Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia con el propósito de expresarle nuestra profunda preocupación por el reciente asesinato del dirigente sindical Gilberto Soto.

El Sr. Soto era un ciudadano estadounidense, nacido en El Salvador, y un respetado dirigente sindical de la Fraternidad Internacional de Camioneros en New Jersey. Trabajó por la organización sindical de los transportistas de contenedores portuarios en la región noreste de los Estados Unidos, deseando extender sus esfuerzos organizativos en ese sector a América Central. El Sr. Soto planeaba iniciar una ronda de reuniones con los trabajadores portuarios y los transportistas de contenedores portuarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua en la semana del 8 de noviembre.

Presuntamente el Sr. Soto recibió un disparo a quemarropa en las inmediaciones de su casa materna en Usulután, El Salvador, el día 5 de noviembre, muriendo de manera inmediata. Se presume que al menos dos maleantes abandonaron el sitio del crimen en un vehículo que los estaba esperando.

El 14 de noviembre, dos días después de haber denunciado el asesinato del Sr. Soto, la oficina del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), una organización no gubernamental líder en el campo de los derechos laborales en El Salvador, fue víctima de un supuesto robo.

Nos encontramos profundamente preocupados por estos incidentes y por su posible efecto sobre el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores salvadoreños. En el caso de que estos incidentes no sean debidamente sancionados podrían dar lugar a un clima de miedo que impediría a los trabajadores ejercer sus derechos humanos fundamentales.

Resulta especialmente importante que estos actos criminales no queden impunes ante la proximidad de posibles acciones legislativas relativas al Acuerdo de Libre Comercio entre América Central, la República Dominicana y los Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés)—un acuerdo con repercusiones potencialmente graves para los derechos humanos de los trabajadores. Tal como documentara Human Rights Watch en su informe de diciembre de 2003, los trabajadores salvadoreños padecen en la actualidad violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, mientras el gobierno ignora o incluso facilita estos abusos. En particular, los trabajadores enfrentan innumerables obstáculos para ejercer su
derecho a la libertad de asociación, temiendo ser despedidos y sufrir represalias en el caso de ejercer dicho derecho. Resulta inaceptable que además deban sentirse atemorizados por el hecho de verse sujetos a actos de violencia física, e incluso asesinatos, como consecuencia de sus actividades de organización sindical. Por tal motivo urgimos al gobierno de El Salvador a realizar de manera inmediata una investigación pormenorizada de estos crímenes, llevando a los responsables, tanto a los autores materiales como a los intelectuales, ante la justicia.

Atentamente,

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Arvind Ganesan
Director
Programa de Negocios y Derechos Humanos
Human Rights Watch