(New York) – Los líderes mundiales no han adoptado posturas firmes para proteger los derechos humanos durante 2023, un año en el que se han vivido algunas de las peores crisis y desafíos de los últimos tiempos, con consecuencias mortales, afirmó hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2024. Los gobiernos deberían dejar de involucrarse en la diplomacia transaccional y hacer todo lo posible para defender los principios universales de derechos humanos.
El renovado conflicto armado entre el gobierno israelí y Hamás causó un sufrimiento terrible, al igual que los conflictos en Ucrania, Myanmar, Etiopía y el Sahel. El año 2023 fue el más caluroso desde que comenzaron los registros mundiales en 1880 y la avalancha de incendios forestales, sequías y tormentas provocaron estragos en comunidades desde Bangladesh hasta Libia y Canadá. La desigualdad económica aumentó en todo el mundo, al igual que la ira por las decisiones políticas que han arrastrado a tantas personas a la necesidad de luchar por sobrevivir.
“El sistema internacional del que dependemos para proteger los derechos humanos está amenazado en la medida en que los líderes mundiales cierran los ojos cuando se violan los principios universales de los derechos humanos”, afirmó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch. “Cada vez que un país pasa por alto estos principios universales y globalmente aceptados, alguien paga un precio, y ese precio, a veces, es la vida de las personas”.
La 34.a edición del Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, de 740 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva Tirana Hassan señala que 2023 fue un año con fuertes implicancias no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino además por el ejercicio de la diplomacia transaccional y la indignación selectiva que manifestaron algunos gobiernos, lo cual conllevó costos profundos para los derechos de quienes se encontraban fuera de estos acuerdos. Pero señala que también hubo destellos de esperanza, que muestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a respetar de manera congruente sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Los dobles estándares de los gobiernos al aplicar el marco de derechos humanos no solo ponen en riesgo innumerables vidas, sino que también socavan la confianza en las instituciones responsables de hacer cumplir y proteger los derechos, afirmó Human Rights Watch. Cuando los gobiernos condenan abiertamente los crímenes de guerra del gobierno israelí contra civiles en Gaza pero guardan silencio ante los crímenes contra la humanidad del gobierno chino en Xinjiang, o exigen un procesamiento internacional por los crímenes de guerra rusos en Ucrania mientras socavan la rendición de cuentas por los abusos estadounidenses en Afganistán, debilitan la creencia en la universalidad de los derechos humanos y la legitimidad de las leyes diseñadas para protegerlos.
A los gobiernos les ha resultado más fácil ignorar los problemas de derechos humanos en el ámbito internacional, en parte porque las violaciones de derechos humanos en sus propios países no han sido cuestionadas por la comunidad internacional, afirmó Human Rights Watch.
Las crisis humanitaria y de derechos humanos han llevado a muchos a cuestionar la eficacia del marco de derechos humanos, cuando los gobiernos abusivos pueden beneficiarse del tibio respaldo a un enfoque de derechos por parte de gobiernos más democráticos y respetuosos de los derechos, afirmó Human Rights Watch. Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de base y las personas defensoras de los derechos humanos pueden ayudar a restablecer el marco de derechos humanos como hoja de ruta para construir sociedades prósperas e inclusivas.
Muchos gobiernos que condenaron los crímenes de guerra de Hamás se han mostrado reservados a la hora de responder a los cometidos por el gobierno israelí. La renuencia a denunciar los abusos del gobierno israelí se debe a la negativa de Estados Unidos y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea a instar al fin del cierre de Gaza, impuesto por el gobierno israelí durante 16 años.
Los compromisos en materia de derechos humanos en nombre de la política son evidentes cuando muchos gobiernos no se pronuncian sobre la intensificación de la represión por parte del gobierno chino. La persecución cultural y la detención arbitraria de un millón de uigures y otros musulmanes turcos por parte de las autoridades chinas equivalen a crímenes contra la humanidad, pero muchos gobiernos, incluso en países predominantemente musulmanes, guardan silencio.
En Sudán, que se sumió en un conflicto armado en abril de 2023 cuando los dos generales sudaneses más poderosos se enfrentaron por el poder, las Naciones Unidas no han logrado detener los abusos masivos contra civiles, sobre todo en la región de Darfur. El Consejo de Seguridad de la ONU cerró su misión política en Sudán ante la insistencia del gobierno sudanés, poniendo fin a lo poco que quedaba de la capacidad de la ONU en el país para proteger a los civiles e informar públicamente sobre la situación de los derechos. Tampoco ha hecho casi nada para abordar la intransigencia del gobierno sudanés en la cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI).
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha mostrado poco interés en responsabilizar a los violadores de los derechos humanos que son clave para su agenda nacional o aquellos en la esfera de influencia de China. Los aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita, India y Egipto continúan violando masivamente los derechos de sus ciudadanos.
La UE ha eludido sus obligaciones en materia de derechos humanos, devolviendo a solicitantes de asilo y migrantes a otros países o haciendo acuerdos con gobiernos abusivos como Libia y Turquía para mantener fuera a los migrantes. Los gobiernos democráticos de la región de Asia-Pacífico, incluidos Japón, Corea del Sur y Australia, consistentemente relegan los derechos humanos en nombre de garantizar alianzas militares y comerciales.
Bajo el primer ministro Narendra Modi, la democracia de India se ha deslizado hacia la autocracia, con las autoridades apuntando a las minorías, endureciendo la represión y desmantelando las instituciones independientes.
En Túnez, el presidente Kais Saied ha eliminado los controles y contrapesos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha manipulado los altos niveles de delincuencia para aplicar medidas de seguridad con el fin de hacerse con el poder y consolidarlo. En Bangladesh, el gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina ordenó el arresto de más de 10.000 líderes y partidarios de la oposición antes de las elecciones de enero de 2024.
Pero así como estas amenazas están interconectadas, también lo está el poder del marco de derechos humanos para proteger la libertad y la dignidad de las personas.
En una decisión histórica en noviembre, la Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno sirio prevenir la tortura y otros abusos. El parlamento japonés aprobó su primera ley para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de una “discriminación injusta”. En México, una coalición de la sociedad civil convenció al Congreso para que aprobara una ley que estableciera la plena capacidad jurídica, beneficiando a millones de personas con discapacidad y personas mayores.
En marzo, la CPI emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y su comisionado para los derechos del niño por crímenes de guerra relacionados con el traslado forzoso de niños y niñas desde territorios ocupados de Ucrania a Rusia. La Corte Suprema de Brasil ratificó todos los derechos de todos los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, una de las barreras más efectivas contra la deforestación en la Amazonía.
Y en noviembre, el tribunal más alto del Reino Unido determinó por unanimidad que Ruanda no es un tercer país seguro para enviar a solicitantes de asilo, anulando un acuerdo que efectivamente trasladaba las responsabilidades de asilo del Reino Unido a Ruanda.
“Las crisis de derechos humanos en todo el mundo ponen en evidencia la urgencia de que los gobiernos respeten, en todas partes, los principios de larga data y mutuamente acordados del derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó Hassan. “La diplomacia basada en principios, en la cual los gobiernos asignan un lugar central a sus obligaciones de derechos humanos en las relaciones que mantienen con otros países, puede influir para contrarrestar conductas opresivas y tener un impacto significativo para las personas cuyos derechos estén siendo violados”.
