El juicio previsto en Cuba contra un invidente abogado de derechos humanos, junto con otros nueve disidentes y periodistas independientes, acusados de desacato a la autoridad, demuestra un patrón continuo de represión política.

Juan Carlos González Leiva, un abogado invidente, es el presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. Tanto él como la mayoría de los acusados llevan más de dos años en prisión provisional en la provincia oriental de Holguín.

"El próximo juicio es una farsa", señaló Joanne Mariner, subdirectora de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Los acusados se enfrentan a cargos penales que violan claramente su derecho fundamental a la libertad de expresión".

Los acusados fueron detenidos el 4 de marzo de 2002 en el Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila (una ciudad del centro de Cuba), y detenidos sin cargos formales durante seis meses. Según se ha informado, ahora están siendo enjuiciados por desacato al Presidente, desacato a la policía, desorden público y resistencia a la autoridad.

Entre los acusados hay siete activistas políticos (Lázaro Iglesias Estrada, Enrique García Morejón, Antonio Marcelino García Morejón, Delio Laureano Requejo Rodríguez, Virgilio Mantilla Arango, Odalmis Hernández Márquez y Ana Peláez García) y dos periodistas independientes (Léxter Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera).

González Leiva, al parecer se enfrenta a una sentencia de seis años, mientras que el resto de los acusados pueden ser condenados a penas que oscilan entre dos y medio y siete años de prisión. El auto de procesamiento contra González Leiva, que ha conocido Human Rights Watch, señala que "no se encuentra integrado a las organizaciones de masas ni realiza ninguna actividad socialmente útil".

Los acusados fueron detenidos cuando visitaban a un periodista independiente que ingresó en el hospital al parecer por ataques de la policía ese mismo día, cuando se dirigía a una reunión de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. En el hospital, los miembros del grupo gritaron consignas como "Viva los derechos humanos". La policía de seguridad del Estado reaccionó con una dureza desproporcionada y arrestó al grupo. Según se informó, la policía golpeó a González Leiva en el momento del arresto, provocándole una cortada en la frente que requirió cuatro puntos de sutura.

La negación de los derechos civiles y políticos fundamentales está recogida en la legislación cubana. Una serie de disposiciones penales conceden al Estado poderes extraordinarios para enjuiciar a las personas que intenten ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, opinión, asociación y asamblea. Los tribunales nacionales también niegan a los acusados garantías procesales internacionalmente reconocidas, como el derecho a un juicio público por parte de un tribunal independiente e imparcial.

De acuerdo con el derecho cubano, el delito de desacato penaliza al que "amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes auxiliares." Dichas acciones son sancionables con tres meses a un año de prisión. Si la persona comete un desacato al Presidente, la sanción es de uno a tres años de privación de la libertad.

En marzo de 2003, la policía detuvo a numerosos disidentes políticos y otras personas cuyas ideas se consideraban "contrarrevolucionarias". A principios de abril, los tribunales cubanos habían sentenciado a 75 acusados-entre ellos personalidades destacadas como el poeta y periodista Raúl Rivero y Héctor Palacios, líder del movimiento pro democracia-a condenas de prisión de 6 a 28 años.

El 15 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra aprobó una resolución criticando las prácticas de Cuba en materia de derechos humanos. La resolución declara que la Comisión "lamenta los hechos ocurridos el año pasado en Cuba".

"Este inminente juicio continúa la tendencia represiva que estuvo de manifiesto durante el año pasado en Cuba", señaló Mariner.