(Berlín) – El gobierno serbio debería dejar sin efecto de inmediato la prohibición de los eventos relacionados con EuroPride programados para septiembre de 2022 en Belgrado, señaló hoy Human Rights Watch. En vez, las autoridades deberían trabajar con los organizadores para asegurarse de que haya suficiente seguridad para los participantes.
El presidente Aleksandar Vucic anunció el 27 de agosto que el gobierno cancelaría EuroPride, un evento regional que promueve los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) y que se iba a desarrollar en Serbia del 12 al 18 de septiembre, incluida una marcha el 17 de ese mes. Vucic reconoció que la decisión representa una “violación de derechos de las minorías”, pero justificó la medida en que organizaciones de derecha habían amenazado con impedir el normal desarrollo del evento, así como la intensificación de las tensiones con Kosovo en la frontera. La primera ministra Ana Brnabic, que es la primera mujer en ocupar esa función y también es lesbiana, apoyó la cancelación de las actividades y señaló que “la primera cuestión inviolable es asegurar la paz y la estabilidad en el país”.
“La decisión del gobierno serbio de cancelar EuroPride representa una concesión vergonzosa, y un aval implícito, a la intolerancia y las amenazas de violencia ilegítima”, expresó Graeme Reid, director del programa de Derechos de las Personas LGBT de Human Rights Watch. “Las protestas en las calles por parte de organizaciones de extrema derecha y entidades religiosas ya se han llevado a cabo. Ahora Serbia tiene la obligación de garantizar la seguridad y la dignidad de quienes participen en EuroPride”.
El anuncio gubernamental se produjo luego de que, el 27 de agosto, miles de personas se manifestaran en Belgrado contra los eventos de EuroPride, con premisas como “salvemos a nuestros hijos y a nuestra familia”.
Los organizadores han indicado que no han recibido una notificación formal de la prohibición y que tienen previsto llevar a cabo el evento según lo programado. “El presidente Vucic no puede cancelar el evento de un tercero”, explicó Kristine Garina, presidenta de la Asociación de Organizadores del Orgullo Europeo. “EuroPride no ha sido cancelado y no será cancelado. Durante el proceso de licitación para EuroPride 2022, la primera ministra Brnabic prometió que el evento contaría con el pleno apoyo del gobierno serbio... y esperamos que esa promesa se cumpla”.
La copresidenta del Intergrupo LGBTI del Parlamento Europeo ha manifestado que asistirá al evento pese a la cancelación de Vucic. Diversas organizaciones de la sociedad civil serbia indicaron a fines de agosto que se proponen apelar cualquier prohibición en la justicia. Vucic respondió a las críticas señalando, sin dar precisiones, que el gobierno hará cumplir la prohibición: “Si un encuentro se prohíbe, entonces será prohibido. No hay margen para juegos con las decisiones del Estado”.
Después de prohibir eventos relacionados con el Orgullo entre 2011 y 2013, el gobierno serbio ha permitido que haya desfiles en Belgrado desde 2014, que se han desarrollado de manera pacífica. La justificación que plantean las autoridades serbias para cancelar EuroPride 2022 son llamativamente similares a los argumentos que invoca Rusia al prohibir marchas de personas LGBT alegando que podrían dar lugar a enfrentamientos violentos con contramanifestantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos invalidó ese argumento en el caso Alekseyev v. Russia en 2010 y estableció que constituye una violación del derecho de reunión pacífica.
Al rechazar el argumento del gobierno ruso, el tribunal reiteró que “no existe ambigüedad” con respecto “al derecho de las personas a identificarse abiertamente como gais, lesbianas u otras minorías sexuales, y a promover sus derechos y libertades, en particular ejerciendo su libertad de reunión pacífica”. El tribunal destacó que, al negar al activismo por los derechos de las personas LGBT la posibilidad de ejercer el derecho de reunión pacífica, “en los hechos las autoridades avalaron las intenciones de las personas y organizaciones que, de manera clara y deliberada, se proponían perturbar una manifestación pacífica violando la ley y el orden público”.
En vez de prohibir manifestaciones porque existen terceros que amenazan el orden público, las autoridades deberían estar cumpliendo su función de asegurar que la policía proteja a manifestantes pacíficos que ejercen su derecho a la libertad de reunión, explicó Human Rights Watch. Conforme a lo establecido por la jurisprudencia de derechos humanos sobre marchas relacionadas con el orgullo, las autoridades de seguridad pública deberían recordar que están allí para proteger a quienes participan en el evento.
Como miembro del Consejo de Europa, Serbia debería ceñirse a las normas del Consejo para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, lo que incluye que los Estados Miembros aseguren la libertad de reunión pacífica sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Las normas del Consejo de Europa también indican que los gobiernos no deben hacer un uso indebido de las disposiciones administrativas para imponer restricciones a la libertad de expresión y reunión por razones de salud pública, moral pública y orden público.
El artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Serbia ratificó en 2001, protege de manera expresa el derecho de reunión pacífica. En un informe elaborado en 2016, el Relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación precisó que “[l]a incapacidad del Estado de proteger a los participantes en manifestaciones pacíficas de fundamentalistas violentos que se opongan a la manifestación, por ejemplo, constituye una violación del derecho a la libertad de reunión pacífica”. El relator especial señaló que el gobierno “tiene una obligación positiva de proteger a las personas que ejercen su derecho a reunirse pacíficamente, aun cuando estén promoviendo posiciones impopulares (p. ej., derechos de las personas LGBTI o de personas que pertenecen a una religión minoritaria)”.
En un informe de 2022, el relator subrayó que “[l]as manifestaciones han sido especialmente importantes para facilitar la participación de estos grupos, como los jóvenes, las minorías étnicas, raciales y de otro tipo, las mujeres, los niños, las personas LGBTQI+ y otras comunidades marginadas y grupos de víctimas... Cuando los Estados adoptan enfoques hostiles y centrados en la seguridad frente a las manifestaciones, en lugar de celebrarlas como parte importante de la vida democrática, el resultado suele ser la agravación de las crisis subyacentes”.
“En vez de complacer con un criterio oportunista a grupos antiderechos, las autoridades serbias deberían trabajar con los organizadores de EuroPride para que el evento sea más seguro y para garantizar el derecho de reunión pacífica”, apuntó Reid. “Las amenazas a la dignidad y los derechos de las personas LGBT deberían provocar una reacción enérgica por parte del gobierno. Cancelar un evento regional es la decisión más desacertada”.
