Dr. Alan García
Candidato Presidencial
Lima - PERU
Via Fax

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a usted en su calidad de candidato en las próximas elecciones presidenciales del Perú a celebrarse en los próximos dias. En estos dias decisivos para la transición democrática en el Perú, creo oportuno plantear a ambos candidatos algunos temas claves en materia de derechos humanos para conocer sus políticas y puntos de vista al respecto.

Human Rights Watch, organización no-gubernamental que vela por la protección de los derechos humanos en todo el mundo, ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en el Perú en las últimas dos decadas. Durante este período, Perú ha enfrentado graves y constantes desafíos a la integridad de sus instituciones democráticas. La comunidad internacional ha seguido con atención y optimismo los esfuerzos hechos por Perú en los últimos meses para reconstruir y fortalecer sus instituciones democráticas y lograr el pleno respeto a los derechos humanos, luego de un largo período de gobierno autoritario.

Recibimos con agrado las noticias sobre la firma por ambos candidatos presidenciales de un compromiso para establecer una Comisión de la Verdad encargada de esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el Peru entre mayo de 1980 y el 31 de diciembre de 2000. Apoyamos plenamente el compromiso asumido en el proyecto de Comisión de la Verdad de investigar y esclarecer tanto las atrocidades perpetradas por grupos insurgentes, dada la suma gravedad de aquellas, como las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Durante el gobierno que Ud. encabezó entre 1985 y 1990, miembros de las fuerzas armadas y de la policía cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos contra civiles en las zonas de conflicto, con total impunidad. Según una investigación reciente de la Defensoría del Pueblo, se produjeron en estos años alrededor de 1,600 desapariciones forzadas, cifra destacada en su momento como una de las más altas en el mundo por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas. Patrullas militares perpetraron ejecuciones extrajudiciales masivas, como la masacre de Accomarca (agosto de 1985) donde fueron acribillados entre cuarenta y sesenta y nueve campesinos; la masacre de Cayara (mayo de 1988) donde se produjeron alrededor de treinta muertos y decenas de desaparecidos; y la ejecución sumaria de más de 200 presos indefensos durante los motines carcelarios en Lurigancho, San Juan Bautista (El Frontón) y Santa Barbara, en 1986. Ninguno de estos graves episodios ha sido debidamente aclarado por los tribunales y los responsables procesados y condenados. La impunidad se impuso gracias al traspaso de las investigaciones a tribunales militares que no ofrecían garantías de imparcialidad, quedando los autores sin condenas o imponiéndose condenas leves a oficiales de menor rango. Hubo, además, una marcada actitud de tolerancia por parte de altos funcionarios de su gobierno y del partido gobernante, el APRA, frente a abusos gravísimos, llegando a la descalificación de fiscales que investigaron los hechos y la exoneración, a raiz de acuerdos políticos, de toda culpa de los militares y funcionarios implicados. Incluso, varios altos oficiales de las fuerzas armadas, señalados como responsables por comisiones nombradas por el Congreso para investigar los hechos, fueron luego ascendidos.

Por ejemplo, en el caso de Lurigancho, el Consejo Supremo de Justicia Militar exculpó a varios altos militares y funcionarios de su gobierno, entre ellos al Gen. Jorge Rabanal Portilla, quien estuvo a cargo de la operación militar cuestionada y al Vice-Ministro del Interior de entonces, Agustín Mantilla, sin que se investigara su responsibilidad en los hechos. En la masacre de Accomarca, a pesar de que un tribunal militar condenara al principal responsable, el subteniente del ejército Telmo Hurtado Hurtado, a seis años de carcel por "abuso de autoridad," siguió en actividad durante todo el proceso y luego fue ascendido a mayor, tal como se comprobó en una investigación hecha en 1999 por el Instituto de Defensa Legal.

Otros crímenes no esclarecidos o sancionados incluyen el asesinato en noviembre de 1988 de Hugo Bustíos, periodista de la revista Caretas, mientras investigaba una denuncia por violaciones a los derechos humanos en Huanta. En este caso, como en muchos otros, testigos del crimen recibieron graves amenazas, situación que entrabó la investigación y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las comisiones parlamentarias encargadas de investigar las matanzas acontecidas durante el gobierno que Ud. presidió se dividieron a menudo en función de lealdades políticas. Aquellos comisionados que pertencían al APRA, el partido del gobierno, terminaron exculpando a todo funcionario de gobierno cuestionado, como también a militares de alto rango. Un caso emblemático de tal parcialidad fue el encumbrimiento por la llamada Comisión Melgar de la responsibilidad que cabía al Gen. José Valdivia Dueñas y una patrulla del ejército en la masacre de Cayara. Nueve testigos fueron asesinados por haber entregado su versión de los hechos y el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Alberto Escobar, fue hostilizado por las fuerzas armadas hasta que se vió obligado a buscar asilo político en los EE.UU. En noviembre de 1990 el General Valdivia fue ascendido.

Durante el gobierno del Presidente Fujimori la impunidad de facto se convirtió en impunidad de jure mediante dos leyes de amnistía promulgadas en 1995, imposibilitando a los tribunales cumplir con su deber de esclarecer estos crímenes y procesar y condenar a los responsables.

En relación con estos graves hechos, me permito formularle respetuosamente las siguientes tres preguntas:

1. ¿Si fuera elegido Presidente del Perú, se compromete a adoptar la legislación necesaria para que todo proceso que implique violaciones a los derechos humanos, incluso aquellas cometidas en el pasado, se ventile únicamente en tribunales civiles, y no militares?

2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fallo sobre el caso Barrios Altos ha señalado que las leyes de amnistía promulgadas en 1995 por el Presidente Fujimori violan los arts. 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y carecen de efectos jurídicos. ¿Propondría Ud. legislación para anular dichas leyes, con el fin de asegurar que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su mandato como Presidente sean debidamente investigadas y sancionadas?

3. ¿Está Ud. dispuesto a rechazar categóricamente la impunidad? ¿Descarta Ud. la introducción de cualquier iniciativa legislativa cuyo propósito sea limitar el derecho de los familiares u organizaciones de la sociedad civil a interponer recursos en los tribunales penales o civiles en relación con violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado? ¿Rechaza Ud. cualquier medida destinada a coartar las facultades de los tribunales para investigar tales denuncias y sancionar a los responsables?

Le agradezco mucho su atención a estos importantes asuntos y sus respuestas a las preguntas formuladas en esta carta.

Atentamente,

Dr. José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo