Los individuos sospechosos de terrorismo jamás deben ser regresados a un país en el cual corran el riesgo de ser torturados o maltratados. Las promesas de trato justo por parte de estados con un historial de tortura son inherentemente poco confiables y los gobiernos que justifican dichos regresos aludiendo a esas promesas, conocidas como "garantías diplomáticas," están violando la prohibición absoluta contra la tortura y erosionando un principio fundamental del derecho internacional.

El reporte, "Promesas vacías: Las garantías diplomáticas no son una salvaguarda contra la tortura", documenta casos en los que algunos gobiernos regresaron o consideraron regresar sospechosos con base en esas garantías formales y plantea la preocupación de que, en algunos casos, aquéllos que fueron regresados fueron, en efecto, sometidos a tortura o malos tratos.

"Los regresos jamás deben tener lugar a menos que los gobiernos puedan estar absolutamente seguros de que no ocurrirán torturas," dijo Rachel Denber, directora ejecutiva en funciones de la División Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Los gobiernos no pueden cerrar los ojos cuando sucede que la víctima potencial está acusada de terrorismo y luego justificar los regresos en base a promesas poco confiables de países con un historial de tortura."

Los gobiernos de Austria, Canadá, Georgia, Alemania, Suecia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos han intentado regresar terroristas o sospechosos de atentar contra la seguridad nacional a países en los que la tortura es un problema extendido o sistemático, incluyendo Egipto, Filipinas, Rusia, Sri Lanka, Siria y Uzbekistán. Algunos de los individuos que han sido regresados han sido objeto de torturas o severos malos tratos a su regreso y de acuerdo con Human Rights Watch existe una fundada preocupación por la seguridad de muchos más.

En Europa y Canadá los tribunales han bloqueado en algunos casos el regreso de los sospechosos a pesar de las garantías diplomáticas de que estarían seguros, dictaminando que éstas daban insuficiente certeza contra la tortura; en otros casos, las decisiones sobre el regreso se encuentran aún pendientes.

En Europa y Canadá los tribunales han bloqueado en algunos casos el regreso de los sospechosos a pesar de las garantías diplomáticas de que estarían seguros, dictaminando que las garantías provistas daban insuficiente certeza contra la tortura; en otros casos, las decisiones sobre el regreso se encuentran aún pendientes.
Por muchos años los gobiernos europeos han confiado en las garantías diplomáticas de Estados Unidos de que no se aplicaría la pena de muerte a los sospechosos que extraditen. Pero las garantías diplomáticas contra la tortura representan una expansión de esta práctica internacional profundamente consternante.

"La pena de muerte, por más reprehensible que sea, es legal y comúnmente aplicada de manera pública," dijo Denber. "Pero la tortura es ilegal y se practica en secreto. Los gobiernos rutinariamente mienten sobre si están torturando personas o no y en algunas situaciones pueden ni siquiera tener los controles adecuados para garantizar la seguridad de los detenidos."

Entre los casos analizados en el reporte de 39 páginas está el regreso en diciembre de 2001, por parte del gobierno de Suecia, de dos egipcios que habían solicitado asilo. Las expulsiones tuvieron lugar después de que el gobierno de Egipto dio garantías diplomáticas de que los hombres no serían sometidos a tortura o sentenciados a muerte y de que recibirían un juicio justo.

Cuando regresaron, las autoridades egipcias los mantuvieron incomunicados cinco semanas. Cuando finalmente los diplomáticos suecos comenzaron a visitarlos, no se les permitió reunirse con ellos en privado — en algunas visitas estuvieron presentes hasta diez funcionarios. Las afirmaciones de sus parientes y otros que han tenido acceso a ellos, en cuanto a que fueron torturados y maltratados son verosímiles.

Sus parientes y otros que han tenido acceso a ellos han afirmado verosímilmente que fueron torturados y maltratados.
El gobierno de Egipto tampoco ha cumplido su promesa de un juicio justo. Uno de los hombres fue liberado sin cargos en octubre de 2003, tras una detención de casi dos años, mientras que el otro sigue en prisión tan sólo en base a una convicción in absentia dictaminada por un tribunal militar en 1999. Recientemente se ha ordenado un nuevo juicio, pero en un tribunal militar en el cual no se respetan las garantías de un juicio justo.

Otro caso es el de la detención por Estados Unidos de Maher Arar, un ciudadano tanto de Canadá como de Siria, cual regresó a Siria via Jordania a pesar de que había hecho explícito su miedo a ser torturado en Siria y de que repetidamente había solicitado ser regresado a Canadá. Antes de transferirlo, el gobierno de Estados Unidos obtuvo garantías diplomáticas del gobierno sirio de que Arar no sería torturado. Diez meses después, al ser liberado sin cargos de la custodia siria, Arar afirmó que había sido, en efecto, torturado repetidamente, con frecuencia con cables y cordones eléctricos, durante su confinamiento en una prisión siria.

"Los gobiernos tienen que encontrar una manera de enfrentar el terrorismo de un modo que no mine sus obligaciones fundamentales, incluyendo la obligación de no exponer gente al riesgo de tortura," dijo Denber. "Dado el historial de tortura de Siria, enviar a un sospechoso de terrorismo nunca iba a ser seguro. Casos como éste plantean la pregunta de si algunos gobiernos regresan gente con pleno conocimiento de que se usará tortura para extraer información y confesiones."

La prohibición contra regresar a una persona a un país en el que él o ella esté en riesgo de tortura o malos tratos es una norma fundamental del derecho internacional, expresada en muchos tratados. La prohibición es absoluta y no permite excepciones, sin importar el crimen del que la persona sea sospechosa.

"Promesas vacías" evalúa el enfoque del Relator Especial para la Tortura, del Comité contra la Tortura y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el uso de garantías diplomáticas. También detalla el uso de garantías diplomáticas en el derecho y la política europeos, revisando decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y varios tribunales nacionales en casos en los que se usaron garantías diplomáticas.

El reporte llama a los gobiernos a comprometerse a no usar las garantías diplomáticas para eludir la absoluta obligación de no regresar a una persona a un país en el que él o ella esté en riesgo de ser torturado o maltratado. Human Rights Watch también hace un llamado para que el uso de garantías diplomaticas sea declarado por definición inaceptable en circunstancias:

  • en las que la tortura y los malos tratos estén extendidos o sean sistemáticos en el país al que se va a regresar;
  • en las que los gobiernos no tengan control sobre las fuerzas que perpetran torturas, y
  • en las que el gobierno hostigue a los miembros de un grupo identificable con el cual la persona a la cual se amenaza regesar esté asociada.

Human Rights Watch recomienda que el Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura examine y establezca guías y criterios claros para el uso de garantías diplomáticas por los gobiernos con el propósito de que éstos se adhieran a su absoluta obligación de no exponer a ninguna persona al riesgo de ser torturada.