
“Esta exención contiene un lenguaje que podría dar luz verde a la CIA para tratar a los prisioneros de manera inhumana”, planteó Malinowski. “Si se permite que así sea, todas las promesas hechas por Bush sobre tratos humanos no tendrán significado alguno.”
Human Rights Watch indicó que la exención abriría las puertas a la práctica de la tortura, debido a que sería imposible para los interrogadores notar la línea divisoria entre malos tratos legales o ilegales. Oficiales del gobierno de Bush, requeridos al respecto por miembros del Congreso en el pasado, han fallado en definir claramente la diferencia entre tortura y menores formas de malos tratos. Incluso han definido incorrectamente el concepto de tortura; por ejemplo han llegado a señalar que sumergir a una persona en el agua hasta que ella siente que se va a ahogar no es una forma de tortura.
