El proyecto de ley para la desmovilización de los grupos paramilitares que el Congreso colombiano empezó a debatir esta tarde en plenarias, dejaría intactas las estructuras de estos grupos.
El proyecto reduce radicalmente los plazos para investigar los crímenes de los paramilitares, de tal manera que será prácticamente imposible hacer que los paramilitares rindan cuentas ante la justicia. Aún si llegan a ser condenados, comandantes paramilitares podrían terminar cumpliendo penas reducidas de tan solo dos años por todos sus crímenes, sin tener que confesar, sin revelar lo que saben sobre las redes mafiosas que manejan, y sin tener que entregar la totalidad de sus bienes ilegalmente adquiridos.
"El proyecto actual hace poco más que servir a los intereses de los líderes paramilitares: no toca sus redes mafiosas ni el poder económico que alimenta las actividades de sus grupos," señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Es un mal arreglo tanto para los colombianos como para la comunidad internacional, y sienta un precedente desastroso para negociaciones futuras con otros grupos armados."
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia anunció ayer que buscaría introducir algunas aclaraciones al proyecto, respondiendo a las preocupaciones expresadas recientemente por varios Senadores de los Estados Unidos en cartas al Presidente colombiano Álvaro Uribe. Sin embargo, el texto de estos cambios aún no se ha hecho público.
Human Rights Watch expresó preocupación que los cambios podrían ser tan solo superficiales, sin realmente tocar los graves problemas de la ley. La organización instó al Congreso de Colombia a que le haga cinco cambios fundamentales al proyecto de ley:
- Primero, completamente eliminar las disposiciones del proyecto que (1) le dan tan sólo 24 horas a los fiscales para formular imputaciones en contra de desmovilizados después de recibir sus versiones libres, y (2) limitan el plazo para investigar a 30 días después de formular la imputación. Tales restricciones en los plazos para la investigación prácticamente garantizarían la impunidad, ya que no sería posible recoger suficientes pruebas para lograr una condena.
- Segundo, a cambio de las rebajas de penas, se debe exigir a los líderes paramilitares que ofrezcan una confesión completa y veraz y que entreguen toda la información que tengan sobre la estructura operativa, las fuentes de financiamiento y los bienes ilegalmente adquiridos de sus grupos. Sin estos requerimientos, será prácticamente imposible para el gobierno conseguir la información necesaria para llegar a la verdad sobre las atrocidades cometidas por estos grupos, y para desmantelar sus estructuras.
- Tercero, el proyecto debe disponer que los paramilitares perderán todos sus beneficios si se descubre que le han mentido a las autoridades sobre sus crímenes, operaciones, y fuentes de financiamiento, o si han retenido bienes ilegalmente adquiridos. Esta disposición es esencial para asegurar que los requerimientos de entrega de bienes, confesión, y entrega de información se cumplan.
- Cuarto, el proyecto debe prohibir que los líderes paramilitares obtengan rebajas de penas mediante la desmovilización "individual" hasta que los grupos bajo su mando se desmovilicen totalmente y cesen su participación en atrocidades. Esta disposición es necesaria para asegurar la credibilidad del proceso.
- Quinto, el tiempo que los líderes paramilitares han estado negociando no debe considerarse como tiempo de pena cumplida.
"Si el Congreso realmente quiere desmantelar a estos complejos grupos, entonces tiene que hacer cambios reales, y no solo cosméticos", señaló Vivanco. "Pero si el Congreso aprueba la actual versión del proyecto, condenará a Colombia a la continuación del control y la violencia de las mafias paramilitares", agregó.
Los grupos paramilitares colombianos se encuentran en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha solicitado la extradición de muchos de sus líderes por delitos de narcotráfico. En 2002, estos comandantes empezaron a negociar la desmovilización con el gobierno colombiano con la esperanza de evitar la extradición y largas penas de cárcel en Estados Unidos.
Comandantes paramilitares son responsables de haber ordenado incontables masacres, asesinatos premeditados, desapariciones forzadas y actos de tortura y extorsión a lo largo de las últimas dos décadas. Las tropas bajo su mando son pagadas y financiadas mediante complejas operaciones de narcotráfico y otras actividades ilegales. Dado el poder económico de estos grupos, sus tropas desmovilizadas son fácilmente reemplazadas con nuevos reclutas, y comandantes paramilitares disfrutan de influencia política en gran parte del país.
En enero, Human Rights Watch pidió a los donantes internacionales que condicionaran su apoyo al proceso de desmovilización para la aprobación de una ley en Colombia que pudiera efectivamente desarticular a los grupos paramilitares y que asegurara justicia por las atrocidades cometidas. Tanto la Unión Europea como representantes del gobierno de Estados Unidos han adoptado públicamente posiciones similares.
En una conferencia internacional de donantes en Cartagena en febrero, el gobierno del Presidente Uribe hizo pública una propuesta legislativa que empezaba a abordar algunas de las preocupaciones planteadas por la comunidad internacional, aunque seguía teniendo graves problemas. Después de la conferencia, sin embargo, el gobierno desechó ese proyecto de ley y lo sustituyó con una propuesta diferente. La nueva versión del proyecto es totalmente inconsistente con los estándares articulados por los donantes internacionales. El proyecto ahora está ante la totalidad del Congreso para su aprobación final.
