Reportes

El informe de 52 páginas, “‘El mar se está comiendo la tierra debajo de nuestras casas: Ante el hacinamiento y la subida del nivel del mar, una comunidad indígena planea su reubicación”, documenta por qué la comunidad de Gardi Sugdub decidió reubicarse y cómo los retrasos del gobierno y el apoyo incompleto a la reubicación han paralizado el traslado y dejado a la comunidad en el limbo. (En este enlace puede leer el resumen y nuestras recomendaciones. El informe completo se dará a conocer en los próximos días.) Human Rights Watch constató que, si bien algunos aspectos del apoyo del gobierno panameño y del Banco Interamericano de Desarrollo a la comunidad han sido ejemplares, se necesitan medidas urgentes para garantizar el respeto por los derechos de los miembros de la comunidad en la reubicación.

El informe de 117 páginas, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú. Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas.

El informe de 99 páginas, “‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”, documenta detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos. El desmantelamiento de la independencia judicial realizado por el presidente Nayib Bukele desde que asumió la presidencia a mediados de 2019 facilitó estas violaciones de derechos humanos.

El informe de 40 páginas, “Programa para la acción: Procesos alternativos de negociación de un tratado sobre robots asesinos” se publica como una colaboración entre Human Rights Watch y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard. Propone que los países inicien un proceso para la formulación de un tratado sobre la base de modelos de desarme humanitario anteriores, como por ejemplo, para el tratado que prohíbe las municiones en racimo.

En el informe de 42 páginas, ‘“Solo queremos salir adelante’: Necesidad de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador”, se expone la discriminación generalizada que experimentan las personas trans debido a la discrepancia que existe entre su género y sus documentos de identidad. Los investigadores se centraron en la discriminación en cuatro áreas principales: salud, empleo, votación y gestiones bancarias. Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS concluyeron que la falta de documentos precisos, lo cual a menudo se combina con prejuicios hacia las personas trans, obstaculiza de manera grave la posibilidad de las personas trans de efectivizar estos derechos.

El informe de 37 páginas, “Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba” documenta un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y tortura. La represión del gobierno y su falta de interés por abordar las causas subyacentes que llevaron a los cubanos a las calles, incluyendo el acceso limitado a alimentos y medicamentos, han generado una crisis de derechos humanos que ha causado un aumento drástico en el número de personas que huyen del país.

En el documento de 28 páginas titulado “‘They Treat You Like You Are Worthless’: Internal DHS Reports of Abuses by US Border Officials” (“‘Te tratan como si no valieras nada’: Informes internos del DHS sobre abusos por funcionarios fronterizos de EE. UU.”), se detallan informes internos presentados por funcionarios de asilo en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) sobre la conducta de miembros del personal en las áreas de control migratorio que dependen del mismo organismo, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS). Aunque presentan numerosas partes censuradas, los informes, que Human Rights Watch pudo obtener después de iniciar acciones legales en el marco de la Ley sobre Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), incluyen acusaciones de abuso físico, sexual y verbal, violaciones del debido proceso, condiciones de detención severas, denegación de atención médica y trato discriminatorio en la frontera o en sus proximidades.

El informe de 128 páginas, “‘¿Por qué quieren hacerme sufrir otra vez?’: El impacto de los procesos por aborto en Ecuador” documenta las vastas consecuencias perniciosas que ocasionan estas leyes en Ecuador, y que tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, impedir que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales y menoscabar otros esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva. Las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos a la confidencialidad médica y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad. Los procesamientos afectan no solo a mujeres que desean poner fin a un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención posterior al aborto de manera urgente.

El informe de 38 páginas, titulado “Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua”, concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre de 2021 parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del Presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Entre el 2 y el 20 de junio, las autoridades nicaragüenses detuvieron e iniciaron procesos penales arbitrarios contra cinco de los principales precandidatos presidenciales opositores y al menos otros nueve reconocidos críticos del gobierno.

El informe de 136 páginas, “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, documenta casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como las graves deficiencias en los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes. Más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El informe de 111 páginas, “‘Como si me estuviera ahogando’: el programa estadounidense ‘Permanecer en México’ perjudica a niños, niñas y familias”, es una investigación conjunta de Human Rights Watch, el Programa de Derechos Humanos y Trauma de Salud Mental de la Universidad de Stanford y la Clínica de Defensa Familiar e Infantil de la Universidad de Willamette. Los niños y adultos entrevistados describieron haber sido agredidos sexualmente, secuestrados a cambio de un rescate, extorsionados, robados a punta de pistola y sometidos a otros delitos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes de Estados Unidos (MPP, por sus siglas en inglés), conocido como el programa “Permanecer en México”. En muchos casos, dijeron que estos ataques ocurrieron inmediatamente después de que las autoridades estadounidenses los enviaran a México para esperar las audiencias de los tribunales de inmigración estadounidenses sobre sus solicitudes de asilo, o cuando regresaban de las audiencias. Testigos aseguraron que agentes de inmigración o policías mexicanos cometieron algunos de estos delitos.