El gobierno colombiano no ha protegido los derechos humanos fundamentales de millones de desplazados por el conflicto armado del país, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Se niega con frecuencia a las familias desplazadas el acceso a la educación, la atención sanitaria de emergencia y la ayuda humanitaria.
Las familias entrevistadas para el informe de 60 páginas, “Desplazados y desechados: La grave situación de los desplazados internos en Bogotá y Cartagena”, describieron la huida de sus hogares después de recibir amenazas, ser objeto de torturas, o ver a familiares o vecinos asesinados. Cuando huyen de sus comunidades y buscan refugio en otro lugar, es posible que tengan que esperar semanas o hasta meses para recibir ayuda de emergencia, que se les niegue con frecuencia la atención médica, y que no puedan matricular a sus hijos en escuelas.
“Las familias desplazadas en Colombia están doblemente desposeídas”, señaló Michael Bochenek, consejero legal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “Después de que los grupos armados los arrancan de sus hogares, el gobierno les niega sus necesidades básicas”, agregó.
Colombia padece la mayor crisis de desplazamiento del mundo después de Sudán. Tan sólo en los últimos tres años, más de 3 millones de personas, es decir, más del 5 por ciento de la población de Colombia, han sido forzosamente desplazados debido al conflicto armado del país. Más de la mitad de todas las personas desplazadas son menores de 18 años.
El desplazamiento forzado es una consecuencia del conflicto armado, pero los funcionarios del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez suelen describir a las personas desplazadas como “migrantes económicos” y han sugerido que dirigir la asistencia a personas internamente desplazadas supone discriminar a otros colombianos pobres. El gobierno de Uribe ha promovido el regreso a las comunidades de origen como principal respuesta al desplazamiento interno, a pesar de que el retorno en condiciones de seguridad no es posible en muchas áreas del país.
Aunque Colombia es uno de los pocos países que han promulgado leyes para proteger a los internamente desplazados, el proceso de registro para obtener estos beneficios puede ser confuso y enrevesado. Sólo la mitad de los que se registran reciben realmente asistencia humanitaria, en ocasiones después de esperar entre dos y tres meses. Para los que reciben ayuda, ésta se limita a tres meses en la mayoría de los casos.
Los niños desplazados tienen derecho a asistir a escuelas en sus nuevas comunidades, pero a algunos les piden que presenten cartillas escolares o formas de identificación que ya no poseen. A otros les niegan la matrícula porque las escuelas no tienen plazas para ellos. En muchos casos, las tasas de matrícula y los costos relacionados de la escolarización les impiden asistir.
Las familias desplazadas deberían poder recibir asistencia de emergencia, pero son rechazadas con frecuencia cuando la piden porque los hospitales no se tienen incentivos para prestar servicios por lo que nunca les pagarán. Los que están inscritos en el sistema de salud estatal tienen que pagar por las medicinas, que están fuera del alcance de los ingresos de muchas familias desplazadas.
En enero de 2004, el sistema oficial de asistencia a las personas desplazadas se encontraba en tal estado de crisis que la Corte Constitucional de Colombia declaró la existencia de “un estado de cosas inconstitucional”. La corte ordenó al gobierno que adoptara medidas correctivas en el plazo de un año. Pero muchas familias desplazadas no han visto el beneficio de estas medidas. En septiembre de 2005, la corte concluyó que las medidas adoptadas por el gobierno para cumplir su sentencia eran insuficientes en términos tanto de recursos como de voluntad institucional.
Human Rights Watch instó a las autoridades colombianas que acaten completamente el fallo de la Corte Constitucional. Las autoridades colombianas deben garantizar que las familias desplazadas reciben ayuda humanitaria de emergencia sin dilación, extendiendo su cobertura más allá del plazo habitual de tres meses prescrito en la legislación colombiana. El sistema de salud estatal debe ofrecer a las personas desplazadas medicinas, consultas de especialistas y una mejora del acceso a la información sobre salud, lo que incluye información sobre salud sexual y reproductiva.
El gobierno colombiano debe asegurarse también de que no se impida que los niños desplazados asistan a clase por no poder presentar los certificados requeridos, carecer de uniforme, o no poder pagar las tasas escolares y los costos relacionados, señaló Human Rights Watch.
